Antonio Mendiola Molina

Expediente 185/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
185/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Antonio Mendiola Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la quejosa exhibió el billete de depósito número N 789695, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M. N.), a fin de garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados, dado que es innecesario que dicho documento de valor continúe a disposición de este juzgado, se previene a la quejosa para que comparezca a este recinto judicial a recoger debidamente endosado el referido certificado de depósito, previa identificación oficial y firma de recibido que otorgue en autos, para constancia legal; en el entendido de que únicamente se hará entrega del mismo a la referida quejosa o a quien acredite tener poder específico para esos efectos; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, se declarará prescrito su derecho a reclamarlo y se mandará hacer efectivo a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  3. Incidental

    Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual informa que el quejoso Antonio Mendiola Molina compareció ante dicha autoridad bajo los efectos de la suspensión provisional a rendir su declaración preparatoria dentro de la causa penal 45/2016-III, de la cual deriva el acto que aquí se reclama, de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, con sede Zihuatanejo, Guerrero, por el cual informa que el veinte de marzo del año en curso dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Antonio Mendiola Molina en autos de la causa penal 45/2016-III instruida en su contra por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de la menor Emily Gabriela Mendiola Hernández, y al efecto anexa copia certificada de dicha resolución, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la citada determinación. En relación con dicho acto, sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impide resolver el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, en contra del promovente del amparo, dentro de la causa penal número 46/2016-III, y de acuerdo a la copia certificada remitida por dicha autoridad responsable dicha orden de aprehensión, efectivamente, fue librada en su contra el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por el delito de incumpliento de la obligación alimentaria, en agravio de la menor Emily Gabriela Mendiola Hernández, y el veinte de marzo del presente año, le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el veintidós de febrero del año en curso, mientras que el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado en contra de la parte promovente del amparo data del veinte de marzo del presente año. En ese tenor, es claro que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó a la parte quejosa auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, tomando en consideración que los efectos de dicha resolución es que se libere al inculpado en virtud de que los datos reunidos en la averiguación previa no bastaron para acreditar el cuerpo del delito, misma que no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal del Estado, se pueden allegar datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de aprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que la parte quejosa aduce. En ese orden de ideas, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la sola emisión del auto de libertad por falta de elementos para procesar implica que la libertad del peticionario de amparo se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional, sin afectar la nueva situación derivada del citado auto de libertad, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que obran en autos, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras en razón de que no les fueron reclamados por vicios propios. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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