Antonio Jesús Martínez Colina
Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Antonio Jesús Martínez Colina
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ---------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 155/2021 (origen 155/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, por el cual se solicitó notificar a la parte quejosa el contenido del auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, agréguese a los autos la comunicación oficial de mérito y se toma conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a emitir el acuse respectivo por no haber sido solicitado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio de Jesús Martínez Colina, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 444/2021-VI, anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues debe analizarse de oficio, ya que de actualizarse algún supuesto de improcedencia deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social con residencia en Ecatepec a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social, así como su ejecución, la cual tuvo lugar el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, así como la incomunicación de la cual fue objeto al momento de su traslado. En esos términos, respecto del primer acto reclamado, consistente en la orden de traslado del quejoso a un diverso centro penitenciario, ejecutada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues ese acto es susceptible de resolverse mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento. La referida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello en atención a que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional de carácter extraordinario; y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, los quejosos debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Ahora bien, del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ahora, es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que en los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Por ello, el traslado de un reclusorio a otro y su ejecución, que se reclaman en la especie, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debió agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En pocas palabras, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Aunado a que, en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y que entró en vigor el mismo día de su publicación, que en su considerando cuarto señala lo siguiente: "CUARTO. El artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, prevé que se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, a las demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, el artículo 161 de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que el traslado no se lleve a cabo; de ahí que sea posible, excluir la orden de traslado de los casos urgentes de turno." En tal virtud, se DESECHA la demanda de amparo por lo que hace a la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Readaptación Social con residencia en Ecatepec a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social ubicado en el municipio de Ramos Arizpe Coahuila, y su ejecución con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso sea procedente emitir un pronunciamiento sobre la suspensión de plano del acto reclamado, pues la Primera Sala del Alto Tribunal abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.)], de rubro "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.". Lo anterior, se advierte de la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Por otro lado, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la incomunicación de la cual fue objeto el aquí quejoso al momento de ser trasladado del Centro Penitenciario y de Readaptación Social con residencia en Ecatepec a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social, se advierta que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclaman dejan de surtir efectos de manera total e incondicionada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto o sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza, cuando ante la existencia o insubsistencia de los actos reclamados, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubieren otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sobre esas bases, debe indicarse que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que se reclama la incomunicación de la cual fue objeto el aquí quejoso, por parte de las autoridades del Centro Penitenciario y de Readaptación Social con residencia en Ecatepec a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social, quienes con uso excesivo de fuerza lo sacaron de su estancia, y sin permitirle realizar llamada a algún familiar, ni a sus abogados, para que se presentaran en dicho centro a obtener información respecto del traslado del que sería objeto, lo cual aconteció el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que al día en que se presentó su escrito inicial de demanda, ya cesó la incomunicación, pues ya tuvo contacto con sus abogados, tan es así, que el escrito de demanda se encuentra signado por el propio quejoso, aunado a que únicamente hace referencia a que fue incomunicado al momento en que se efectuó su traslado. En consecuencia, es incuestionable que al signar su demanda de amparo, de manera notoria y manifiesta, cesaron los efectos de la incomunicación reclamada. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 103, visible en las páginas 51 y 82 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En tal virtud, también resulta procedente, DESECHAR la demanda de amparo por lo que hace a la incomunicación de la cual fue objeto el aquí quejoso, al momento de ser trasladado del Centro Penitenciario y de Readaptación Social con residencia en Ecatepec a diverso Centro Penitenciario de Reinserción Social en Coahuila, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DOMICILIO Se tienen como autorizados de la parte quejosa a Ángel Brito Salcedo, Elizabeth Cruz Barrera, Aldo Jorge Roberto Cárdenas Anguiano y José Antonio Estrada Ayala, toda vez que su cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los demás personas referidas en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que no cuentan con su cédula profesional se debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene al promovente proporcionando los correos electrónicos elycruzb@hotmail.com, y correo institucional 3373682@pjedomex.gob.mx, y el número telefónico 5518086523; para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "abogado9647378"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesaria Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso, toda vez que el que señala se encuentra fuera de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. Sin embargo, dada la trascendencia del presente acuerdo y toda vez que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en --------------, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06470, Ciudad de México; con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario de su adscripción se constituya en el domicilio del quejoso -------------, y con copia simple del presente proveído le notifique el mismo, a través de alguno de sus autorizados. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de notificación encomendada. EXHORTO A TRANSITAR A JUICIO EN LINEA E INFORMACIÓN PARA LAS PARTES En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.
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