Antonio Guzmán Díaz, apoderado legal

Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Antonio Guzmán Díaz, apoderado legal
  • Zambrano Abogados S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de febrero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 71/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala; por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente. Se da trámite a recurso de revisión. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; con copia del escrito de agravios córrase traslado a las partes y, una vez integrado debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el original del presente expediente, así como original y copia simple del escrito por el que se interpone el citado recurso y agravios, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con diversa copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Vinculación de expediente. Finalmente, se instruye al Oficial Judicial "A" en cargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que haga disponible el expediente electrónico, formado con motivo del presente asunto, a fin de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso hecho valer, pueda consultarlo y/o vincularlo. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós (foja 112 vuelta), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 519/2022-VI, promovido por ********************apoderado legal de Zambrano Abogados Sociedad Civil,en audiencia pública de derecho, Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la declara abierta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la Secretaria Miriam Atonal Sánchez, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, la Secretaria con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo (fojas 2 a 19); La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 125 a 127); Informe con justificación rendido por la autoridad responsable: Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala (fojas 73 a 74). Proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por interpuesto el recurso de queja por la autoridad responsable, en contra del proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós (foja 60). Auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por recibida la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en la que declaro infundado el recurso de queja y por medio del cual se ordenó la reanudación del procedimiento (fojas 112 a 113). Asimismo, se da cuenta a la Encargada del Despacho con el escrito signado electrónicamente por el Delegado de la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Tlaxcala, registrado en el libro de correspondencia común con el número de promoción 17440. Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, la Secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. La Encargada del Despacho: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Asimismo, téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por el por el Delegado de la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Tlaxcala, a través del cual formula alegatos; por tanto atento a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que a título de alegatos formula; sin perjuicio que los alegatos sean relacionados en el momento procesal oportuno. Con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa consistentes en las documentales que anexó a su escrito de demanda (fojas 20 a 41). La Encargada del Despacho: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria da cuenta con las manifestaciones realizadas por el Delegado de la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Tlaxcala presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós (foja 128 a 133); igualmente, hace constar que las demás partes no los formularon. La Encargada del Despacho: Ténganse por relacionados los alegatos formulados por el tercero interesado; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al no haber más alegatos se cierra el presente periodo. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. SENTENCIA V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 519/2022-VI, promovido por ********************apoderado legal de Zambrano Abogados Sociedad Civil.; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el veintiocho de abril del año en curso a este órgano jurisdiccional, ********************apoderado legal de Zambrano Abogados Sociedad Civil; demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, (.). IV.- Acto Reclamado: a.- La omisión de dar contestación al escrito presentado en ejercicio del derecho de petición, presentado por oficialía de partes con fecha tres de marzo de dos mil veintidós. b.-La omisión de dar tramite y seguimiento al escrito en ejercicio del derecho de petición presentado por oficialía de partes con fecha tres de marzo de dos mil veintidós". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados La promovente del amparo manifestó que se violan en perjuicio de sus representados los derechos humanos consagrados en los artículos 8, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró con el número 519/2022-VI; y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************apoderado legal de ********************se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó dar la legal intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía) Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 51 al 61 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos u omisiones que proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación, trámite y seguimiento del escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, ante la Gobernadora del Estado de Tlaxcala. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado El Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala (fojas 73 y 74), al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada tomando en consideración que de las constancias que remitió la parte quejosa se advierte la solicitud de petición. Es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido.". CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda de derechos. Toda vez que la parte quejosa reclama como acto una omisión por parte de la autoridad, como se advierte en el considerando tercero, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsistan dichas omisiones o negativas, puesto que la abstención o negativa de actuar por parte de las autoridades, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo (quince días). Cobra aplicación la tesis III.5o.C.21 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXI, de mayo de 2005, Novena Época, página 1451, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el delegado de la autoridad responsable, invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la petición que formula la parte quejosa no es originada de una relación de supra-subordinación, sino de coordinación, ya que la solicitud de la parte quejosa tiene relación con un convenio celebrado entre el gobierno del estado y las empresas, así como su cumplimiento. La causa de improcedencia propuesta es infundada. Lo anterior, es así ya que contrario a la estimación del delegado, el acto reclamado que insta en este juicio constitucional la parte quejosa, parte de una relación de supra a subordinación al hacer valer su derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Carta Magna, no así una cuestión particular en la que se evidencie una relación de coordinación como lo expone la autoridad responsable, ya que para que exista una relación de coordinación la doctrina refiere que son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes Así, toda vez que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado como garantía individual, supone su manifestación en una relación entre gobernante (gobernadora del Estado de Tlaxcala) y gobernado (********************apoderado legal de Zambrano Abogados Sociedad Civil), pues la petición se dirige a la autoridad dotada de atribuciones y facultades por la normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal a dar contestación por escrito en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación se supra a subordinación entre el gobernante el gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. En esa línea, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernador y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. De lo anterior, se reitera que la causal de improcedencia que expone la autoridad responsable resulta infundada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". De igual forma, la Jurisprudencia I.1o.A. J/17 (10a.), Décima Época, de texto y