Antonio Hermenegildo Contreras Lara

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Antonio Hermenegildo Contreras Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable, sin que haya realizado manifestación alguna. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional determina que el juez Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, atendió el núcleo esencial del fallo protector, pues, dejó insubsistente el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual desechó el recurso de revocación; y, admitió a trámite el citado medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso al encontrarse legitimado para tal efecto, concediendo un plazo de tres días a las partes para que indicaran lo que a su derecho conviniera, precisando que una vez transcurrido dicho término, se dictaría la resolución correspondiente -misma que no forma parte de los efectos de la concesión de amparo-. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, está debidamente cumplida. ARCHIVO En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de las constancias con las que aduce demostrarlo. VISTA CON CUMPLIMIENTO En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada de la misiva de cuenta y anexo, el cual se deja a disposición de la parte quejosa en este juzgado; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la referida autoridad; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la responsable. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, catorce de agosto de dos mil veintitrés. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. En el fallo protector se concedió para el efecto de que la jueza Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés que determinó desechar de plano el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en su carácter de perito tercero en discordia, en contra del auto de trece de ese mismo mes y año; y, 2. Dicte un nuevo auto en el cual, de no encontrar alguna otra causa para desechar el recurso, lo admita a trámite y, llegado el momento procesal, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Sin que esa resolución forme parte del cumplimiento de amparo." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la jueza Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. APERCIBIMIENTO DE MULTA E INEJECUCIÓN Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se les impondrá a cada uno, una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la jueza Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis P. LVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, número de registro 165779, página 12, de rubro y texto: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola". Devuélvase a la jueza Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, las constancias que remitió al presente juicio, en apoyo a su respectivo informe justificado, en tres tomos, por resultar innecesaria su conservación. Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica al fiscal adscrito.

  4. Principal

    SENTENCIA. R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto reclamado a la jueza Primero Civil del Partido de Pénjamo, Guanajuato, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia y para los efectos precisados en considerando sexto de la misma.

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