Antonio Julio César Arellano Muñoz
Expediente 50/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/02/2016
Partes del expediente
- Antonio Julio César Arellano Muñoz
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ TOXQUI TOXQUI EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Acúsese recibo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de: 1. los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, 2. un tomo anexo, 3. copia del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca R-377/2015, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 45/2015 (antes 807/2014) del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado (antes Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla), promovido por **** , para los fines señalados en el último considerando de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del cuadernillo de revisión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción I del citado Acuerdo General. Déjese sin efecto la audiencia constitucional, la sentencia recurrida y repóngase el procedimiento. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se provee: Se ordena emplazar al tercero interesado Ayuntamiento del Municipio de Santa María Coronango, Puebla, por medio de oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Así también, se ordena emplazar a quien resulte ser el legítimo propietario del **** , para lo cual se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días, legalmente computado, proporcione el nombre y domicilio de la persona que resulte ser el legítimo propietario del citado vehículo. Apercibido que de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo. Así mismo, se ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días legalmente computado, proporcione a esta potestad federal el nombre y domicilio de la persona que en sus archivos, resulte tener el carácter de legítimo propietario del ****. Apercibido que de no hacerlo, en el término indicado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo. Lo anterior, por tener el carácter de ofendidos en la causa penal ****, del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan de nueva cuenta para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con cincuenta minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA CENTRO AUTOMOVILISTICO MUÑOZ S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO ANTONIO JULIO CÉSAR ARELLANO MUÑOZ EL AUTO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCION. Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta, signado por *****, Administrador Único de la persona moral ****, por el que desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 29 y 30). Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Delegado en Puebla de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras autoridades, consistente en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del expediente administrativo **** del índice de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que determinó la imposibilidad de emitir el dictamen solicitado por la parte quejosa en su carácter de el usuario, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el caso, opera la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, con los diversos arábigos 1° fracción I y 5 fracción II interpretado a contrario sentido, ambos, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de tres de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del expediente administrativo 2015/210/6691 del índice de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que determinó la imposibilidad de emitir el dictamen solicitado por la parte quejosa en su carácter de "el usuario, sin embargo, dicha determinación no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha Comisión a través de ese acuerdo no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e imponga obligaciones. Lo anterior se estima así, los artículos 68, 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establecen: Artículo 68. La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas: I. El procedimiento de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a tres millones de unidades de inversión, salvo tratándose de reclamaciones en contra de instituciones de seguros en cuyo caso la cuantía deberá de ser inferior a seis millones de unidades de inversión; I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación. II. La Institución Financiera deberá, por conducto de un representante, rendir un informe por escrito que se presentará con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior; III. IV. La Comisión Nacional podrá suspender justificadamente y por una sola ocasión, la audiencia de conciliación. En este caso, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días hábiles siguientes. La falta de presentación del informe no podrá ser causa para suspender la audiencia referida. V. La falta de presentación del informe dará lugar a que la Comisión Nacional valore la procedencia de las pretensiones del Usuario con base en los elementos con que cuente o se allegue conforme a la fracción VI, y para los efectos de la emisión del dictamen, en su caso, a que se refiere el artículo 68 Bis;. VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esta misma Ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o de estricto derecho. Para el caso de la celebración del convenio arbitral correspondiente, a elección del Usuario la audiencia respectiva podrá diferirse para el solo efecto de que el Usuario desee asesorarse de un representante legal. El convenio arbitral correspondiente se hará constar en el acta que al efecto firmen las partes ante la Comisión Nacional. En caso que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda. La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes; La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de diez días hábiles. Si la Institución Financiera no hace manifestación alguna dentro de dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen con los elementos que posea;." "Artículo 68 Bis. Cuando las partes no se sometan al arbitraje, y siempre que del expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión Nacional permitan suponer la procedencia de lo reclamado, ésta podrá emitir, previa solicitud por escrito del Usuario, un acuerdo de trámite que contenga un dictamen. Cuando este dictamen consigne una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida, a juicio de la Comisión Nacional, se considerará título ejecutivo no negociable, en favor del Usuario. La Institución Financiera podrá controvertir el monto del