Antonio Hernández Olivares

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Antonio Hernández Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por -----------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, y glósese únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 20 y 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;." En este sentido, se estima que el expediente principal, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo y se negó la suspensión tanto provisional como definitiva. Además, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Por otra parte, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito que no obra en autos la constancia de notificación de la sentencia a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (oficio 11339/2021), en ese sentido, cabe precisar que respecto al acto reclamado a la citada responsable se sobreseyó el presente juicio, toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés legítimo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Área la Dirección de Amparos "A", de la Dirección General Adjunta de Evaluación y Control Procedimental y Amparos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual devuelve el oficio 11339/2021, dirigido a la autoridad señalada por la parte quejosa como "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos", por medio del cual se le notificaba el contenido de la sentencia emitida en el presente asunto el ocho de junio de dos mil veintiuno; atento a su contenido, reexpídase el referido oficio, por conducto de la Secretaría de Economía, al ser dicha Institución la encargada de representar al Ejecutivo Federal en el presente asunto. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    VISTOS para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 261/2021-III, promovido por ---------------, contra actos de la Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ---------------, demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: II.- AUTORIDADES RESPONSABLES Lo es el PRESIDENTE COSNTITUCIONAL DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS. Lo es la PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, CARGO QUE EJERCE EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA. Lo es el SECRETARIO DE SALUD III.- ACTOS RECLAMADOS Del PRESIDENTE COSNTITUCIONAL DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS se reclama la expedición y firma del intitulado DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo."Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2020, específicamente en su apartado I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18) De la COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR se reclama la omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior, así como los vicios formales de su intervención previa a la emisión del "DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2020, específicamente en su apartado "I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.", artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18) Del SECRETARIO DE SALUD la omisión de dar refrendo del "DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2020, específicamente en su apartado . Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación., artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18). SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el juicio de amparo se promueve contra el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo, el cual no tiene ejecución material, por tanto, se surte la hipótesis legal que prevé el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativo a que es competente para conocer del asunto cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y de las diversas constancias que obran en él, se advierte que la parte quejosa reclamó: 1. Del Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos la expedición del DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo., publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado veinticuatro de diciembre de dos mi veinte, específicamente en su apartado I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación., artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 2. Del Secretario de Salud, la omisión de dar refrendo del "DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo., publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado veinticuatro de diciembre de dos mi veinte, específicamente en su apartado "I. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.", artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); y, 3. De la Comisión de Comercio Exterior, la omisión de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior. TERCERO. Inexistencia de actos. En principio, es importante destacar que en aquellos casos en que se reclamen actos omisivos, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de tal acto, por regla general, recae en las autoridades, no obstante, para estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, el Juez de Distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine2. Adicionalmente, además de la existencia de la obligación objetiva, es decir contenida en una norma jurídica, para corroborar la certeza o existencia de una omisión, es necesario que las autoridades tengan o deban tener conocimiento de esa obligación, es decir, es necesario que la autoridad haya estado en posibilidad de saber que tenía que actuar en el sentido que la ley lo mandata; porque de otra manera sería incorrecto atribuir una omisión a una autoridad que no tenía forma de conocer que se había actualizado el supuesto normativo que activaba su obligación. Ahora, por una parte, el quejoso se duele de la omisión del Secretario de Salud, de dar refrendo al "DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado veinticuatro de diciembre de dos mi veinte. Para evidenciar la existencia de su obligación, debemos destacar que de los artículos 90 y 92 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos3, se desprende que los decretos deben de estar firmados por el secretario de estado a que el asunto corresponda, y que sin este requisito no serán obedecidos. Es decir, que para que sea válida la promulgación de un decreto presidencial, es necesario el refrendo por parte de los secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma, sin embargo, dicha disposición no debe ser llevada hasta el extremo de exigir el refrendo de un secretario de Estado, cuando en el mismo se toque, sólo de manera incidental o accesoria, alguna materia4. Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. (.) Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. 