Antonio Inclán Zárate y Otros.

Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
372/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Antonio Inclán Zárate y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 17-18), mediante el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente por una parte, se desechó de plano la demanda de amparo, y por otra, se tuvo por no presentada la citada la demanda, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la primera certificación secretarial de cuenta, y dado que la quejosa Fidela Hernández Gales, no impugnó el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11-14), por el que desechó de plano su demanda de amparo promovida contra actos del juez Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, y otra autoridad, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes; por lo que efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, visto el estado de los autos y la segunda certificación de cuenta, se advierte que los quejosos Fidencio Perea Avendaño, Antonio Inclán Zárate o Antonio Inclán, Elio Robles Santiago, Esteban García García, Fortunato Torres Zárate o Fortunato Torres, Antonio López Robles, Alberto Avendaño Castellanos, Rolando Rojas Ramírez, Ramón Guevara López, Ladislao Ramírez Valencia o Ladislao Ramírez, Juanito Perea Avendaño, Elvira Nambos Robles, Mateo Calderón Zárate, Manuel López Caus, Irene C. Zárate, Felicita Carbajal Sosa, Luis Nambo Robles, Natividad Pondigo, Alberto López Valencia, Nicandro Guevara López, Eulalia Zárate Aragón, Amelia Mendoza Rey, Francisco Ricardez García, Mario Alegría Rosado, Hiran Mendoza Galiz o Irán Mendoza, Ofelia Ziga García, Timoteo Terán Zárate, Epifanio Cruz Martínez, Gerónimo Mendoza Aragón o Jerónimo Mendoza Zárate, Delfino Bemol Galiz, Rafaela Silva Loaesa o Rafaela Silva Loaeza, Epifanio Martínez Terán, Abraham Martínez Terán, Eliseo Rey López, Hipólito Castillo Perea, Carlos Parra Zárate, Espiridion Robles, Eulalia Sosa Flores, José Zárate Bemol, Gregorio Parra Miñón, Agustín Robles Santiago, Onecimo Mendoza Aragón, Fidel de la Cruz Zavaleta o Fidel Cruz Zavaleta, Sergio Guevara García, Gregorio Santos Fermín, Sara Aragón Gonzales o Sara Aragón González, Francisca Miñón Layata, Cesareo Sosa Morales, Ypolita González, Amparo Aurora Rosado Jijón o Amparo Aurora Rosado, Elena Mendoza Robles, Apolonio Guevara López, Francisca Zavaleta Rea, Adelina Arollo Robles o Adelina Aroyo Robles, Minerva Irribarren Robles, Marcelina Ortega Villalobos, Bernardino Rosales Zárate, David Martinez Gonzalez, Felipe Cartas, Noé García González, Fidelia Méndez Bemol, Enedino Avendaño Velázquez e Hipólito Ramírez Robles, no cumplieron dentro del plazo de cinco días hábiles que se les concedió para tal efecto, con el requerimiento formulado en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se les previno para que regularizaran su demanda de amparo; no obstante haber sido notificados para ello, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, según se desprende de autos (foja 15). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11-14), y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por Fidencio Perea Avendaño, Antonio Inclán Zárate o Antonio Inclán, Elio Robles Santiago, Esteban García García, Fortunato Torres Zárate o Fortunato Torres, Antonio López Robles, Alberto Avendaño Castellanos, Rolando Rojas Ramírez, Ramón Guevara López, Ladislao Ramírez Valencia o Ladislao Ramírez, Juanito Perea Avendaño, Elvira Nambos Robles, Mateo Calderón Zárate, Manuel López Caus, Irene C. Zárate, Felicita Carbajal Sosa, Luis Nambo Robles, Natividad Pondigo, Alberto López Valencia, Nicandro Guevara López, Eulalia Zárate Aragón, Amelia Mendoza Rey, Francisco Ricardez García, Mario Alegría Rosado, Hiran Mendoza Galiz o Irán Mendoza, Ofelia Ziga García, Timoteo Terán Zárate, Epifanio Cruz Martínez, Gerónimo Mendoza Aragón o Jerónimo Mendoza Zárate, Delfino Bemol Galiz, Rafaela Silva Loaesa o Rafaela Silva Loaeza, Epifanio Martínez Terán, Abraham Martínez Terán, Eliseo Rey López, Hipólito Castillo Perea, Carlos Parra Zárate, Espiridion Robles, Eulalia Sosa Flores, José Zárate Bemol, Gregorio Parra Miñón, Agustín Robles Santiago, Onecimo Mendoza Aragón, Fidel de la Cruz Zavaleta o Fidel Cruz Zavaleta, Sergio Guevara García, Gregorio Santos Fermín, Sara Aragón Gonzales o Sara Aragón González, Francisca Miñón Layata, Cesareo Sosa Morales, Ypolita González, Amparo Aurora Rosado Jijón o Amparo Aurora Rosado, Elena Mendoza Robles, Apolonio Guevara López, Francisca Zavaleta Rea, Adelina Arollo Robles o Adelina Aroyo Robles, Minerva Irribarren Robles, Marcelina Ortega Villalobos, Bernardino Rosales Zárate, David Martinez Gonzalez, Felipe Cartas, Noé García González, Fidelia Méndez Bemol, Enedino Avendaño Velázquez e Hipólito Ramírez Robles, contra actos del juez Primero de lo Civil de Salina Cruz, Oaxaca, y otra autoridad. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Por último, hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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