Antonio Jarquin Ramirez

Expediente 347/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
347/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Antonio Jarquin Ramirez
  • Ramon Santiago Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de julio de dos quince. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado encargado del despacho por vacaciones del Titular, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso número 3846 por el que se remitió la demanda de amparo promovida por Antonio Jarquín Ramírez y Ramón Santiago Cisneros, así como siete copias de la misma, por medio del cual comunica que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo y se avocó al conocimiento del asunto que este Juzgado le declinó por incompetencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. MESA I A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Antonio Jarquín Ramírez y Ramón Santiago Cisneros, contra actos del Secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca y Director del Centro de Readaptación Social de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; que hacen consistir literalmente en lo siguiente: " IV.-ACTOS RECLAMADOS.- De la Primera Autoridad señalada como Responsable Ordenadora señalamos el AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado en contra de los exponentes ANTONIO JARQUIN RAMIREZ y RAMON SANTIAGO CISNEROS como probables responsables en la Comisión del Delito de SECUESTRO AGRA VADO, cometido en agravio de JUAN GABRIEL JOFRE SIERRA de fecha Veintinueve de Junio del Dos Mil Quince, en el Expediente Penal Número 17/2015 del índice del referido Juzgado, mismo que nos fue notificado en dicha fecha en la noche en el lugar en donde nos encontramos recluidos. De la Autoridad señalada como Responsable EJECUTORA reclamamos la Ejecución Material de los actos antes mencionados". (SIC). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 347/2015. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, por las razones que enseguida se precisan. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción del referido artículo, se aprecia que para determinarse la competencia de un Juez de Distrito debe tenerse en cuenta: a) el lugar donde debe tener ejecución el acto reclamado; b) el lugar en el que se trata de ejecutar; c) el lugar donde se está ejecutando; y, d) el lugar donde ya se ejecutó. De lo anterior, se advierte que la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, se surte en favor de determinado Juez de Distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, pues cuando no existen aún actos tendientes a lograr ésta, cobra aplicación la primera hipótesis, cuando apenas existe la prevención de llevar a cabo la ejecución del acto, opera la segunda, y así, las subsecuentes, en un orden sucesivo que el legislador establece. Ahora bien, en términos del artículo 37 de la Ley de amparo anteriormente transcrito, -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Luego entonces, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 160608, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, de diciembre de dos mil once, tomo 3, Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.), localizable en la página 2183, cuyo rubro y texto se lee: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por tanto, tomando en consideración que la autoridad que emitió el acto aquí reclamado, en el caso, el auto de formal prisión, tiene su residencia oficial en San Carlos Yautepec, Oaxaca, quien pertenece a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, atento a lo previsto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el original de la boleta de turno, así como, el escrito inicial de demanda, junto con sus siete copias simples, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrito a los Juzgados de Distrito en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; solicítese a la autoridad Federal acuse el recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes; dejando copia certificada de la demanda de garantías, en substitución del original, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Casa Marcada con el número 1209 de las Calles de Rayón de esta ciudad (entre Eclipse 70 y Periférico) y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las Agustín Rene Gómez Velásquez y Lamberto Villanueva Agatón y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que mencionan en su escrito inicial. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese. I-A

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