4 Lo anterior tiene sustento en la tesis con registro digital, emitida por el Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen CVIII, Primera Parte, página sesenta y cuatro de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS. Por su parte, del artículo 395 del Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se desprende que a dicha secretaria le corresponde, entre otras cosas, conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, así como coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, no así la determinación de impuestos de importación y exportación. Bajo este parámetro, es inexistente la omisión reclamada a la Secretaria de Salud, pues, en el ámbito de sus facultades, no le corresponde el refrendo del Decreto impugnado, ya que no se abordan temas en materia salud o asuntos que deriven de su potestad, ni aun de manera incidental o accesoria. Por otra parte, el quejoso reclama la omisión de la Comisión de Comercio Exterior de emitir el acuerdo y la opinión que establece la Ley de Comercio Exterior. En primer término, a fin de determinar si existe la obligación por parte de la Comisión de Comercio Exterior de emitir el acuerdo y la opinión que reclama, es necesario señalar 5 "Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; II. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad; III.- Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; IV.- Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores; V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los servicios de asistencia pública; VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público; VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento; IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; X. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; XI. Dirigir acciones de inspección médico sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; XII.- Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas; que los artículos 4 y 6 de la Ley de Comercio Exterior6 establecen que el Ejecutivo Federal puede restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la Comisión de Comercio Exterior es el órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los asuntos de comercio exterior, de conformidad con el propio ordenamiento. Ahora, de un análisis practicado al contenido del Decreto impugnado, particularmente de su parte considerativa, se advierte que las medidas arancelarias a que se refiere dicho ordenamiento, cuentan con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, y que para su expedición, el Ejecutivo Federal consultó al referido órgano y tomó en consideración su opinión; de ahí que no sea posible considerar que dicha autoridad haya sido omisa en ese aspecto.7 No pasa inadvertido para este juzgador que la opinión de la Comisión de Comercio Exterior no se encuentra desarrollada en el referido ordenamiento; sin embargo, se estima innecesario tal proceder, en virtud de que, en todo caso, tratándose de las facultades extraordinarias que otorga el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Presidente de la República, para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, crear o derogar otras, restringir o prohibir las importaciones (como acontece en el decreto impugnado); la opinión que aquella emita no es obligatoria ni vincula al Titular del Ejecutivo Federal, pues la razón fundamental de tal atribución es la urgencia en el ejercicio de dicha potestad, lo que lo exime de seguir un proceso para crear una disposición que constitucionalmente tiene el mismo rango que una ley emanada del Congreso de la Unión, e impide condicionar esas facultades a procedimientos o requisitos de valoración, como pudiera ser sujetarlo a la opinión que emita dicha Comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.8o.(I Región) 4A sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera región, de rubro siguiente: COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. LAS OPINIONES QUE EMITE NO OBLIGAN NI VINCULAN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CUANDO EJERCE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es SOBRESEER el juicio respecto las omisiones reclamas, de conformidad con el artículo 63, fracción IV8, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, ya que al rendir su informe justificado aceptó el acto atribuido. Informe que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además las leyes y reglamentos no son objeto de prueba; por ende la existencia de acto señalado en el punto 1, del considerando anterior, resulta ser un hecho notorio para este juzgador, por lo tanto, la existencia del decreto reclamado, se desprende de la publicación del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en representación del Presidente de la República, refirió que la parte quejosa no acredito su interés para promover el juicio. Cuestión que se desarrollan a continuación: I. Interés jurídico y/o legítimo. La responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a su consideración la quejosa no acreditó el interés para promover el presente juicio, ya que no tiene como actividad la importación ni exportación de cigarrillos eléctricos ni dispositivos vaporizadores con usos similares; sino que únicamente se ostenta como usuario y/o consumidor de esos productos. De la fracción invocada tenemos que la improcedencia del juicio se actualiza cuando los actos no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de ese ordenamiento y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el relativo interés legítimo y no el de interés jurídico, pues el perjuicio que alega el promovente lo hace depender de la especial situación frente al ordenamiento jurídico que refiere tener, con respecto a la norma general combatida. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor de la parte quejosa, y que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo, por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica de la quejosa en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole10. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como normas autoaplicativas, 9 Tiene aplicación la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Libro XVIII, Tomo 2, página mil setecientos treinta y tres, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.". 