Antonio Frausto Márquez
Expediente 1079/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Antonio Frausto Márquez
Actuaciones
- Principal
Vista; la demanda de amparo que suscribe Antonio Frausto Márquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se conculcan las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1079/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. En efecto de un análisis íntegro de la demanda de cuenta, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Ello es así, porque los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes." "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." El quejoso señala como acto reclamado: ". la CEDULA de fecha de Dieciocho de Octubre de Dos Mil Diecisiete, por haberse fijado en los ESTRADOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZACATECAS, PARA NOTIFICARME DE LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha Once de Octubre de Dos Mil Diecisiete, dictada por su titular, dentro de los autos del expediente marcado con el número 289/2012 relativo al JUICIO CIVIL ORIDNARIO, en la que promoví la ACCIÓN REAL REINDIVICATORIA en contra de LUIS ALEJANDRO CAMACHO PALMA; toda vez que, dicha CEDULA fijada en los Estrados no contiene el desarrollo de la SENTENCIA sino que únicamente se me notificó el esquema de una SENTENCIA, pero no así la sentencia misma." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: Antonio Frausto Márquez, promovió el juicio ordinario civil la acción real reivindicatoria contra Luis Alejandro Camacho Palma, ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, registrándolo bajo el número 289/2012. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, admitió la demanda y, ordenó emplazar al demandado. Seguidos los trámites correspondientes dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 289/2012, el once de octubre de dos diecisiete, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, dictó sentencia. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria auxiliar en funciones de oficial notificador del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, notifico por medio de cédula de notificación que publico en los estrados del citado órgano jurisdiccional, la sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete; lo que constituye el acto reclamado. De lo antes asentado se desprende que contra la cédula de notificación publicada en los estrados del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, respecto de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 289/2012, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece la nulidad de notificaciones, medio de defensa, por el cual, podía ser modificada, revocada o nulificada, por la propia autoridad responsable, situación que al no haber agotado, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues es ante los Tribunales de la Justicia de la Unión, ante quien se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, contra la cédula de notificación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, fijada en los estrados del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, que por esta vía reclama el quejoso, la ley aplicable, prevé un medio de defensa ante la propia autoridad responsable, que en su caso pudo modificarla, revocarla o nulificarla, por lo que éste debió agotarse sin distinción alguna, ya que por el hecho de estar contemplado por la ley aplicable al caso, está a disposición del interesado para que pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, máxime que el quejoso es parte del procedimiento del que proviene dicho acto reclamado, por tanto al no acreditar en esta instancia constitucional, que agotó el recurso correspondiente, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/85, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cincuenta y uno, Tomo 67, correspondiente a Julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Asimismo, la tesis aislada I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma tiene aplicación al caso, la tesis, visible en la página 252, Tomo: XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Antonio Frausto Márquez, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas y otra autoridad, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al licenciado Miguel Ángel Escobedo Santillán, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en la Plazuela La Palma número ciento uno (101), colonia centro de esta ciudad de Zacatecas.
- Principal
publico por medio de lista el auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, con efectos de notificar a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo que suscribe Antonio Frausto Márquez, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se conculcan las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1079/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. De la lectura integral de la demanda de garantías que nos ocupa, de la que se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma. En efecto de un análisis íntegro de la demanda de cuenta, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se estudia. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Ello es así, porque los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes." "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." El quejoso señala como acto reclamado: ". la CEDULA de fecha de Dieciocho de Octubre de Dos Mil Diecisiete, por haberse fijado en los ESTRADOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JALPA, ZACATECAS, PARA NOTIFICARME DE LA SENTENCIA DEFINITIVA de fecha Once de Octubre de Dos Mil Diecisiete, dictada por su titular, dentro de los autos del expediente marcado con el número 289/2012 relativo al JUICIO CIVIL ORIDNARIO, en la que promoví la ACCIÓN REAL REINDIVICATORIA en contra de LUIS ALEJANDRO CAMACHO PALMA; toda vez que, dicha CEDULA fijada en los Estrados no contiene el desarrollo de la SENTENCIA sino que únicamente se me notificó el esquema de una SENTENCIA, pero no así la sentencia misma." Y, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que: Antonio Frausto Márquez, promovió el juicio ordinario civil la acción real reivindicatoria contra Luis Alejandro Camacho Palma, ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, registrándolo bajo el número 289/2012. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, admitió la demanda y, ordenó emplazar al demandado. Seguidos los trámites correspondientes dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 289/2012, el once de octubre de dos diecisiete, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, dictó sentencia. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria auxiliar en funciones de oficial notificador del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, notifico por medio de cédula de notificación que publico en los estrados del citado órgano jurisdiccional, la sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete; lo que constituye el acto reclamado. De lo antes asentado se desprende que contra la cédula de notificación publicada en los estrados del juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, respecto de la sentencia dictada dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio número 289/2012, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece la nulidad de notificaciones, medio de defensa, por el cual, podía ser modificada, revocada o nulificada, por la propia autoridad responsable, situación que al no haber agotado, vulnera uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es el de definitividad, pues es ante los Tribunales de la Justicia de la Unión, ante quien se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En efecto, contra la cédula de notificación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, fijada en los estrados del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas, que por esta vía reclama el quejoso, la ley aplicable, prevé un medio de defensa ante la propia autoridad responsable, que en su caso pudo modificarla, revocarla o nulificarla, por lo que éste debió agotarse sin distinción alguna, ya que por el hecho de estar contemplado por la ley aplicable al caso, está a disposición del interesado para que pueda ejercitarlo a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, máxime que el quejoso es parte del procedimiento del que proviene dicho acto reclamado, por tanto al no acreditar en esta instancia constitucional, que agotó el recurso correspondiente, contra el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/85, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página cincuenta y uno, Tomo 67, correspondiente a Julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Asimismo, la tesis aislada I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, Tomo VIII, correspondiente al mes de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma tiene aplicación al caso, la tesis, visible en la página 252, Tomo: XI, Junio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por Antonio Frausto Márquez, y que ahora reclama al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jalpa, Zacatecas y otra autoridad, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al licenciado Miguel Ángel Escobedo Santillán, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, más no así para promover, toda vez que no proporciona en su escrito de demanda los datos del documento que lo autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en la Plazuela La Palma número ciento uno (101), colonia centro de esta ciudad de Zacatecas.
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