Antonio Maccagnan Pini

Expediente 84/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
84/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
05/06/2017

Partes del expediente

  • Antonio Maccagnan Pini

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, cinco de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo de diverso 749/2017, del índice de este Juzgado.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veinticuatro de abril del año en curso, informa que a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada *********, dejó de ser titular del extinto Juzgado Primero Penal, ahora Juzgado Único de Primera Instancia Penal, y se nombró como nueva titular a ********, quien continuará conociendo de la causa penal ******* de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del oficio de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, el quejoso ********, promovió demanda de amparo contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: "La resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, por medio de la cual se dictamina improcedente la recusación de la Lic. *******, Juez Primero de Primera Instancia Penal en Ensenada, B.C. promovida por el hoy quejoso en la causa penal ***** por medio de un escrito recibido por el juzgado en question (sic) con fecha 10 de noviembre de 2016." Sin embargo, como puede apreciarse del informe rendido por la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, se desprende que a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la licenciada ******, dejó de ser titular del extinto Juzgado Primero Penal, ahora Juzgado Único de Primera Instancia Penal, y se nombró como nueva titular a *****, quien continuará conociendo de la causa penal ****** de su índice. En esas condiciones, si el quejoso estima inconstitucional la resolución de la sala que declaró improcedente la recusación planteada en contra de la entonces Juez Primero Penal del Partido Judicial de Ensenada, Licenciada ******; empero, al haber sido removida de su cargo y encontrarse como titular la Juez Martha Flores Trejo, resulta evidente que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado, al no existir materia para resolver; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    Visto el estado de autos, con fundamento el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Juez Primero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que tenga conocimiento del presente proveído, informe si a la fecha, la Juez ******, continúa como juzgadora conociendo de la causa penal ********, instruida en contra de *******, por los delitos de *******; lo anterior, en virtud de que dicha información resulta necesaria para resolver el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido o no manifestar el impedimento legal que le asiste para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Tesis I.16o.A.10 K (10a.) sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Libro 33, de Agosto 2016, página 2684, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA REQUERIR LAS QUE NO OBREN EN EL SUMARIO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES PARA QUE CUENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE ESTIME NECESARIOS PARA EMITIR SU SENTENCIA. Conforme al párrafo primero del artículo mencionado, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no deben admitirse ni tomarse en consideración las pruebas que no se hubieran rendido ante dicha autoridad. Por su parte, acorde con su tercer párrafo, tratándose del juicio de amparo indirecto, el órgano jurisdiccional debe recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, de lo que deriva la facultad del Juez de Distrito de allegarse de dichas pruebas cuando advierta que requiere de documentos diversos a los que obran en el sumario; sin embargo, esa facultad le fue otorgada para que pueda contar con todos los elementos que estime necesarios para emitir su sentencia, no para pronunciarse en relación con la procedencia inicial de una demanda de amparo, pues el referido numeral es claro en señalar que las documentales que debe allegarse el juzgador son para emitir la resolución del asunto, y no en otro sentido. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 75, párrafo tercero, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona, que prioriza la interpretación más favorable al gobernado pues, de otra manera, se coartaría la oportunidad del quejoso de conocer las pruebas con base en las cuales el juzgador se pronunciaría respecto a la procedencia de la instancia constitucional intentada."

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