ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO y Otros.

Expediente 719/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
719/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO y Otros.
  • Antonio Humberto Vega Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se negó el amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión, en ese sentido, se precisa que el incidente de suspensión, es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente y el incidente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que los quejosos no desahogaron la vista personal ordenada mediante acuerdo de doce de abril del año en curso, en relación con el oficio y documental allegados por la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación les fue notificada por lista de acuerdos publicada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés -toda vez que al acudir la fedataria judicial de la adscripción al domicilio que tienen señalado en autos para oír y recibir notificaciones, no fue atendida, razón por la cual dejó citatorio-; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional a los quejosos ********************-Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ahome- y********************-Colector Municipal del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica del Municipio de Ahome-, solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, debería realizar lo siguiente: "De manera inmediata deberá dejar insubsistente el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, así como el requerimiento y apercibimiento a la parte quejosa, decretado en el mismo. La protección constitucional se hace extensiva a los actos reclamados a la actuaria adscrita a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, pues no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado a las autoridades ordenadoras.". Sentencia que causó ejecutoria el tres de abril del presente año, al no ser recurrida por las partes. En ese sentido, mediante oficio presentado el nueve de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad -por conducto de la actuaria de su adscripción-, informó que por auto dictado dentro del Juicio de Nulidad 1183/2021-IIIB, el once de abril del presente año, dejó insubsistente el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los requerimientos de cumplimiento de sentencia, y los apercibimientos de multa efectuados a los aquí quejoso, remitiendo la responsable para acredita su dicho copia certificada del auto en mención. De esa documental se advierte que a los quejosos se le ha restituido en el goce de sus derechos humanos violados, es decir, el derecho de impartición de justicia. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los requerimientos de cumplimiento de sentencia, y los apercibimientos de multa efectuados a los aquí quejoso, dictado dentro del Juicio de Nulidad 1183/2021-IIIB; ello a partir de la fecha de notificación del auto en que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Entonces, como se vio, la responsable realizó las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, lo que se aprecia de las constancias remitidas por la misma, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a los quejosos en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que los quejosos no desahogaron la vista personal ordenada mediante acuerdo de doce de abril del año en curso, en relación con el oficio y documental allegados por la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación les fue notificada por lista de acuerdos publicada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés -toda vez que al acudir la fedataria judicial de la adscripción al domicilio que tienen señalado en autos para oír y recibir notificaciones, no fue atendida, razón por la cual dejó citatorio-; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional a los quejosos ********************-Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ahome- y********************-Colector Municipal del Tribunal de Barandilla y Justicia Cívica del Municipio de Ahome-, solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, debería realizar lo siguiente: "De manera inmediata deberá dejar insubsistente el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, así como el requerimiento y apercibimiento a la parte quejosa, decretado en el mismo. La protección constitucional se hace extensiva a los actos reclamados a la actuaria adscrita a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, pues no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia del acto reclamado a las autoridades ordenadoras.". Sentencia que causó ejecutoria el tres de abril del presente año, al no ser recurrida por las partes. En ese sentido, mediante oficio presentado el nueve de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad -por conducto de la actuaria de su adscripción-, informó que por auto dictado dentro del Juicio de Nulidad 1183/2021-IIIB, el once de abril del presente año, dejó insubsistente el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los requerimientos de cumplimiento de sentencia, y los apercibimientos de multa efectuados a los aquí quejoso, remitiendo la responsable para acredita su dicho copia certificada del auto en mención. De esa documental se advierte que a los quejosos se le ha restituido en el goce de sus derechos humanos violados, es decir, el derecho de impartición de justicia. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los requerimientos de cumplimiento de sentencia, y los apercibimientos de multa efectuados a los aquí quejoso, dictado dentro del Juicio de Nulidad 1183/2021-IIIB; ello a partir de la fecha de notificación del auto en que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Entonces, como se vio, la responsable realizó las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, lo que se aprecia de las constancias remitidas por la misma, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido a los quejosos en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite constancia para acreditarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos con el oficio y documental de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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