Antonio Hinojosa Quintana

Expediente 1055/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1055/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Antonio Hinojosa Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo intentada, proveído que no fue recurrido dentro del término legal Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ? VALORACIÓN: No es de relevancia documental.?DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. ?EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: la parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Por otro lado, devuélvanse al Juzgado Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, la totalidad de las constancias que remitió vía oficio el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, derivado de la incompetencia planteada a este juzgado, toda vez que la parte quejosa promovió la demanda relativa vía amparo directo, consistentes en copia certificadas del expediente **** de su índice, en un tomo y dos sobres con documentos, por resultar innecesaria su retención. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifiquese, personalmente al promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el oficio suscrito por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, girado en el juicio de amparo directo civil 649/2022, de su índice, con el que remite: - Cuadernillo de amparo formado por la autoridad responsable, que contiene el original de la demanda de amparo promovida por *****. - Siete copias de la demanda de amparo. - Oficio 2365. - Copia certificada del oficio 2277. - Legajo de copias certificadas del expediente *****. - Dos sobres con documentos. Lo anterior en virtud que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, con excepción del acto reclamado consistente en la resolución de seis de enero de dos mil veintidós (sentencia definitiva) que se dictó en el juicio de origen. Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional asume la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1055/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TOMO DE PRUEBAS Dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense tres cuadernos de pruebas correspondientes a los tomos I, II y III. ACTOS RECLAMADOS Para efecto de mayor claridad, se precisa que de la lectura íntegra de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente esencialmente señala como actos reclamados los siguientes: 1) La totalidad de los autos, resoluciones interlocutorias, actos del juicio e incluso los dictados en ejecución de sentencia, consistentes en el avalúo, convocatoria de remate, adjudicación y escrituración a terceros a terceros, de un bien inmueble que refiere es de su propiedad; todo ello como consecuencia de la falsa y mala representación que considera tuvo en el juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. 2) La omisión del juez de origen de advertir la invalidez, ilegalidad de lo actuado por su abogado y ordenar oficiosamente la reposición del procedimiento, ante la nula y torpe defensa de la que dice fue objeto. ESTUDIO DE PROCEDENCIA En primer orden, por lo que ve al acto reclamado señalado en el inciso 1), debe decirse que de conformidad con el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Atento a lo anterior, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ésta última del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, tratándose de un particular, que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de una relación en un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Luego, tal como se advierte del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debe entenderse como tal, aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, lo que en la especie no acontece. Se afirma lo anterior, toda vez que el acto reclamado por el quejoso, consistente en la totalidad de los autos, resoluciones interlocutorias, actos dictados en juicio y en ejecución de sentencia, consistentes en el avalúo, convocatoria de remate, adjudicación y escrituración a terceros a terceros, de un bien inmueble que refiere es de su propiedad, todo ello como consecuencia de la falsa y mala representación que dice tuvo en el juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, por parte de la persona que contrató como su abogado; por lo tanto, esas ilegalidades no revisten la característica de acto de autoridad, pues como se narra en la propia demanda de amparo, el quejoso manifiesta que los atribuye a la persona que contrató para que le brindara servicios profesionales de licenciado en derecho, representándolo en el juicio al que fue emplazado como demandado. Por tanto, se tiene que el acto que ahora pretende reclamar en este juicio de amparo, en realidad no fue emitido por autoridad alguna, pues no deriva de una persona u órgano que en ejercicio de la potestad pública, cree, modifique o extinta de manera unilateral situaciones jurídicas concretas en la esfera jurídica del quejoso; en su caso, la afectación que estima resentir proviene de un particular y se vincula con un contrato de prestación de servicios entre el promoverte y ese profesionista en derecho. De ahí que el acto que reclama al licenciado en derecho a quien atribuye una deficiente defensa, no tiene el carácter de autoridad responsable hacia el gobernado, siendo inexistente la relación de supra a subordinación, puesto que deriva de un pacto de voluntades entre dos particulares en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. Por tanto, es incuestionable que lo expuesto por el promovente en la demanda, se trata de actos entre personas que se encuentran en un plano de igualdad, al derivar del mencionado pacto volitivo, el cual carece de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y obligatoria, por lo que no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, en donde las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, sino que el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, lo que se insiste, en el caso no acontece. En ese sentido, si los actos reclamados no se atribuyen a una autoridad, independientemente de su naturaleza formal, el conflicto existente es entre particulares, el cual no puede estar sujeto al análisis constitucional. En ese orden de ideas, se advierte que en este caso los actos reclamados, al ser consecuencia de la falsa y mala representación que dice el quejoso en tuvo el juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, no reúnen las características reseñadas para considerarlos como equivalente a los actos de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas. Sin que tampoco se actualice el supuesto de que pueda considerarse que se trata de actos equiparables a los de autoridad y que, por ello, de manera excepcional el amparo fuera procedente. Esto, porque según se ha explicado las afectaciones que alude las atribuye a la conducta y/o actuación de un particular, con motivo de un contrato o pacto entre ellos, pero no se trata un particular actuando en virtud de sus funciones determinadas en una norma general. Sin que se soslaye el hecho de que no hubiera señalado expresamente al profesionista que refiere, como autoridad responsable, pues lo cierto es que del estudio integral de su demanda se desprende que los vicios que atribuye a la totalidad de las actuaciones en el juicio hipotecario, derivan de lo que él considera como la falsa y mala representación que aduce, frente a lo cual la causa de improcedencia es manifiesta e indudable por los motivos antes señalados. En otro orden de ideas, respecto del acto reclamado consistente en lo que el quejoso identifica como ilegal actuar del juez al admitir y declarar procedentes promociones y pruebas de su abogado e incluso, con base en eso, la omisión de ordenar oficiosamente