Antonio Hernández de Lira

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Antonio Hernández de Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, al que anexa testimonio de la ejecutoria de diecisiete de junio del año en curso, dictado en el recurso de queja penal 41/2021, de su índice, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. Notifíquese" Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe Ana María Ortiz Acevedo, defensora pública del quejoso Antonio Hernández de Lira, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinte de abril del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veinte de abril de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Antonio Hernández de Lira, por conducto de su defensora pública Ana María Ortiz Acevedo, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; en consecuencia, con transcripción de este auto, mediante oficio, remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por la promovente y copias certificadas del presente expediente, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Antonio Hernández de Lira, por conducto de su defensora pública Ana María Ortiz Acevedo, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 265/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS- Coahuila"; y su ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Esta juzgadora advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Luego, como ya se acotó, se reclama el traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS- Coahuila"; y su ejecución. Sin embargo, dichos actos previo a ser reclamados por la vía constitucional, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas - no obstante señale la parte quejosa como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones de la capital, pues manifiesta la parte quejosa que no se le dio intervención algún juez darles intervención a Juez alguno para que autorizara el traslado-, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, pues no debe perderse de vista, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad en estudio; de ahí que se actualice de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, se itera, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. Por tal motivo, si la resolución reclamada calificó como legal la orden administrativa de traslado emitida en contra del aquí impetrante, resulta inconcuso que esa determinación, es recurrible a través del recurso de apelación, previsto en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, al no haberse agotado dicho recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se estima que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable; lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues dicho medio de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo acudir al amparo. Finalmente, debe destacarse que en este caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exentos de agotar el medio de impugnación aludido en esta determinación, antes de acudir al juicio de amparo. Se estima lo anterior, pues los actos que se reclaman no se encuentra dentro del catálogo de actos establecido en los artículos 22 constitucional y 15 de la ley de la materia; tampoco se trata de alguno que implique una afectación a la libertad del quejoso en virtud de que, como ya se dijo, el recurrente se encentra interno en un centro de reclusión desde antes de que se llevara a cabo el traslado del que se duele, tampoco se trata de un auto de vinculación y, finalmente, el solicitante del amparo no comparece a esta instancia como tercero extraño al procedimiento en el cual se emitió la determinación reclamada, por ser él quien detenta el carácter de sentenciado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerro del Gato, número mil (1000), Instalaciones de Ciudad Administrativa, Edificio "I" planta baja, en las instalaciones de la Defensoría Pública del Estado en Zacatecas, Zacatecas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3° del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.

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