Antonio Ignacio Lugo Tavera
Expediente 1333/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/10/2023
Partes del expediente
- Antonio Ignacio Lugo Tavera
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al que acompaña, entre otros, la demanda promovida por ***********, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", y otras autoridades. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1333/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. No se acepta competencia. Al respecto es menester precisar que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, consideró que este circuito judicial (Querétaro) es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en virtud de que indica el acto reclamado se está ejecutando en esta ciudad de Querétaro al haberse aperturado la cuenta bancaria sujeta de embargo y/o inmovilización y/o bloqueo que el quejoso indica es titular. Al respecto, el juzgado federal de la Ciudad de México funda su determinación en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. II. Consideraciones. Del análisis de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente:[...] Lo que lleva a determinar de la demanda lo siguiente:[..] En esa virtud, respetuosamente, este órgano jurisdiccional no comparte las consideraciones de la determinación adoptada, pues en observancia al principio pro persona contenido en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y el diverso 17 de la referida Carta Magna al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, se considera que el juez de distrito competente para conocer del asunto es ante quien se presentó la demanda de amparo (Ciudad de México), al ser éste el de más fácil acceso material para el justiciable, respecto de este circuito, dado que el promovente optó por acudir ante él. Ciertamente, los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen que tratándose de actos que tengan ejecución material en determinado circuito, será competente por territorio el juez de distrito cuya jurisdicción ejerza en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Asimismo, el aludido precepto 37 de la Ley de Amparo, prevé también que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos, y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. En ese sentido, en aras de observar el principio de acceso a la justicia, este juzgador considera que el juez competente para analizar el acto de autoridad es el que eligió el quejoso, que es el de la Ciudad de México, ya que si bien el artículo 37 de la Ley de Amparo refiere que es competente el juez de distrito donde se encuentre ejecutándose el acto reclamado, lo cierto es que también refiere que de tener ejecución en más de un Distrito o que ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos, y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, puesto que en cuestión de embargo, inmovilización, bloqueo, retención y/o aseguramiento de cuentas bancarias, si bien la norma no es puntual en determinar a qué juez le surtirá la competencia por razón de territorio, este juzgador considera se debe atender al juez donde el quejoso decidió presentar su demanda de amparo, al presumir que eligió dicho lugar como el que más le conviene para acceder a la justicia, además de que el acto se encuentra ejecutándose. En suma, de los antecedentes también se obtiene que la orden que reclama el quejoso fue emitida aparentemente por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1" y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de que el justiciable fue claro en establecer que si bien aperturó la cuenta bancaria en la ciudad de Querétaro, indicó que la referida institución bancaria cuenta con múltiples sucursales en todo el territorio nacional. Por ende, si el acto reclamado se hace consistir en la orden de embargo, bloqueo, retención o aseguramiento de cuentas bancarias, por lo que se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación, lo cual justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. Es aplicable por identidad jurídica en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, julio de 2011, página 369, Registro digital: 161677, Novena Época, Materias(s): Común, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Apoya lo anterior el criterio I.11o.A.5 K (11a.), emitido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3818, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la orden de inmovilización de su cuenta bancaria abierta en el Estado de Tamaulipas y presentó la demanda en la Ciudad de México, pues fue en una sucursal de la institución bancaria de esa ciudad donde le informaron que su cuenta estaba inmovilizada. El Juez de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México al que se turnó el asunto declinó la competencia por razón de territorio en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, al estimar que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en donde se abrió la cuenta bancaria, quien la rechazó al considerar que le correspondía a aquél, porque el acto reclamado se ejecutó en su jurisdicción y el quejoso señaló autoridades responsables de esa ciudad, por lo que devolvió el asunto al Juez declinante, quien insistió en su incompetencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento o inmovilización de cuentas abiertas en instituciones bancarias que tengan diversas sucursales y, por ende, que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un lugar, se surte en favor del Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo. Justificación: Lo anterior, porque del artículo 37 de la Ley de Amparo se deducen tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo: 1. Cuando el acto reclamado tenga ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si comenzó a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el cual se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción esté la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado y se hubiese presentado la demanda. Ahora bien, el referente para definir la competencia que consideran las dos primeras reglas es la ejecución material del acto reclamado, pues en la tercera, por tratarse de actos que carecen de ejecución, se considera el lugar en el cual el quejoso presentó la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga una ejecución material no es el lugar en el que se deba ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto, sino más bien si esa ejecución puede ocurrir en más de un sitio, pues de considerar que es competente el Juez del lugar donde pueda materializarse o donde estén las cuentas e, incluso, las sucursales de la institución a la que pertenezcan podrían generarse diversos inconvenientes, dando lugar a una multiplicidad de juicios a los que se debe dar trámite con la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación, lo cual justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. Igualmente cobra aplicación a lo anterior la tesis XIX.1o.4 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito., visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2310, que refiere: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA ASEGURAR, INMOVILIZAR O BLOQUEAR UNA CUENTA BANCARIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVENGA EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO Y TENGA JURISDICCIÓN EN ALGÚN LUGAR EN QUE AQUÉLLA HAYA TENIDO EJECUCIÓN. Cuando se reclama en el juicio de amparo una instrucción proveniente de una autoridad hacendaria, en la que se ordena el aseguramiento, inmovilización o bloqueo de una cuenta bancaria, para fijar la competencia debe atenderse al lugar donde se ejecuta o está ejecutando dicha orden. Al respecto, si bien en principio ésta surte efectos en el lugar en que se encuentra la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, lo cierto es que sus efectos irradian a lo largo del territorio nacional. Ahora, la fijación de las reglas de competencia en el juicio de amparo tiene como propósito facilitar a las personas el acceso a la justicia, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, no resulta aceptable limitar a los usuarios financieros a que, necesariamente, tramiten el juicio de amparo en el lugar donde se encuentra la sucursal a la que corresponda su cuenta bancaria, cuando sus efectos no se limitan a ese sitio e, incluso, es posible que ni siquiera radiquen o lleven a cabo ahí sus actividades ordinarias, lo que resultaría en detrimento de su derecho fundamental de acceso a la justicia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto y tenga jurisdicción en algún lugar en que se demuestre que haya tenido ejecución la orden reclamada, en la inteligencia de que podrá ser uno diverso a donde se encuentre la sucursal a la que corresponde la cuenta, siempre que se acredite que ahí tuvo ejecución la orden o, al menos, exista una manifestación bajo protesta de decir verdad en esos términos." Efectivamente, la ejecución del acto combatido puede ocurrir en más de un sitio al existir múltiples sucursales de la institución crediticia, pues de considerar que es competente el Juez del lugar donde pueda materializarse o donde estén las cuentas e, incluso, las sucursales de la institución a la que pertenezcan podrían generarse diversos inconvenientes, dando lugar a una multiplicidad de juicios a los que se debe dar trámite con la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias. Por ello, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aseguramiento o inmovilización de una cuenta bancaria, se debe considerar que en cualquiera de las sucursales bancarias en las que se intente realizar operaciones respecto de esa cuenta, estará igualmente inmovilizada y no sólo en aquella en la que se abrió la cuenta, o bien, en aquella en la que se intentó realizar la operación, lo cual justifica que la competencia para conocer de un asunto con esas características deba recaer en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción pueda ejecutarse la orden, es decir, aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. Además de lo anterior, la presente determinación tiene razón en aras de garantizar el acceso a la justifica, pues en ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/20194 -criterio que si bien versa respecto de la competencia en materia mercantil que debe observar el juez de instancia-, analizó la garantía de acceso a la impartición de justicia, lo que hace que pueda vincularse las razones que en ella se expusieron para determinar que es un hecho notario que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, por lo que indicó que resultaba razonable estimar que, en caso de que las partes deban acudir a un tribunal, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia. Consideraciones que en el caso particular se estima necesario observar ya que en primer término la orden fue emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así también se señaló como autoridad responsable al Administrador Desconcentrado de Yucatán "1", igualmente el quejoso eligió presentar la demanda de amparo ante un juez con competencia territorial en la Ciudad de México, al ser éste a manera de presunción el de más fácil acceso material para el justiciable, dado que el promovente optó por acudir ante él, además de ello, se estima que el acto reclamado se puede ejecutar en más de un circuito judicial e incluso se pudiese considerar que su ejecución no es meramente material es decir, tangiblemente, pues puede ejecutarse o continuar ejecutándose en cualquier circuito judicial al obrar múltiples sucursales bancarias por parte de la institución crediticia. Por ello, igualmente se comparte el criterio establecido por el Primer Circuito contenido en la tesis I.16º.A.9 K emitido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Misma consideración sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, al resolver el conflicto competencial ******************** de su índice. Por todo lo expuesto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1o. fracción I, 37, 45, 107 y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia planteada y en consecuencia se ordena formar cuaderno de antecedentes para que obre como constancia y devuélvanse a su lugar de origen la demanda y demás actuaciones mediante oficio. V. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se le tiene únicamente anunciado domicilio procesal el ubicado en ********************, asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VI. Acceso al expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa consultar de forma electrónica el expediente en que se actúa, y para oír y recibir notificaciones vía electrónica únicamente al usuario citado, por así haberlo solicitado de manera. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificación de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, se autoriza notificar de manera electrónica a la parte quejosa ésta y las demás resoluciones que se dicten en el juicio, aun las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.
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