Antonio Lopez Osorio

Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Antonio Lopez Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que no se formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se resolvió otorgar el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: "(.) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia -de no haberlo hecho- dicte el laudo en el expediente laboral 1399/2019 de su índice, en el sentido que conforme a derecho corresponda." El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicho fallo protector por lo que se requirió el cumplimiento del mismo. Asimismo, en proveído de veintiocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio de la responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el que comunicó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para acreditar su dicho adjuntó copia certificada del laudo de veintitrés de marzo de la anualidad que transcurre, emitido dentro del expediente laboral 1399/2019 de su índice. En ese contexto, del análisis de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que fueron atendidos los efectos del fallo protector, pues la autoridad responsable dictó el laudo respectivo como se precisó en el párrafo anterior. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual informa la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remite copia certificada del laudo emitido el veintitrés de marzo del año en curso, en el expediente laboral 1399/2019 de su índice. Asimismo, con las constancias recibidas en esta fecha, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a las autoridades responsables Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y el Presidente adscrito a la misma, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "(.) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia -de no haberlo hecho- dicte el laudo en el expediente laboral 1399/2019 de su índice, en el sentido que conforme a derecho corresponda." Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia de que, las responsables se encuentran constreñidas a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Se hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Ivan Valdes Gómez, que da fe.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 116/2023-I-A; promovido por Antonio López Osorio; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Antonio López Osorio, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad y acto que se precisan a continuación: "III.-LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. B).- EL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINEVE DE LA FEDERAÑ DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.-LA NORMA GENERAL , ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La NEGATIVA de las responsables de cumplir con lo dispuesto en los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, ya que habiendo transcurrido en exceso el tiempo establecido por los preceptos legales antes invocados, y a la fecha, la responsable NO HA DICTADO EL LAUDO RESPECTIVO, y toda vez que dicha omisión viola en mi perjuicio lo establecido por los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, que salvaguarda los principios de imparcialidad, prontitud, fundamentación y motivación en el procedimiento, dentro del juicio laboral que lleva como rubro "LOPEZ OSORIO ANTONIO VS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" Expediente número 1399/2019. Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, quien por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, radicó la demanda con el número 116/2023-I-A; se admitió a trámite, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 36 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto omisivo, esto es, un acto que no requiere ejecución material, atribuido a una autoridad en materia de trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 1399/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número **** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues al rendir su informe con justificación, lo aceptarón. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Aunado a que de la constancia que adjuntó al mismo, se advierte su certeza, toda vez que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 1399/2019 de su índice, se refiere en su parte final **** Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, ***** "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al peticionario de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia **** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso en esencia aduce que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. El concepto de violación que hace valer la parte quejosa, es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado. A fin de apoyar la afirmación anterior, en principio conviene puntualizar que el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De lo transcrito, se advierte que el citado precepto constitucional garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en que la impartición de ésta debe ser pronta y expedita. Lo anterior, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas. En ese tenor, están obligadas a observar los derechos que integran la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, todas aquéllas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución para dirimir conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, *** En ese orden de ideas, la Junta responsable, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligada a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama el quejoso en esta vía constitucional, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, por la innegable necesidad de que los procedimientos, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos administradores de justicia; se efectúen dentro del tiempo fijado por la ley especial, que debe ser suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ahora bien, el procedimiento del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, que se rige por las disposiciones que al efecto contiene la Ley Federal del Trabajo. Dicha norma, en sus artículos 837, fracción III, 840, 885, 886 y 887 contienen las reglas que deben seguir los integrantes del Tribunal laboral al momento de que se integre el expediente y se emita el laudo, los cuales son del tenor: "Artículo 837.- Las resoluciones de los tribunales laborales son: .III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto.". Artículo 840.- El laudo contendrá: I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; V. Extracto de los alegatos; VI. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y VII. Los puntos resolutivos. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Del contenido de los preceptos citados, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto y una vez aprobada la resolución la elevará a la categoría de laudo, inmediatamente se firmará y notificará a las partes. En esa tesitura, se considera que la Junta responsable vulnera en perjuicio de la quejosa la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, toda vez que como se advierte de la documental allegada, en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, declaró cerrada la instrucción del juicio laboral 1399/2019, sin que dictara el laudo correspondiente -en un plazo no mayor de diez días-, como lo establece la ley de la materia, lo que denota una dilación o demora contraria al espíritu del artículo 17 constitucional, o sea una trasgresión al principio de celeridad con que debe de estar revestido el procedimiento laboral. En ese tenor, resulta inconcuso que a la fecha, como se puede observar han transcurrido más de ocho meses el término previsto para el dictado del laudo. Luego, la omisión que reclama el promovente del amparo, consistente en la no emisión del laudo, vulnera la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, pues la Junta responsable, debe acatar lo dispuesto en el citado precepto, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, como las que aduce tener, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso tan prolongado para dictarse el laudo. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia *** Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expedites en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, atendiendo a que no se ha dictado el laudo correspondiente y con ello se le causan perjuicio de difícil reparación, para ambas partes -trabajador y patrón-. Por lo que este órgano de control constitucional concede la razón a la inconforme, toda vez que la responsable efectivamente no ha respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley Federal del Trabajo para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. En estas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia -de no haberlo hecho- dicte el laudo en el expediente laboral 1399/2019 de su índice, en el sentido que conforme a derecho corresponda. Se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud a que es inconcuso que la presente sentencia no afecta a la parte quejosa, mientras que la autoridad responsable no está legitimadas para combatir la decisión aquí adoptada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Antonio López Osorio, con la autoridad Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y el Presidente adscrito a la misma, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 1399/2019 por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano