Antonio Jiménez Tapia

Expediente 438/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
438/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Antonio Jiménez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIA

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que el quejoso desahogó la vista que se le ordenó dar por acuerdo de quince del actual, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez responsable; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el diecisiete de enero del año en curso (fojas 29 a 45), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ANTONIO JIMÉNEZ TAPIA, para que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo reclamado dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 78/2007 de su índice; y en su lugar, con libertad de jurisdicción dictara uno nuevo, el que podría ser en el mismo sentido del anterior, pero purgando los vicios formales que lo afectaban o en sentido diverso. Cabe precisar que en la sentencia de mérito, se determinó que el acuerdo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 78/2007, que se instruye en contra del quejoso, con mediana claridad, se advertía que lo acordado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, carecía de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, además, era incongruente con los motivos legales expuestos por el Defensor del quejoso en su escrito correspondiente. Lo anterior, toda vez que el Juez responsable, en el acuerdo reclamado, entre otras cuestiones, indicó que no se desatendía que en términos de los artículos 17 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de defensa prevalecía sobre la de pronta impartición de justicia; ya que en el caso concreto el primero de esos derechos humanos ya había sido considerado de mayor valía respecto al segundo, por esa razón el tribunal de apelación ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de careos constitucionales y procesales en aras de garantizar el debido proceso judicial en favor del procesado. Por tales motivos, el Juez responsable consideró que, por el momento no había lugar a ordenar la libertad del procesado de referencia. De lo anteriormente transcrito, se advertía que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el acuerdo reclamado que dictó el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no citó fundamento legal alguno en el que se estableciera, que por los motivos que expuso en el mismo, no era procedente ordenar la libertad del quejoso, por haberse rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables a él. Además, no realizó razonamiento alguno por los que estimara que, en el caso, no era procedente atender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008 y el juicio de amparo directo número 22/2011, ambos en ejercicio de la facultad de atracción; extractos que el Defensor del quejoso asentó en su escrito respectivo, en cuanto a que dicha sala determinó que hasta en tanto no se dictara sentencia, toda persona debía considerarse inocente y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente pudiera ser sometida a un proceso, y sobre todo, está privado de su libertad, no podría ser indefinido, esto es, su duración debería ser razonable. De igual forma, nada dijo en cuanto a que el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en todo proceso del orden penal, el inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicitara mayor plazo para su defensa. Siendo que el delito que se le atribuye al quejoso la pena máxima excedía de dos años, además, no se advertía que él hubiera solicitado mayor plazo para su defensa, sino que el desahogo de diversas pruebas fue ordenada de oficio por el tribunal de apelación. Pues en ese aspecto, el Juez responsable refirió en el acuerdo reclamado, que no se desatendía que en términos de los numerales 17 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, la garantía de defensa prevalecía sobre la de pronta impartición de justicia; ya que en el caso concreto el primero de esos derechos humanos ya había sido considerado de mayor valía respecto al segundo, por esa razón el tribunal de apelación ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de careos constitucionales y procesales en aras de garantizar el debido proceso judicial en favor del procesado. Por tales motivos, el Juez responsable consideró en el acuerdo reclamado que, por el momento no había lugar a ordenar la libertad del procesado de referencia. Sin embargo, el Defensor del quejoso solicitó su inmediata libertad, por haberse ya rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables al procesado, esto es, no alegó que se vulnerara en su perjuicio la garantía de pronta impartición de justicia. Sentencia que al causar ejecutoria el diez de febrero del año en curso (foja 60), se requirió su cumplimiento a la autoridad judicial, por tal razón, por oficio número 430, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, transcribió el acuerdo que dictó el trece siguiente, en la causa penal 78/2007, en la que dejó insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y procedió a dictar otro conforme a los lineamientos indicados en la sentencia de amparo. Y, por diverso oficio 1042, transcribió el auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, en lo que interesa, determinó literalmente lo siguiente (fojas 64 al 67): ".En ese tenor, habiendo quedado sin efectos el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la presente causa penal, en su lugar se emite el siguiente: Téngase por recibido el escrito signado por el Defensor Público Federal adscrito, por medio del cual solicita que de conformidad a la garantía prevista en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se determine la inmediata libertad de su defendido Antonio Jiménez Tapia, por considerar que ha transcurrido el plazo en que debe ser juzgado todo inculpado, de conformidad a la garantía prevista en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su representado lleva más de un año privado de su libertad, sin que se defina su situación mediante el dictado de una sentencia, y que dicha circunstancia es por causas no imputables a él. Atento a lo peticionado por el referido profesionista. dígasele que no ha lugar a otorgar la libertad de su defendido, ya que del contenido de la fracción VIII, del Apartado A, del artículo 20, de nuestra carta magna -en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, se advierte lo siguiente: "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado:... VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;..." Del contenido del citado precepto legal, no se desprende que al exceder los plazos ahí establecidos, la consecuencia jurídica deba ser dejar en libertad a las personas que están siendo procesadas, como en el caso, sucede con Antonio Jiménez Tapia, como pretende la defensa. Lo anterior, en virtud de que si bien las probanzas que aún se encuentran pendientes por desahogar por el citado procesado, consistentes en el desahogo de la prueba de careos procesales entre los testigos de cargo Chavelo Vargas Ramírez, José Alberto Cruz Zarita, Miguel Ángel Pérez López y Josué Ramiro Ramos Méndez, Policías Preventivos del Estados, así como Miguel Ángel Correa Jiménez, Rudi Ramos Castillo, Irvin Sánchez Alonso y Alejandro Domínguez Hernández, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con los testigos de descargo Mercedes Adelaida López Ruiz, Ana Iris López Ruiz, Miguel Ángel Hernández Ramos, Virginia Guadalupe Villegas Vara y perfecto Ramírez Méndez, lo cuales no han sido desahogados en sus totalidad, en virtud de que este juzgado está agotando los medios para la localización de los testigos de descargo Miguel Ángel Hernández Ramos, Virginia Guadalupe Villegas Vara y Perfecto Ramírez Méndez; no fueron ofertadas por el procesado de que se trata o su defensa, dichas pruebas tampoco fueron ordenadas por el juzgador de forma arbitraria o con la finalidad de retrasar el presente proceso, toda vez que éstas son en cumplimiento al mandato del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en autos del toca penal 423/2013 de su índice, al ordenar la reposición del procedimiento a fin de llevar a cabo el desahogo de entre otra las referidas probanzas, por lo cual este juzgador está dando cumplimiento al referido mandato. Por otra parte, cabe señalar que el uno de abril de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria en contra de ANTONIO JIMÉNEZ TAPIA, como penalmente responsable en la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado por el numeral 366, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos; CONTRA LA SALUD en la conducta de POSESIÓN SIMPLE DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA y CANNABIS SATIVA I. (MARIHUANA), previsto y sancionado por el artículo 477, párrafo primero, en relación con el 473, fracción IV, 479, tercera y cuarta líneas horizontales de la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud; y, PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81 primer párrafo, en relación con los artículos 9° fracción I y 24, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, imponiéndole, las penas de VEINTICINCO AÑOS DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN Y NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DÍAS MULTA; computable a partir del cuatro de octubre de dos mil siete (fojas 5780 a 5863), destacándose que en el caso se estimó actualizado un concurso real de delitos. De lo que se advierte que los delitos por los que está siendo procesado Antonio Jiménez Tapia, el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado por el numeral 366, fracción I, inciso a), del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, amerita una pena que va de quince a cuarenta años de prisión; el delito de CONTRA LA SALUD en la conducta de POSESIÓN SIMPLE DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA y CANNABIS SATIVA I. (MARIHUANA), previsto y sancionado por el artículo 477, párrafo primero, en relación con el 473, fracción IV, 479, tercera y cuarta líneas horizontales de la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, que amerita una pena que va de diez meses a tres años de prisión; y, por el delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81 primer párrafo, en relación con los artículos 9° fracción I y 24, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que amerita una pena que va de dos a siete años de prisión, de lo que puede establecerse que no se está en el caso de prolongación indebida de la prisión preventiva de dicho encausado. Asimismo, del contenido del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, establece: "Artículo 20. (...) X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorados de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención..." Es dable advertir que si bien se ha excedido el plazo de un año a que alude la fracción VIII del citado artículo, este se encuentra dentro de los parámetros que señala la diversa fracción X del mismo precepto constitucional, por lo cual se insiste que el procesado de mérito deberá continuar guardando prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. No es óbice a lo anterior, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008, en que apoya su petición la defensa en el sentido de que, en cuanto a que dicha sala determinó que hasta en tanto no se dicte sentencia toda persona debe considerarse inocente, y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente puede ser sometida a un proceso, y, sobre todo, estar privado de su libertad, no puede ser indefinido, esto es, su duración debe ser razonable, en virtud de que contrario a lo argumentado por la defensa, de la misma ejecutoria se desprende lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver el aludido amparo en revisión determinó no dejar en libertad a la quejosa, por lo que tal argumento no resulta valido para los fines pretendidos por el promovente, ya que como se dijo el hecho que se haya excedido el término previsto para juzgar a su defendido por causas no imputables a éste o a su defensa, no tiene como consecuencia, dejarlo en inmediata libertad. Por lo apuntado, no es procedente conceder la libertad al procesado Antonio Jiménez Tapia. En otro contexto, no se soslaya que en la actualidad existe una reforma constitucional en la que se encuentran nuevas previsiones constitucionales sobre prisión preventiva que; sin embargo, no resultan relevantes desde el punto de vista del principio de aplicación retroactiva de las normas penales favorables, porque lo más beneficioso, dadas, las pretensiones del Defensor Público Federal, es procurar que, en la interpretación que se haga en el presente asunto, se considere la fracción VIII, del artículo 20 constitucional antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, argumentando haber rebasado el término previsto para su juzgamiento. En relación a lo anterior y en específico a lo que dicho profesionista refiere como "haber rebasado el término previsto para su juzgamiento"; puede establecerse el concepto de plazo razonable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a los parámetros para conocer la duración de la prisión preventiva de un procesado. En ese sentido, la Primera Sala aprobó la tesis aislada la. CXXXVIII/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, visible en la página 499, Décima Época, de rubro y texto: Tesis de donde se desprende que cuando transcurra un "plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un lapso excesivo, y todavía no se dicta sentencia, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, en el sistema tradicional tal situación no implica que necesariamente deba ponerse en libertad al imputado, sino que deberá dictarse sentencia sin dilación alguna, dentro de los términos establecidos en la ley. En ese sentido, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, compartió el criterio transcrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al cual se establecen parámetros exactos para conocer cómo ponderar un "plazo razonable" en la duración de la prisión preventiva, con la observación de que en nuestro país el plazo razonable no se basaría en una sospecha de que el imputado perpetró un ilícito, sino en la probabilidad de su comisión. Conforme a ello, consideró que para establecer el plazo razonable, se debe atender a la probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad. También estableció que los jueces fundándose en una prudente apreciación, deberán evaluar en cada caso los factores anteriores en forma razonada y proporcional, para concluir si la persona procesada ha pasado un plazo razonable restringido de su libertad precautoriamente, y sobre esa base dictarán lo que en derecho proceda, para lo cual, deberá realizarse la interpretación de la manera más amplia posible en beneficio, para no afectar la dignidad humana. Asimismo, estableció que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, no establecía que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, el juzgador pudiera pronunciarse respecto de la restricción cautelar de la libertad del procesado antes de que se dicte la sentencia correspondiente; sin embargo, al estar involucrada la libertad personal, se debe analizar si amerita que se tutele, para no vulnerar los principios de "presunción de inocencia", "debido proceso", "pro homine" "plazo razonable" y "dignidad humana", emanados de la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en caso de que el procedimiento se hubiere ralentizado y no exista decisión firme respecto de su culpabilidad. En ese sentido, cabe destacar que similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el toca penal 234/2016 de su estadística, en la que determinó que al no haber transcurrido un tiempo razonable de prisión preventiva impuesta al procesado en cuestión, impone la negativa de hacer cesar o sustituir dicha medida; considerando que aun en el supuesto no concedido que la medida cautelar transgrediera los principios anunciados, de conformidad con la norma constitucional vigente antes del dieciocho de junio de dos mil ocho, al sistema penal anterior al acusatorio adversarial, procedería poner en inmediata libertad al procesado, sino en su caso dictar con toda prontitud la resolución definitiva, conforme a los plazos legales; lo anterior, debido a que la reforma establecida el dieciocho de junio de dos mil ocho, al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se relaciona con el sistema acusatorio adversarial, por lo que no es aplicable a los procesos correspondientes al sistema tradicional; en ese contexto, lo anterior, constituye un hecho notorio para el suscrito de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Colegiado Décimo Segundo de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, página 295 de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. En ese sentido, este órgano jurisdiccional hace suyas las consideraciones del Tribunal de Alzada para reiterar que en el presente asunto no procede poner en inmediata libertad al encausado Antonio Jiménez Tapia, toda vez que al ser procesado de conformidad con la norma constitucional vigente antes del dieciocho de junio de dos mil ocho, lo procedente, de darse el caso, sería dictarle la resolución definitiva en el momento que corresponda." (sic). De lo anterior, se advierte que el Juez responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que dejo insubsistente el acuerdo reclamado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción que le es propia, dictó otro en el cual expuso los fundamentos y los razonamientos lógicos jurídicos por los cuales estimó que no era procedente la inmediata libertad del quejoso, en términos de lo previsto en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, sí fundó y motivó porque no era procedente ordenar la libertad del quejoso, por haberse rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables a él. También atendió lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008 y el juicio de amparo directo número 22/2011, ambos en ejercicio de la facultad de atracción; extractos que el Defensor del quejoso asentó en su escrito respectivo, en cuanto a que dicha Sala determinó que hasta en tanto no se dictara sentencia, toda persona debía considerarse inocente y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente pudiera ser sometida a un proceso, y sobre todo, está privado de su libertad, no podría ser indefinido, esto es, su duración debería ser razonable. Finalmente, el juez responsable precisó que si bien el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en todo proceso del orden penal, el inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, también dijo que aun cuando se ha excedido del plazo de un año a que se refiere dicha fracción, empero se encuentra dentro de los parámetros que señala la diversa fracción X del mismo precepto. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad responsable para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, contrario a lo que afirma el defensor Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y, como tal del aquí quejoso, en su escrito por el que desahogó la vista correspondiente, la autoridad judicial responsable sí fundó y motivó su nueva resolución en la cual determinó que no había lugar a ordenar la libertad de su defendido por los motivos legales anteriormente transcritos. Notifíquese; personalmente al quejoso. IIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta firmado por el licenciado Carlos Elí Torres Ruiz, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por el Juez responsable a la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese. IIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; en atención al registrado 1558, téngase a dicha autoridad informando las medidas adoptadas para dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tocante al registrado 1608, del Juez de referencia, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior y con el diverso oficio número 600, dése vista al quejoso ANTONIO JIMÉNEZ TAPIA, por conducto de su Defensor Particular Carlos Elí Torres Ruíz, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese y cúmplase. IIA

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