Antonio Juárez Carbajal

Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Juárez Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintidós. I. Devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de *; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, devuélvanse a la parte promovente los documentos que indica, dejándose, en su lugar, copia certificada legible para constancia, así como razón de recibo de aquéllos. Así mismo, se autoriza a las personas que indicada para recibir los documentos en mención, las que deberán comparecer ante el órgano jurisdiccional debidamente identificadas. II. Atención presencial. Dígase al promovente que, la recolección de los documentos debe verificarse mediante la obtención de cita previa, a través de la modalidad del programa "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. III. Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. I) Causa estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación de siete de abril de dos mil veintiuno, por la que se desechó la demanda de amparo, no obstante haber quedado notificado de ello desde el trece de abril actual, por ende, al haber transcurrido el término que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de abril de dos mil veintiuno. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ., por medio del cual cumple la prevención formulada en veinticinco de marzo del presente año; por lo que se acuerda lo siguiente: II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.".1 Acto reclamado. En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: A manera de antecedentes, la parte quejosa indicó que en el mes de mayo de dos mil veinte, se trasladó a las instalaciones de la Subdelegación de Prestaciones, Área de Pensiones, de la delegación del ISSSTE en Querétaro, quien solicitó de manera verbal el formato para obtener la pensión por jubilación, autoridad que en esa misma fecha le respondió de manera verbal que faltaba que la cantidad correspondiente a las cuotas de seguridad social que señala la Ley del ISSSTE para reconocerle la antigüedad. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." III. Improcedencia. Ahora, por lo que se refiere al acto reclamado que se precisó en líneas anteriores, se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Es decir, el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, d) Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de la omisión o negativa del otorgamiento de pensión por jubilación y las prestaciones a que tiene derecho por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro, consecuentemente, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo de dicho artículo, pues no nos encontramos ante ningún caso de excepción. Es decir, el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, contado a partir de que tuvo conocimiento del acto de autoridad que invadió su esfera jurídica, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. En ese aspecto, la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio que en el mes de mayo de dos mil veinte, sin especificar el día, acudió a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro (ISSSTE), donde fue informado de manera verbal por personal de dicha dependencia, que, no podía obtener la pensión por jubilación por no ser reconocida su antigüedad del periodo contemplado del veintiuno de enero de dos mil cinco al veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (tiempo que duró el procedimiento de despido injustificado en el que el promovente fue parte). Ahora, es de hacerse notar que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales que se había decretado del dieciocho (18 )de marzo al treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte, con efectos a partir del tres de agosto del mismo año. Bajo esa tesitura, es dable considerar que, el plazo para promover el juicio de amparo comienza a correr al día siguiente de aquel en que conforme a la ley que rige el procedimiento, se ostente sabedor del acto reclamado, que al efecto fue en mayo de dos mil veinte, sin especificar el día lo que no genera mayor trascendencia, puesto que el término para promover la demanda feneció en demasía, fecha de conocimiento que la arguyó bajo los efectos de protesta de decir verdad, en términos de lo que dispone el párrafo segundo de la fracción III del citado artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse en mayo de dos mil veinte , siendo evidente que dicho plazo, aún sin precisar el día en que se ostentó conocedor del acto que en esta vía combate, en demasía feneció. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, tal como se advierte del sello oficial y de las observaciones asentadas en la boleta de turno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Querétaro, entonces se desprende de manera patente que se hizo fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte promovente del amparo, al no haberlo combatido con la debida oportunidad. AGOSTO domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 1 2 3 reanudación de términos y plazos procesales 4 surte efectos. 5 día 1 6 día 2 7 inhábil 8 inhábil 9 día 4 10 día 5 11 día 6 12 día 7 13 día 8 14 inhábil 15 inhábil 16 día 9 17 día 10 18 día 11 19 día 12 20 día 13 21 inábil 22 día 14 23 día 15 24 25 26 27 28 29 30 31 De la anterior tabla, gráficamente se puede advertir que el término para promover la demanda de amparo, comenzó a computarse a partir del día hábil en que se reanudaron los términos y plazos procesales para presentar demandas de amparo de cualquier naturaleza, concluyéndose así como el día quince (vencimiento) el veintitrés de agosto de dos mil veinte, lo que patentiza la actualización de la causal de improcedencia estudiada, y por ende se considera que la demanda de nos ocupa se presentó de manera extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por., en términos del artículo 113 ibídem. IV. Autorizar consulta de expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el que a continuación se menciona: 1.-.... En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza para consultar el expediente electrónico exclusivamente al usuario ".". En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de abril de dos mil veintiuno. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ., por medio del cual cumple la prevención formulada en veinticinco de marzo del presente año; por lo que se acuerda lo siguiente: II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.".1 Acto reclamado. En el caso, de una lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: A manera de antecedentes, la parte quejosa indicó que en el mes de mayo de dos mil veinte, se trasladó a las instalaciones de la Subdelegación de Prestaciones, Área de Pensiones, de la delegación del ISSSTE en Querétaro, quien solicitó de manera verbal el formato para obtener la pensión por jubilación, autoridad que en esa misma fecha le respondió de manera verbal que faltaba que la cantidad correspondiente a las cuotas de seguridad social que señala la Ley del ISSSTE para reconocerle la antigüedad. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." III. Improcedencia. Ahora, por lo que se refiere al acto reclamado que se precisó en líneas anteriores, se advierte que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Es decir, el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El primer párrafo del numeral transcrito en primer término, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, excepto cuando se reclame: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (treinta días); b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión (hasta ocho años); c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (siete años); y, d) Impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (cualquier tiempo). Por otra parte, el segundo de los numerales, establece la forma de computar los plazos anteriores, a saber, al día siguiente de: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; 2. Que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, pues se trata de la omisión o negativa del otorgamiento de pensión por jubilación y las prestaciones a que tiene derecho por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro, consecuentemente, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo de dicho artículo, pues no nos encontramos ante ningún caso de excepción. Es decir, el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, contado a partir de que tuvo conocimiento del acto de autoridad que invadió su esfera jurídica, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia. En ese aspecto, la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio que en el mes de mayo de dos mil veinte, sin especificar el día, acudió a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro (ISSSTE), donde fue informado de manera verbal por personal de dicha dependencia, que, no podía obtener la pensión por jubilación por no ser reconocida su antigüedad del periodo contemplado del veintiuno de enero de dos mil cinco al veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (tiempo que duró el procedimiento de despido injustificado en el que el promovente fue parte). Ahora, es de hacerse notar que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales que se había decretado del dieciocho (18 )de marzo al treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte, con efectos a partir del tres de agosto del mismo año. Bajo esa tesitura, es dable considerar que, el plazo para promover el juicio de amparo comienza a correr al día siguiente de aquel en que conforme a la ley que rige el procedimiento, se ostente sabedor del acto reclamado, que al efecto fue en mayo de dos mil veinte, sin especificar el día lo que no genera mayor trascendencia, puesto que el término para promover la demanda feneció en demasía, fecha de conocimiento que la arguyó bajo los efectos de protesta de decir verdad, en términos de lo que dispone el párrafo segundo de la fracción III del citado artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse en mayo de dos mil veinte , siendo evidente que dicho plazo, aún sin precisar el día en que se ostentó conocedor del acto que en esta vía combate, en demasía feneció. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial, tal como se advierte del sello oficial y de las observaciones asentadas en la boleta de turno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Querétaro, entonces se desprende de manera patente que se hizo fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte promovente del amparo, al no haberlo combatido con la debida oportunidad. AGOSTO domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 1 2 3 reanudación de términos y plazos procesales 4 surte efectos. 5 día 1 6 día 2 7 inhábil 8 inhábil 9 día 4 10 día 5 11 día 6 12 día 7 13 día 8 14 inhábil 15 inhábil 16 día 9 17 día 10 18 día 11 19 día 12 20 día 13 21 inábil 22 día 14 23 día 15 24 25 26 27 28 29 30 31 De la anterior tabla, gráficamente se puede advertir que el término para promover la demanda de amparo, comenzó a computarse a partir del día hábil en que se reanudaron los términos y plazos procesales para presentar demandas de amparo de cualquier naturaleza, concluyéndose así como el día quince (vencimiento) el veintitrés de agosto de dos mil veinte, lo que patentiza la actualización de la causal de improcedencia estudiada, y por ende se considera que la demanda de nos ocupa se presentó de manera extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por., en términos del artículo 113 ibídem. IV. Autorizar consulta de expediente electrónico. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", se encontró el que a continuación se menciona: 1.-.... En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza para consultar el expediente electrónico exclusivamente al usuario ".". En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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