10 Sobre este tema, tiene aplicación la tesis 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el Libro 33, Tomo II, página seiscientos noventa, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. tratándose de interés legítimo, como aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso.11 Del criterio citado, se advierte que en los casos en que los promoventes aduzcan un interés legítimo para combatir una norma de carácter autoaplicativo, no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para analizar si los quejosos cuentan con interés legítimo para impugnar una norma autoaplicativa, debe responderse a la siguiente pregunta: La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? En el caso concreto, el quejoso reclama la expedición del Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles, el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, el Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y los diversos por los que se establecen aranceles-cupo., publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado veinticuatro de diciembre de dos mi veinte, específicamente en su apartado Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación., artículo PRIMERO, inciso a), en el que se crean las fracciones arancelarias 3824.99.83 (Soluciones y mezclas, de las utilizadas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18); 8543.70.18 (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Alternativas de Consumo de Nicotina (SACN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares); y 8543.90.03 (De las reconocidas para lo comprendido en la fracción arancelaria 8543.70.18), que establece: En ese orden de ideas, siguiendo los parámetros del Alto Tribunal, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para impugnar el ordenamiento combatido, en primer lugar, porque el quejoso no ofreció ningún medio de convicción con el que demuestre ser usuario de los dispositivos vaporizadores a que hace referencia el decreto impugnado o consumidor de los productos relacionados con ellos, pues únicamente se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, que es una persona física que padece dependencia al cigarrillo y sus nocivos efectos para la salud, y asevera que encontró como alternativa a su consumo el uso de vaporizadores. Agregó que optó por el "vapeo" de forma libre e informada y sostuvo haber obtenido notables mejorías en su salud y condición física en el corto, mediano y largo plazo, y que debido a la prohibición establecida por el Gobierno Federal en el decreto combatido, ha tenido dificultad para encontrar y adquirir de diversos vendedores los productos que le permitan seguir vapeando En tales condiciones, la quejosa aduce ser un consumidor/usuario, que sostiene la afectación que le causa el decreto reclamado, sobre la base de que ha tenido complicaciones para continuar adquiriendo vaporizadores, a consecuencia de la emisión del decreto aquí impugnado. Al respecto y contrario a lo aseverado por el quejoso, el referido decreto, no contiene una prohibición para el uso de dichos dispositivos electrónicos, lo que en el caso evidenciaría una posible afectación a los derechos fundamentales de dignidad humana y a la libre determinación de la salud y la persona; sino que establece una prohibición a su importación al territorio nacional. Por lo que, en todo caso, para acreditar que la norma general que reclama, efectivamente, irrumpe en su esfera de derechos, de tal forma que le produzca una afectación en mayor grado que a otros individuos sólo por una especial posición frente al orden jurídico, ante la existencia del derecho objetivo y la norma combatida que al impugnar le podría revelar un beneficio (interés cualificado), es necesario que la norma establezca alguna obligación a un tercero que le impacte colateralmente; es decir, que se estableciera alguna hipótesis normativa, cuyos efectos y consecuencias le afecten, y que del contenido de la norma le genera una afectación inmediata. De tal manera que, resulta incorrecto considerar que la operación de la norma impugnada le causa una afectación jurídicamente relevante, esto es, que derivado de ella no pueda conseguir los productos que refiere y menos aún que le impida su uso, puesto que si bien se prohíbe su importación, esa circunstancia no obstaculiza su comercialización o consumo en territorio nacional, de ahí que el quejoso no se encuentre situado en una especial posición frente al marco legal, y que al impugnar la norma general, le pueda generar un beneficio en su esfera de derecho. En otras palabras, la parte quejosa pretende realizar un control de legalidad generalizado o abstracto respecto de la actuación de la autoridad en materia de comercio exterior; sin embargo, no demuestra cómo el acto reclamado o sus consecuencias afectan real, indirectamente su especial situación frente al orden jurídico, tampoco demuestra cuál sería esa situación concreta que se vería beneficiada con la concesión y menos aún, cuál sería el beneficio inmediato o mediato que, con la regulación de la legalidad de los actos que reclaman, podría obtener en su esfera jurídica concreta. Por tanto, como el peticionario del amparo no acreditó el aspecto concreto o situación real en su perjuicio, jurídicamente relevante, derivada del Decreto que reclama, es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, pues si bien todos los individuos tienen interés en que sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no es suficiente para acudir al juicio de amparo, pues incluso tratándose del interés legítimo, los quejosos deben resentir una afectación concreta en su esfera jurídica, por lo menos indirecta de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia norma constitucional. Por tanto, como la quejosa solo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la legalidad de los actos de las autoridades, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se debe sobreseer en este juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por -----------------, por propio derecho, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal dio vista a las partes por el término de ocho días, con el informe rendido por la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en representación de las autoridades responsables: Presidente de la República. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior (Director General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía). Por lo tanto, toda vez que se encuentra transcurriendo dicho plazo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose para su desahogo LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes en la audiencia constitucional de manera virtual, con apoyo en el numeral 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación. Si las partes asisten al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC) y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. En caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia, ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia, de manera física o en línea. Notifíquese a las partes en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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