Antonio Javier Valle Esquivel

Expediente 1087/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1087/2014
Año
2014
Actuaciones
17
Última actuación
19/06/2015

Partes del expediente

  • Antonio Javier Valle Esquivel
  • Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponde el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de México, al que acompaño copia certificada del proveído de diecisiete anterior, esto es así, en razón de que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de México, mediante el cual informan sobre la forma en que están dando cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora, en razón de que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto; agréguese a los autos la misiva de cuenta para que obre como corresponda.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías por las autoridades responsables, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por las responsables.Así, atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, se procede a determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala:"PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común).Ahora, considerando los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción que la concesión de amparo ha sido cumplimentada, atendiendo a lo siguiente:I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada.Los preceptos antes citados disponen:"Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.""Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.""Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada."II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se dio cumplimiento, en los siguientes términos:Autoridad Lineamiento Cumplimiento  Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. En tanto quedo precisado como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable en ejecutar y dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral 1478/2019.En específico la transgresión al artículo 17 constitucional, al ser evidente que la responsable no ha realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo dictado el catorce de octubre de dos mil once. Así el artículo 17° establece"Artículo 17.- [..] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]"." De lo anterior se colige la garantía de acceso a la impartición de justicia, la cual implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitados por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, si en el procedimiento de origen se dictó laudo, en el que se condenó al Ayuntamiento de Mexicalzingo, Estado de México, al pago de ciertas prestaciones a favor del actor Antonio Javier Valle Esquivel; y por ese motivo en fechas veinticuatro de junio y doce de septiembre de dos mil trece, veintisiete de enero, seis de mayo y ocho de agosto de dos mil catorce, dictó autos de requerimiento de pago y embargo. Luego, resulta evidente que contrario a lo señalado en la ley, la responsable ha sido omisa en proveer lo necesario respecto al eficaz cumplimiento de sus resoluciones, lo cual evidencia una negligencia en la impartición de justicia en agravio del quejoso.Por tanto, si a la fecha ha transcurrido más de dos años, sin que se haya alcanzado la ejecución del laudo por causas imputables a la responsable por las razones aquí expuestas, es evidente que tal proceder constituye una violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita del trabajador consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal por retardo indebido de la cumplimentación del laudo.Motivo por el cual, si la autoridad de origen, ha vulnerado el artículo 17 de la ley fundamental, es procedente calificar de ilegalidad su actuar al no cumplir con la administración de justicia pronta; siendo procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que la responsable: Impulse el procedimiento para obtener el cabal cumplimiento del laudo; es decir, que en forma pronta emitida sus posteriores resoluciones.En el entendido, además que dichas acciones deben ser prontas y expeditas, o sea, como se dijo, ágiles y sin obstáculos, lo que propicia que entre una y otra actuaciones se respete el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, es decir evitando evasivas y trámites inútiles e innecesarios tomando las acciones adecuadas para lograr la ejecución efectiva del laudo de mérito, lo anterior, a fin de restituir a la quejosa en el goce de la garantía violentada con el retardo de dicha ejecución.Hágase del conocimiento de la responsable que no se dará por cumplida la presente resolución, con el simple impulso del procedimiento de ejecución, sino hasta que se tenga por cabalmente ejecutado el laudo. [.] Por oficio TECA400F/104010/A.I./3023/2014 de once de noviembre de dos mil catorce, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje remitió copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente laboral 1478/209, en el que destaca el auto de diez de noviembre de ese año, por el que se dicta auto de requerimiento de pago y embargo en contra del aquí tercero interesado, quedando señaladas las trece horas del día diecinueve de noviembre de ese año para que tuviera verificativo dicha diligencia (fojas 298 a 316).Por oficio TECA400F/104010/A.I./3086/2014, la responsable remitió copia certificada del auto de veinte de noviembre de dos mil catorce, informando que la parte actora no había asistido a la diligencia de once de ese mes y año, y que la demandada en dicha diligencia había señalado bien mueble en el que se trabo el embargo ordenado (foja 327 a 330).Luego, en oficio TECA400F/104010/A.I./3134/2014, de cuatro de diciembre de dos mil catorce, la autoridad responsable, remitió copia certificada del auto de veintiocho de noviembre por el que giró oficio a la Dirección General del Trabajo solicitando la designación de un perito valuador para que estableciera el valor de los bienes embargados el diecinueve de noviembre de ese año (foja 344).Mediante, oficios de diez de diciembre de dos mil catorce y veinticuatro de febrero del presente año (fojas 350 y 371), la responsable, remitió copia certificada de los autos de veintiocho de noviembre, diez de diciembre de dos mil catorce y veintitrés de marzo de dos mil quince a través de los cuales en el segundo y tercero requirió a la dirección del trabajo la designación de un perito valuador (fojas 351 a 353 y 372).Por oficio TECA400F/104010/A.I./317/2015 de cuatro de marzo de dos mil quince, el presidente del Tribunal responsable, remitió copia certificada de diversas actuaciones llevadas a cabo en el expediente laboral 1478/2009 (fojas 378 a 380).Después, en oficio TECA400F/104010/A.I./413/2015 de diecisiete de marzo del presente año (foja 392), la responsable remitió copia certificada de la comparecencia de diecisiete de marzo del mismo año, por el que el perito valuador acepto y protesto el cargo solicitándose a la parte actora (aquí