título, presentar las pruebas y oponer las excepciones que estime convenientes ante la autoridad judicial competente. La acción ejecutiva derivada del dictamen prescribirá a un año de su emisión. Para la elaboración del dictamen, la Comisión Nacional podrá allegarse todos (sic) los elementos que juzgue necesarios." "Artículo 68 Bis 1. El dictamen que puede emitir la Comisión Nacional en términos de los artículos 68 y 68 Bis contendrá una valoración técnica y jurídica elaborada con base en la información, documentación o elementos que existan en el expediente, así como en los elementos adicionales que el organismo se hubiere allegado." De conformidad con los preceptos transcritos, se desprende que la ley establece un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, optativo para las partes, y otorga facultades a la citada Comisión para que dirija tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones previstas en el artículo 68. Así, el procedimiento conciliatorio del que conoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del usuario de los servicios financieros, debiendo citarse a las partes a una audiencia de conciliación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba la reclamación del usuario, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, el conciliador formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Ahora bien, debe distinguirse la etapa de conciliación de la emisión del dictamen técnico, pues aun cuando la posibilidad de elaborarlo aparece en la fracción VII del artículo 68 en análisis, lo cierto es que no constituye un paso dentro de la conciliación, ya que ésta se agota en la audiencia de ley, en razón de que la fracción VII dispone que en la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, si no llegan a una conciliación, las invitará a que designen un árbitro, y en caso de que rechacen el arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes, con lo que se da por concluido el procedimiento. Asimismo, se establece como atribución de la Comisión la de emitir un dictamen técnico, siempre y cuando existan elementos que, a su juicio, permitan suponer la procedencia de lo reclamado y el dictamen técnico que contenga su opinión técnica y jurídica, se entregará al usuario de los servicios financieros, a petición de parte, a efecto de que pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, como prueba de su parte. Además, se establece que para que el usuario pueda presentar la solicitud de dictamen, de acuerdo con la norma, debe agotar el procedimiento conciliatorio y la institución financiera debe rechazar el arbitraje que le proponga la Comisión. En tal consideración, la emisión del dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación; la posibilidad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio y de aceptación de arbitraje, por tanto, es un acto independiente, aunque la posibilidad de su emisión surja del resultado del procedimiento que establece el artículo 68 en análisis, pues corresponderá a la Comisión determinar si procede o no la elaboración del dictamen técnico, a efecto de que, en la eventualidad de que el usuario decida entablar juicio en contra de la institución financiera pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, sin que ello implique, en términos de la ley, que el dictamen determine, de antemano, el sentido condenatorio de la sentencia, pues al ser una mera opinión técnica calificada, no obliga al Juez, quien puede atenderlo o no, según los argumentos y pruebas que ofrezcan las partes, por tanto, tiene carácter de prueba preconstituida, sujeta a las reglas de valoración que le son propias y que, por ello, puede ser contradicha. En ese contexto, debe decirse que el acuerdo de improcedencia de la emisión del dictamen técnico a que se refiere el artículo 68, fracción VII, párrafo segundo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (durante el procedimiento conciliatorio, ante el rechazo de las partes al arbitraje), se encuentra desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través suyo, la Comisión no está desarrollando tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afecten derechos e impongan obligaciones. En efecto, el hecho de que la Comisión considere improcedente la emisión del dictamen de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos del usuario, pues al rechazar las partes el arbitraje quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes, en la vía que proceda, en términos de la propia ley; por tanto, la resolución reclamada no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 146/2012, publicada en la página 1050, del tomo II, Noviembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta. Téngase al Juez de lo Civil de Tetela de Ocampo, Puebla, informando que el exhorto número **** , de veintisiete de octubre de dos mil quince, fue recibido el once de enero de dos mil dieciséis, con el número de exhorto **** , de los del índice del Juez de exhortos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla, para su diligenciación, sin que la autoridad oficiante tenga conocimiento del trámite que le haya dado a dicho exhorto, y, dado que en proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, remitiendo copia certificada de las constancias del exhorto **** , relativas al emplazamiento del demandado, y ordenó devolver el exhorto a su lugar de origen debidamente diligenciado, se provee: Requiérase al Juez de lo Civil de Tetela de Ocampo, Puebla, para que en el término de veinticuatro horas, a partir de que reciba el mencionado exhorto, lo informe a esta Juzgadora. Subsistiendo el apercibimiento de multa previamente decretado. Dése cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
V i s t o el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que el quejoso ******, no dio cumplimiento al requerimiento de once de enero del año en curso (foja 132, a efecto de que exhibiera las copias correspondientes a su escrito de revisión, no obstante de estar legalmente notificados como se advierte de la constancia que obra a foja 133; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en el citado proveído y se tiene por no presentado el recurso de mérito. Ahora bien, tomando en consideración la certificación y párrafo que antecede, al respecto se provee V i s t a la razón de cuenta y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías. DECLARACION DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II del citado Acuerdo General. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.
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