la reposición del procedimiento ante la nula y torpe defensa de la que dice fue objeto, el amparo solicitado también resulta indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones IV y V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo vigente, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En primer término, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro de juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie. En el caso, como ya se ha precisado, el quejoso refiere reclamar del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, la omisión de haber ordenado oficiosamente la reposición del procedimiento en virtud que las actuaciones realizadas en el juicio por el abogado del quejoso, (quien tiene el carácter de parte demandada en el sumario de origen) a su parecer, generaron diversas violaciones procesales, las que culminaron con sentencia dictada en su contra. En tales condiciones, se advierte que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra, en virtud que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Es decir al tratarse el acto reclamado, como lo denomina el quejoso y lo desarrolla en su demanda, de la actitud del juez al admitir las promociones y pruebas de quien -dice- indebidamente lo representó en juicio e incluso ante la omisión del juez civil de ordenar se "repusiera el procedimiento" en virtud de las violaciones procesales que refiere se cometieron en el juicio hipotecario, resulta que todo ello no provoca alguna afectación actual ni respecto de derechos sustantivos, sino que, en su caso, produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyos efectos consisten o consistieron en que el juicio continuara en la forma como se instauró y como se actuó por su parte, por sí o a través de su abogado, pero sin que se trate de actos que trascendieran de manera inmediata a sus derechos sustantivos. Y, en todo caso, si estima que ello fue así, es decir, que el actuar del juez respecto de lo que el mismo quejoso identifica en su demanda como violaciones procesales; como tales, pudo y debió impugnarlas a través del recurso respectivo en contra del fallo de primer grado y, de ser el caso, a través del amparo directo que promoviera en contra de la sentencia de segunda instancia. Pero lo relevante es que los actos y afectaciones que ahora reclama no son de imposible reparación y, por ello, no son impugnables de manera autónoma en amparo indirecto. Incluso en este caso que ya se dictó sentencia de apelación pues, como se dijo, el quejoso pudo haber combatido ese fallo definitivo mediante amparo directo. Sin que se desconozca que su intención primigenia, al parecer, fue presentar la presente demanda como amparo uniinstancial, sin embargo, por la forma como se formuló, fue desechada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimosexto Circuito y ese acuerdo no fue impugnado, por lo cual causado estado el quince de agosto de dos mil veintidós. Siendo así queda de manifiesto que para combatir los actos de juicio que ahora reclama, el promovente gozaba de su oportunidad de audiencia y al tener la calidad de parte en el juicio pudo hacer valer sus respectivos derechos y cargas procesales. Además, debe señalarse que el quejoso no reclama alguna de las que refiere como violaciones procesales de manera autónoma, sino que descansa su agravio en la actitud que a su parecer debió asumir el juez natural frente a éstas, es decir, se duele de que a pesar de lo que él estima mala actuación de su abogado, el juez continuó con el procedimiento y omitió oficiosamente ordenar su reposición. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". De igual manera, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Ahora bien, del escrito en estudio, se advierte que el quejoso refiere que algunos de los actos que estima le afectan (igualmente derivado de la mala representación de su abogado y lo que estima mala actuación del juez) se han verificado en la etapa de ejecución de sentencia, pero sin que tampoco los hubiera señalado de manera autónoma, sino como parte de las violaciones procesales que dice actualizadas en su perjuicio, en esa etapa. Al respecto debe decirse que el amparo es igualmente improcedente porque de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos antes señalados. De lo que se concluye que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de tal manera que el juicio de biinstancial es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que suceda en ese período de ejecución, como en el caso acontece. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 32/2001. Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Tomo XIII, Abril de 2001. Novena Época, visible a página 31, con número de registro 190035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En la especie, los actos que refiere el quejoso se han realizado en la etapa de ejecución de sentencia, de manera genérica con motivo de las violaciones procesales que alega; sin embargo, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que el procedimiento de ejecución no ha concluido, pues la última actuación realizada es la relativa al señalamiento de fecha para la audiencia de remate, la cual manifestó el juzgador que a la fecha en que rindió su informe justificado, aún no se verificaba. De lo que se desprende que el juicio que dio origen al acto que aquí se reclama se encuentra en etapa de ejecución; sin que a la fecha en que se actúa hubiera concluido y, por ello, como no se ha emitido la resolución definitiva de esa etapa procedimental, la demanda de amparo intentada no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, justamente porque no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Determinación que es acorde con la finalidad de la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues en ese momento se podrán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo cual implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia ejecutoria. Por otra parte, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del quejoso, bajo la condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Al respecto es importante destacar que del análisis de la demanda, no se surte el supuesto de que se estén afectando derechos sustantivos a la parte promovente que sean de imposible reparación y por tanto hagan procedente el juicio de amparo, pues para estimar violados derechos sustantivos a la parte quejosa, el asunto debería situarse en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por tales motivos, al actualizarse respecto de los actos reclamados las apuntadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES El promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón electrónico del poder judicial del Estado de Guanajuato, con el número de suscriptor que refiere, sin embargo, en razón de que ese supuesto no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, no ha lugar a proveer de conformidad su petición. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar a la parte quejosa la notificación del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, así como el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al dos de octubre de dos mil veintidós, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. No obstante lo anterior, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por única ocasión, se ordena realizar la notificación del presente auto de manera personal en el domicilio ubicado en calle *****, de esta ciudad, comisionando a cualquiera de los actuarios de la adscripción para tal efecto, diligencia en la que deberán correrle traslado con copia autorizada de éste. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación

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