quejosa) se asociara con él para el efecto de darle celeridad al procedimiento de ejecución (foja 393 y 394).Así en oficio TECA400F/104010/A.I./437/2015 y TECA400F/104010/A.I./474/2015 de veinticuatro y y veintisiete de marzo de dos mil quince (foja 398 y 409), la responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente laboral 1478/2009, por el que informa que la actora (aquí quejosa) no se ha asociado con el perito valuador para llevar a cabo la diligencia para determinar el valor del bien embargado el diecinueve de noviembre del año pasado, así como su omisión para impulsar el procedimiento de ejecución de laudo como lo establece el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México (fojas 399 a 401 y 410 a 411).Finalmente, en oficios TECA400F/104010/A.I./652/2015 y TECA400F/104010/A.I./684/2015 de veinte y veinticuatro de abril (fojas 420 y 424), la Presienta suplente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje remitió copia certificada del auto de dieciséis de abril de ese año y las constancias de notificación a las partes (fojas 421 y 425 a 428), así como del auto de veinticuatro del mismo mes y año.Del cuadro comparativo anterior se advierte que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo.Ello es así, pues este tribunal federal considera que si bien corresponde al Presidente del tribunal responsable vigilar que los laudos se ejecuten en los términos establecidos en la ley, también lo es que el actuar de dicho funcionario está condicionado a que la parte que obtuvo una resolución favorable, sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución; por lo tanto, la prosecución de tal estadio procesal no es oficiosa ni para el Tribunal ni para su titular, según lo establece el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios . Si lo anterior no fuera así, entonces no tendría razón de que en la propia legislación laboral, se estableciera la figura jurídica de la prescripción de la acción de ejecución de los laudos cuando no exista impulso de las partes, pues tal sanción procesal se impone a quien obtuvo un laudo favorable y no ha promovido el procedimiento de ejecución, según lo establece el artículo 180, fracción III, de la legislación en comento ; de tal manera que, es procedente actuar como se establece en los párrafos que preceden, en cuanto a la vista con el oficio y anexos respectivos.De tal suerte que a la parte quejosa le corresponde a dar seguimiento a la ejecución de laudo e impulsar dicha etapa, realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero para que el fallo laboral sea acatado.Por la esencia del tema que trata, cobra vigor lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.1 L , que dice:"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE LAUDO. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acción de ejecución de laudo prescribe en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el mismo, interrumpiéndose la prescripción con la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, acorde a lo dispuesto por el artículo 521 de la ley laboral; de ahí que la ejecución de un laudo no se agota con la petición forzosa de su ejecución, ni tampoco con el hecho de que se embarguen bienes de la empresa demandada, sino que para determinar que aquél ya se ejecutó y, por ende, no puede actualizarse la figura de la prescripción, es imprescindible que se continúe, por parte de los trabajadores, con el seguimiento de la ejecución forzosa en comento hasta su finalización, la cual se ve colmada con el pago de todas y cada una de las prestaciones a que se condenó a la demandada; de tal manera que si se llegó solamente a la etapa de embargar bienes, sin que éstos se remataran y con su precio se pagara a los trabajadores, es incuestionable que el laudo no se ejecutó y el abandono en que hayan incurrido los actores, consistente en seguir promoviendo e insistiendo ante la Junta responsable, hace que se actualice en su perjuicio la referida prescripción."[énfasis añadido]De igual forma por identidad de razón, sirve de apoyo el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 16/2011 , del tenor literal siguiente;"PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Asimismo, lo anterior encuentra sustento en el pronunciamiento realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a/J. 15/2011 , del tenor literal siguiente;"EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez trascurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Finalmente, es menester precisar que con lo aquí resuelto, este juzgado federal no soslaya el contenido de la tesis de jurisprudencia por contradicción 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Lo anterior es así, toda vez que el contenido de la citada jurisprudencia únicamente alude al procedimiento y trámite del juicio laboral y no a la ejecución del mismo, porque lo primero corresponde ser vigilado por el propio Tribunal de forma oficiosa, mientras que el cumplimiento del laudo corresponde a su Presidente a petición de la parte interesada, según lo establece el citado artículo 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; de otra forma, oficiosamente se estaría direccionando el procedimiento natural en la ejecución del laudo, lo que no es autorizado por la ley obrera, ya que la carga procesal en la etapa de ejecución corresponde a las partes, tal, y como se ha evidenciado en autos.En esas condiciones, al estimar que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial, con los argumentos vertidos por la responsable, al no existir promoción pendiente por acordar, previas anotaciones en el libro de gobierno, dese vista al agente del Ministerio Público Federa adscrito a este juzgado de Distrito para que en el momento de su notificación o dentro del término de tres días, manifieste lo que a su representación social corresponda; hecho que sea, acuérdese lo que en derecho proceda.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos para surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la Presidenta Suplente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, comunica las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, y al efecto informa; entre otras cosas, que notificó al ayuntamiento demandado en el juicio de origen, el día y hora para que tenga verificativo la diligencia de avalúo de bienes; situación de la que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos para surta los efectos legales correspondientes el escrito de cuenta, por medio del cual, la autorizada de la parte quejosa desahoga la vista otorgada mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, en atención a las gestiones realizadas por la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; se reserva proveer al respecto hasta en tanto se realice la valoración correspondiente.

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