Antonio Angeles Tellez

Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
642/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Antonio Angeles Tellez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Néstor Alberto Reyes Cervantes en su carácter de Defensor Particular de Antonio Ángeles Téllez; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se observa que la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, Angostura, Sinaloa, ha manifestado el impedimento material para hacerlo, como en líneas posteriores se detallará. Por lo tanto, resulta oportuno hacer la calificativa acerca del incumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable y atento a lo que se dispone en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". El quejoso, Omar Alberto Almodóvar Mondragón, en esta vía constitucional, en esencia reclamó: Del Magistrado de la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa: 1 La resolución emitida el cuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del toca de apelación 65/2017, formado en esa sala con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público dentro de la causa penal 49/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, con sede en Angostura, Sinaloa, pronunciada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo que se emitió por este Juzgado Federal en el diverso juicio de amparo 655/2017, que modificó la que fue su materia, y emitió en su lugar auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de violación agravada por relación de parentesco consanguíneo, contra el imputado aquí quejoso. 2. El dejar sin efecto la suspensión condicional del proceso concedida al imputado. A su vez del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, Angostura, Sinaloa, reclamó: 1. La ejecución de la referida resolución de alzada. 2. Que no se ordenara la modificación de la medida cautelar en libertad que le fue impuesta en la continuación de la audiencia inicial en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y del Director de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, de la Región Zona Centro, reclamó: La materialización de lo ordenado por la Sala de Circuito Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el sentido de resultar innecesario que el personal a cargo de esa unidad continúe supervisando las condiciones impuestas en la aludida solución alterna. Ahora, mediante sentencia pronunciada en el presente juicio el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, negar la protección constitucional solicitada por Omar Alberto Almodóvar Mondragón; resolución que fue impugnada por el quejoso mediante recurso de revisión, correspondiendo su conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, registrándose como toca de revisión número 332/2019; y, por ejecutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, dicho superior determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseyendo por lo que respecta al acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte de Angostura, Sinaloa y concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que expresó en los términos siguientes: 1. ''El Magistrado responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que ordene al Juez de Control dejar insubsistente la audiencia inicial a partir de donde el justiciable decidió acogerse a la duplicidad del plazo a que alude el artículo 19 Constitucional para que se resolviera su situación jurídica, con el fin de que previo a ello, la fiscalía de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso exponiendo los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación que acrediten la existencia de los hechos materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Pues sólo de esa manera la elección de postergar la resolución judicial tendrá como base el previo conocimiento de las razones especificas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiéndole al imputado y a sus defensores, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. 2. Se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos fundamentales del imputado Omar Alberto Almodóvar Mondragón, incluido el de adecuada defensa, en la forma establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 69/2019 (10ª) invocada en esta sentencia, de lo que deberá dejar constancia fehaciente en la videograbación que al efecto se realice. Para lo cual, se precisa que si al momento de requerir al imputado para que designe defensor éste decide no hacerlo, el Juez de Control respecto de la persona que le designe, también deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto, acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, debiendo observar las reglas ya establecidas en la referida jurisprudencia 69/2019, y hecho lo anterior, una vez constatada su calidad, exprese si acepta y protesta el cargo conferido. 3. Hecho lo anterior, el Juez de Control prosiga con el trámite respectivo y resuelva conforme a derecho lo que corresponda. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución, atribuidos a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no combatirse por vicios propios.''. En ese sentido, mediante oficio 163/2020, el Magistrado de la Sala de Circuito Penal Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral, con sede en Culiacán, Sinaloa, informó que, por auto de diecinueve de agosto de este año, dejó insubsistente la resolución de cuatro de enero de dos mil diecinueve; asimismo, acompañó la resolución de veinte de agosto del año en curso, emitida en los autos del recurso de apelación 65/2017, con motivo de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en la que ordenó la reposición del procedimiento de la causa penal 49/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte. Igualmente, se advierte que la resolución de referencia le fue notificada al Juez de origen, mediante oficio 164/2020 enviado por correo electrónico, a fin de que cumpliera con lo establecido en la última parte del apartado III de la consideración cuarta de dicho fallo. En tal sentido, el Juez de Control comunicó que señaló las trece horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil veinte, para la celebración de audiencia inicial para la formulación de imputación, ordenándose como consecuencia la citación de las partes. Posteriormente, mediante oficio recibido el once de noviembre de dos mil veinte, el Juez responsable hizo del conocimiento de este juzgado que fue imposible la celebración de la audiencia inicial señalada en la fecha referida en el párrafo que antecede, en virtud de la incomparecencia del imputado, así como del defensor público, por lo que se señaló como nueva fecha para su verificativo a las trece horas del veintiuno de septiembre de este año. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 2427/2020, mediante el cual la Juez de origen, por las razones ahí expuestas, señaló como nueva fecha para el verificativo de la audiencia inicial, las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de enero de este año, la cual fue cancelada ante la incomparecencia del imputado, señalando de nuevo las diez horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del año en curso para su celebración. En esas condiciones, el diez de marzo de este año, se requirió a la Jueza responsable su cumplimiento, quien remitió el oficio 924/2021, mediante el cual informó que nuevamente fue cancelada la audiencia inicial para formulación de imputación ante la inasistencia del imputado, a pesar de la citación realizada por el personal de actuaria de dicho tribunal. Asimismo, mediante oficio 2407/2021, suscrito por la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en Angostura, informó que en dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, a solicitud del Ministerio Público, se celebró audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, como resultado de las incomparecencias injustificadas del quejoso, a lo largo del proceso, a la audiencia inicial, para la formulación de imputación, programada en diversas ocasiones, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por consecuencia, en la aludida fecha, se resolvió el libramiento de la orden de aprehensión contra el imputado, Omar Alberto Almodóvar Mondragón (aquí quejoso(, por el señalado delito de violación agravada. Manifestándose con esto la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria del presente asunto; adjuntó disco versátil, así como oficio que se acordó el diecisiete de septiembre del actual, y con el cual se le dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniere, cosa que no realizó. En mérito de lo anterior, este juzgador considera que ciertamente, las autoridades responsables no están en posibilidad real de cumplir la ejecutoria emitida en el presente juicio constitucional, ante la reiterada incomparecencia del imputado, aquí quejoso; por lo que se determina la imposibilidad material de su cumplimiento, con base en lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal que se trascribió con anterioridad. Del mismo modo, al efecto encuentra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 23/2018 (10a.), sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017828, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 192, párrafo segundo, de la misma Ley de Amparo y, atento a lo que se ordena en dichas jurisprudencias, en el momento oportuno remítase el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para que provea lo que estime conducente, en relación a tal determinación de este Juzgador, dejando en un cuaderno de antecedentes copia certificada de la ejecutoria de amparo y demás constancias que se requieran para, en su caso, procurar su exacto y debido cumplimiento.

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