Antonio Ibarra Aguilar
Expediente 939/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/02/2021
Partes del expediente
- Antonio Ibarra Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se reanuda procedimientoVisto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se desprende que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales, salvo atención de casos urgentes; así como que por circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la referida Comisión declaró como días inhábiles pero laborales el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno y levantó la suspensión a partir del dieciocho del mismo mes y año. En consecuencia, se reanuda el procedimiento y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: Declaración de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de garantías, por lo que se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el citado artículo. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 939/2020, promovido por..., por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el quejoso por derecho propio demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que a continuación se indican: Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Acto reclamado: Lo es, la OMISION por parte de la Autoridad responsable al no haber dictado en laudo en el juicio principal número... SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 17 constitucionales. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos y se registró como 939/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien no formuló pedimento; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo que aconteció el cuatro de noviembre (foja 15); y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior porque se reclama una omisión atribuida a una autoridad laboral con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a que la demanda es un todo, se precisa que el acto reclamado es: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral... del índice de Junta responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto reclamado, lo que además se constata con las constancias que remitió, de las cuales se aprecia que el tres de septiembre del año en curso cerró instrucción y a la fecha de presentación de la demanda (no había dictado laudo). CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. Así, del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del mencionado ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. El énfasis es propio De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Destacando que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de garantías, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Respecto de este tópico, es oportuno traer a contexto que al resolver la Contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como pudiese ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. En el entendido que si bien, uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiese ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, situación que en el particular no acontece como se verá en seguida. Dicha Jurisprudencia es la..., de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como irreparables deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Ahora bien, a efecto de determinar si la petición de amparo intentada encuadra en el supuesto de procedencia que prevé la ley, por existir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, derivada de la existencia de una afectación real y actual, a la esfera jurídica del quejoso con motivo de la titularidad de un derecho subjetivo vulnerado con la omisión reclamada, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el hoy quejoso tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Por cuanto hace a la afectación que de ese derecho realice la autoridad responsable, es necesario traer a contexto que los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Lo resaltado no es de origen. De la cita que antecede se aprecia que, de conformidad con los plazos y términos establecidos en la legislación laboral aplicable, en el procedimiento que se lleva ante la responsable, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario en el sentido que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el entendido que, del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que hubiesen recibido la copia del proyecto, si lo estiman necesario, soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Destacando que con citación de las partes, la Junta señalará en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas, ello dentro de un término de ocho días; y, transcurrido dicho término, el Presidente de la Junta citará a los demás miembros, para la discusión y votación del laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Así, una vez discutido, votado, aprobado y engrosado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. Ahora bien, las constancias remitidas con el informe justificado tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, y denotan que el tres de septiembre del año en curso, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción ordenando turnar los autos a proyecto para resolución. En tanto que, a la fecha de presentación de la demanda -veintitrés de octubre de la presente anualidad-, habían transcurrido los treinta y tres días hábiles a que hace alusión la ley laboral para que el auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo y los integrantes de la Junta soliciten, si fuese necesario, se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, así como el término para la discusión, votación y aprobación del laudo; sin embargo, dicha situación no implica una abierta dilación del procedimiento y tampoco su paralización total. Lo anterior porque a la fecha de presentación de la demanda e incluso al dictado de la presente resolución, no han trascurrido más de los cuarenta y cinco días que nuestro Máximo Tribunal estimó como un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. Tal como lo establece la Jurisprudencia..., de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Razón por la cual, la omisión reclamada aún no es susceptible de producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, pues se insiste, para ello es necesario la configuración de una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, lo que en el caso no acontece. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del impetrante porque aún no configura una dilación excesiva que se traduzca en la paralización total del procedimiento laboral de origen. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por..., contra el acto y autoridad señalados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en la parte final de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la entonces Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otro lado agréguense a los autos los acuses de recibo de cuenta relativos a los oficios 24363/2020, 24364/2020, 24365/2020, 24366/2020, 24367/2020, 24368/2020, 24369/2020 y 24371/2020; consecuentemente se provee: REVISIÓN INTEGRADA CON LAS CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Remítanse al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo, un cuaderno auxiliar y el escrito original de agravios registrado con el número 13319 por el cual el Síndico Municipal de San Felipe Teotlalcingo, Puebla, interpuso recurso de revisión. Infórmese a la superioridad que el recurso se envía en esta fecha en la que fueron integrados los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables foráneas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio con anexo de cuenta, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en representación de las autoridades responsables, por el cual en vías de cumplimiento al fallo protector informa lo siguiente: - Que las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas para dar cumplimiento al primer efecto de la sentencia dictada en autos, esto es: ".1. Indemnizar a la quejosa, lo que debe comprender el pago de tres meses de su sueldo y veinte días por cada año laborado; así como cubrirle la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora pública por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente." Lo anterior al señalar que la sentencia dictada en autos no cuenta con cantidad liquida, por lo que señala que una vez que la parte quejosa exhiba su planilla de liquidación se le dará el trámite que conforme a derecho corresponda. - En relación al segundo efecto del fallo protector consistente: "2. Ordenar a quien corresponda, que en el expediente personal de la quejosa y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, se lleve a cabo la anotación de que fue separada de su cargo de manera injustificada." Refiere que mediante oficio SSPTM/DJ/1057/2020 dirigido al Coordinador del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, le ordenó realizara tal acción, al ser esta la unidad administrativa competente para tal efecto, para lo cual remite el acuse de recibo correspondiente. - Por otro lado, en relación al tercer efecto consistente en: ".3. Tomar las medidas necesarias para que el Instituto o clínica encargado (a) de la atención médica de la quejosa y sus derechohabientes, siga prestando dicho servicio hasta en tanto se pague la indemnización, y atendiendo a la legislación aplicable deberá cumplir con la conservación de dichos derechos, dentro del plazo a que se refiera la conservación, el cual transcurrirá a partir de que se haga la liquidación correspondiente." Sostiene que mediante oficio SSPTM/DJ/1057/2020 dirigido a la Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, le ordenó realizara tal acción al ser esta la unidad administrativa competente para tal efecto, para lo cual remite el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, se provee: SE APERTURA DE OFICIO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICAR EL PAGO DE LA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 193 párrafo Cuarto de la Ley de Amparo, se ordena la apertura de oficio del incidente de liquidación de sentencia, para que las partes estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar a la quejosa en acatamiento del fallo protector, respecto de las prestaciones dejadas de percibir con motivo de la baja de la quejosa. En esas condiciones y a fin de que la suscrita esté en aptitud de determinar el monto que las autoridades responsables deban pagar a la parte quejosa por concepto de prestaciones dejadas de percibir con motivo de la separación del cargo de la quejosa como policía municipal; en consecuencia, se provee: Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días computado a partir del día al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias de las que se advierta el numerario por concepto de percepciones dejadas de percibir de la quejosa ... con motivo de su separación de su cargo como policía municipal, a que tiene derecho la aquí quejosa e informen a cuánto asciende el monto exacto de la cantidad a pagar, así como todas las prestaciones a que tiene derecho. Apercibidas las autoridades responsable que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se les impondrá respectivamente, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma dese vista a la parte quejosa con lo anterior a efecto de que esté en oportunidad de ofrecer pruebas o realizar las manifestaciones que estime pertinentes. Por otro lado en atención a que la autoridad oficiante acompaña los acuses de recibo de los oficios girados a las diversas autoridades responsables: 1. Coordinador del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; y, a la 2. Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; al respecto: Requiérase a dichas autoridades para que en el término de tres días informen a este Juzgado Federal las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector para lo cual deberán remitir las constancias que justifiquen su actúa. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en auto de trece de noviembre del año en curso. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, de autos se advierte que el once de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó guardar en la caja de documentos importantes las constancias que remitieron el Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla y el Director de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Centro Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al requerimiento de cinco de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia: Tomando en consideración que el trece de noviembre del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma; en consecuencia, devuélvanse a su lugar origen las referidas constancias. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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