Antonio Maccagnan Pini
Expediente 3/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 27/10/2015
Partes del expediente
- Antonio Maccagnan Pini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama que remite la delegada de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, con el que acusa de recibo el oficio 32782 de fecha nueve de septiembre del presente año, proveído con el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, e informa que fue recibido el quince de ese mismo mes y año, circunstancia de la cual la suscrita queda enterada. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de nueve de septiembre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 32782, de nueve de septiembre del año en curso, dirigido a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual se le hizo de su conocimiento que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, requiérase vía telegráfica a la referida autoridad, para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo por la misma vía del citado oficio, señalando expresamente la fecha de recepción del mismo; lo anterior, con el objeto de estar en aptitud de emitir el acuerdo correspondiente.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por Agustín Franco Acosta, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, se expiden copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el aviso de diez de septiembre de dos mil quince dejado en el domicilio del tercero interesado y se notifica por lista el auto que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los números de folio 22654 (foja 204) y 22771 (fojas 208 a 343), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando una de las partes haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables en lo que interesa al 1. Juez Tercero de Primera Instancia Penal de esta ciudad, y 2. Director del Centro de Reinserción Social, ambas con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: [.] "La inconstitucionalidad del artículo 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, con motivo de su aplicación al momento de su detención en flagrancia delictiva. El auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, dentro de la causa penal 146/2008, del índice del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, así como su ejecución." [...] Ahora bien, mediante resolución de veinticuatro de julio del año en curso, pronunciada por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: [.] "lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de Ensenada, Baja California: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, en contra del quejoso, dentro de la causa penal 146/2008; 2) Dicte otra resolución debidamente fundada y motivada en la que resuelva sobre la situación jurídica de Antonio Maccagnan Pini, reiterando las consideraciones que le sirvieron de base para estimar que se acreditan los elementos del cuerpo de los delitos de terrorismo y extorsión en grado de tentativa; y 3) Con libertad de jurisdicción, resuelva en el mismo sentido o en uno diverso, desincorporando de su esfera jurídica el artículo 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, declarado inconstitucional; es decir, al no haber sido legal la detención del inculpado, por lo que hace al estudio de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, deberá prescindir de las probanzas que han sido declaradas inválidas. Pruebas que se indican a continuación: a) declaración ministerial del indiciado de catorce de marzo de dos mil ocho; b) diligencia de identificación de voz a través de grabación de quince de marzo de dos mil ocho; y c) diligencia de reconocimiento de persona a través de video, también de quince de marzo de dos mil ocho Concesión de amparo que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los números de folio 22654 (foja 204) y 22771 (fojas 208 a 343), la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, informó que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues emitió un proveído de veinticuatro de agosto del dos mil quince, así como una resolución de veinticinco siguiente, dentro de la causa penal 146/2008 de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante proveído de veinticuatro de agosto del dos mil quince (foja 204), emitido dentro de la causa penal 146/2008 de su índice, dejó insubsistente el auto de término constitucional de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, y con libertad de jurisdicción emitió una nueva resolución el veinticinco posterior (fojas 212 a 343), en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, reiteró las consideraciones que le sirvieron de base para estimar que se acreditan los elementos del cuerpo de los delitos de terrorismo y extorsión en grado de tentativa, desincorporando de su esfera jurídica el artículo 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California; asimismo, prescindió de las siguientes pruebas: - Declaración ministerial del indiciado de catorce de marzo de dos mil ocho; - Diligencia de identificación de voz a través de grabación de quince de marzo de dos mil ocho; y - Diligencia de reconocimiento de persona a través de video, también de quince de marzo de dos mil ocho. Por lo que, se estima que en dicha resolución, la autoridad responsable expresó las razones que tomó en cuenta para dictar auto de formal prisión al aquí quejoso, por los delitos de terrorismo y extorsión en grado de tentativa, con lo que purgó los vicios formales que afectaban a la misma. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, la resolución materia del acto reclamado, lo que incluye desde luego todos los efectos y consecuencias de la misma, y al haber emitido una nueva subsanando las deficiencias señaladas en el fallo protector, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, quedó subsanada. En otro aspecto, respecto a las manifestaciones realizadas por el peticionario de amparo en el escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, que en esencia aduce, que al haber sido ilegal la detención del ahora quejoso, la autoridad responsable al momento de resolver la situación jurídica debió ordenar la libertad del inculpado; máxime que si bien es verdad desincorporo del acto reclamado la aplicación del artículo 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California y prescindió de las pruebas que le fueron señaladas en la ejecutoria de amparo, no existe base legal para sostener por cumplida la ejecutoria de que se trata. Contrario a lo expresado por el quejoso, dichos argumentos se apartan del núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, en la que expresamente se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejará insubsistente el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 146/2008, y emitiera otra debidamente fundada y motivada en la que resolviera la situación jurídica del ahora quejoso, reiterando las consideraciones que le sirvieron de base para estimar que se acreditan los elementos del cuerpo de los delitos de terrorismo y extorsión, y con libertad de jurisdicción resolviera en el mismo o en diverso sentido, desincorporando la aplicación del precepto legal 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado y prescindiendo de los medios de prueba mencionados en la ejecutoria de amparo. De ahí que los planteamientos que pretende sean analizados en el presente cumplimiento, se apartan de los efectos para los cuales se concedió la protección, pues si bien es cierto que se establecieron lineamientos para cumplir en determinado sentido, también lo es que la autoridad responsable conservó su potestad gubernativa en las funciones de su competencia, pues a pesar de que en la sentencia de amparo se le concedido plenitud de jurisdicción, lo cierto es que el acto que emitió en cumplimiento a dicha determinación fue con apego a los lineamientos contenidos en la propia sentencia; es decir, el acto que se emitió con motivo del cumplimiento fue acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goza de un amplio margen de discrecionalidad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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