Antonio de Jesús López González y Otros.

Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
255/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • Antonio de Jesús López González y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 20657/2018, signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, recibido vía electrónica a través del módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, del capítulo segundo, sección primera del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se provee: Téngase al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, acusando recibo del oficio 1990-III, por el que se remitió la demanda de amparo promovida por Antonio de Jesús López González, José Alberto Baltazar Sánchez y Gabriel Ramírez Romero, y catorce copias de la misma, por haber declarado este órgano de control constitucional carecer de competencia legal para conocer de la misma, en razón de que fue señalado como autoridad responsable; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, avocándose al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 654/2018, en el libro de gobierno que se lleva en ese Juzgado. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueven ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ ALBERTO BALTAZAR SÁNCHEZ y GABRIEL RAMÍREZ ROMERO, contra actos del titular de este Juzgado y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 255/2018. Previo a la admisión de la demanda de amparo, por ser la competencia presupuesto procesal de orden público, es menester que este tribunal se pronuncie acerca de su competencia para conocer de dicha demanda. Así como en los artículos 37 párrafo primero, 38 y 48 párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo, establecen:.. Conforme a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, será competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción trate de ejecutarse el acto reclamado. Bajo ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se advierte presuntivamente que el acto reclamado trata de ser ejecutado en San Pedro Pochutla, Oaxaca, lugar que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. Sin embargo, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, en razón de que fue señalado como autoridad responsable. Así las cosas, ante la notoria incompetencia legal de este tribunal, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en razón de haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora; con apoyo en las reglas de competencia que prevén los artículos 38 y 48 párrafos primero y quinto, de la Ley de Amparo, este Tribunal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, y se declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, a quien desde luego deberá remitirse el original y las catorce copias de la demanda de amparo de que se trata, exhibidas por los quejosos, así como el original de la papeleta de turno de demanda de amparo, para que proceda conforme a sus facultades legales. Sin que en el caso, se decline competencia a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en razón de que también fue señalado por los quejosos como autoridad responsable ordenadora. En el entendido que los criterios jurisprudenciales aplicables en este auto, se citan de conformidad a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo de cuenta y de la papeleta de turno respectiva. Por otra parte, no ha lugar a pronunciarse con relación a la suspensión del acto reclamado que solicitan los promoventes, en atención a que no se trata de alguno de los mencionados en el artículo 15, de la Ley de Amparo, tal y como lo dispone el diverso artículo 48, párrafo primero, del multicitado ordenamiento legal. Como los quejosos señalan los estrados de este Juzgado, como domicilio para oír y recibir notificaciones, y el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publica en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo piden los quejosos las notificaciones que les correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, háganseles mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tienen por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Rodrigo Ramos García y Luz María Hernández Rojas, quienes justifican estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente por autorizado para recibir notificaciones e imponerse de autos a Rosalino Hernández Santiago, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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