rubro siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO NO ESTÁ RESTRINGIDO PARA EL CASO DE QUE EL GOBERNADO MANTENGA UNA RELACIÓN DE TRABAJO CON EL ENTE DEL ESTADO ANTE EL QUE SE FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA. Acorde con lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al gobernado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.", definió que la naturaleza jurídica de la relación entre quien formula la petición y el servidor público al que ésta se dirige debe ser de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de los derechos constitucionales. Lo expuesto es suficiente para concluir que no existe alguna restricción al ejercicio de ese derecho para el caso de que el gobernado mantenga una relación de trabajo con el ente del Estado ante el que se formula la solicitud respectiva, sino que basta que ésta se presente ante un servidor público en su carácter de autoridad para que el gobernado pueda acudir al juicio de amparo a combatir la transgresión de ese derecho cuando no se cumpla la obligación de darle respuesta". SEXTO. Conceptos de violación. Al respecto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos; lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,8 de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Ahora bien, son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en contra de la omisión reclamada, ya que aduce que el Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, no ha dado contestación a la petición que presentó el tres de marzo de dos mil veintidós, a pesar de que ha trascurrido el tiempo suficiente para realizarlo. Al respecto, debe decirse que la parte quejosa acreditó haber realizado su petición en forma pacífica y respetuosa a la autoridad responsable, según se advierte del escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 27 a 41), que adjuntó a su ocurso de demanda. En cuanto a ello, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable omitió acreditar que, hubiera dado respuesta a la petición del quejoso y, por ende, se vulnera en su perjuicio el derecho previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El citado precepto constitucional consagra el denominado derecho de petición a favor de los habitantes de la República, el cual consiste en la facultad que tiene el gobernado para poder dirigirse a la autoridad y la correspondiente obligación que tienen los órganos y servidores que ejercen el poder público, de contestar por escrito los pedimentos y darlo a conocer a los interesados en breve término. Continuando con el análisis del citado precepto constitucional, se observa que la petición a los funcionarios y servidores públicos debe formularse con la concurrencia de dos elementos: Realizarse por escrito; Dirigirse en forma respetuosa y pacífica. Una vez acaecido lo anterior, la autoridad o servidor público a quien se elevó la petición correspondiente, tiene la obligación jurídica ineludible de acordar en relación a la solicitud de que se trate, lo cual deberá llevar a cabo en un breve término. Aunado a lo anterior, cabe considerar que la contestación que recaiga a la petición del gobernado que realizó al servidor público en su carácter de autoridad, conlleva el deber para ésta de dar a conocer a la particular la respuesta a la petición, con independencia de que sea favorable o no a los intereses o fines que se persiguen en la solicitud formulada por escrito, toda vez que así se tiene conocimiento pleno y cierto del acuerdo. En esa virtud, por todo lo referido en líneas precedentes, debe decirse que la autoridad responsable debió dar contestación a la petición formulada por los impetrantes del amparo y notificarle dicha respuesta en breve término; circunstancias que no ocurrieron. En las relatadas condiciones, es evidente la transgresión al derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional de la que se duele la parte quejosa, toda vez que de autos se advierte que a la fecha en que se actúa, la autoridad responsable no ha dado contestación a su petición, misma que fue formulada por escrito, de forma pacífica y respetuosa. Por tanto, debe estimarse violentada en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano a que alude el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho precepto obliga a todas las autoridades a dar contestación en un breve término a las peticiones que se les realicen; asimismo, la expresión "breve término" debe ser considerada como el plazo individualizado al caso concreto y necesario para que las autoridades estudien y acuerden las peticiones respectivas. Aunado a ello, es de considerar lo establecido en el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual establece lo siguiente: "Artículo 19. (.). Fracción IV. Ejercer ante las autoridades estatales y municipales, el derecho de petición, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los titulares y encargados de las dependencias de los poderes del Estado, organismos autónomos y municipios, deberán en un término que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que un particular ingrese su petición por escrito, de responder en la misma forma el acuerdo derivado de su petición.". Del precepto invocado se advierte que en la Constitución del Estado de Tlaxcala, prevé que el término para la contestación al derecho de petición es de treinta días, por tanto, resulta relevante para evidenciar que la autoridad responsable a la data de la presentación de la demanda ha incurrido en la omisión reclamada. Lo anterior es así, pues la petición cuya respuesta reclama la parte quejosa, se realizó mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, ante al Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por lo que los treinta días que prevé el artículo 19, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, han transcurrido en exceso, vulnerando con su actuar el derecho consagrado a favor de la parte quejosa. De ahí que resulta incuestionable que el derecho de petición consagrado en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido conculcado por la autoridad responsable; en consecuencia, es procedente el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, en forma inmediata, dé contestación a la solicitud presentada por la parte quejosa y se lo notifique en breve tiempo a este. Resulta aplicable la tesis VI.1o.A. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO." En tal virtud, con base en las razones antes expresadas, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, en contra del acto reclamado al Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, dentro del término de tres días, la autoridad responsable dé contestación a la solicitud de la parte quejosa y le notifique legalmente dicha respuesta por cualquiera de las formas que refiere la ley. En cuanto a ello se precisa que la respuesta podrá ser o no favorable a los intereses o fines que se persiguen en la solicitud formulada por escrito. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************apoderado legal de ********************contra el acto reclamado al Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por las razones expuestas en esta sentencia y para los efectos señalados en el último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Miriam Atonal Sánchez, secretaria que da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Quejoso solicita. Agréguese a los autos, los escritos signados electrónicamente por Antonio Guzmán Díaz, apoderado legal de la parte quejosa Zambrano Abogados mediante el cual, con fundamento en el numeral 121 de la Ley de Amparo, solicita que se requiera a la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, en su carácter de autoridad responsable, los documentos que en copia certificada le fueron solicitados mediante escrito recepcionado el diecinueve de diciembre de la presente anualidad, lo anterior a fin de demostrar los actos reclamados y probar los antecedentes que constituyen tales actos reclamados. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: De la anterior reproducción, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de dar contestación a su escrito recibido el tres de marzo del año que transcurre, el cual fue recepcionado ante la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Tlaxcala, asimismo, de las constancias que anexó a su escrito de demanda se advierte el original del acuse del referido escrito, el cual constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Atento a lo anterior, considera innecesaria las constancias que solicita sean requeridas a la autoridad responsable, pues las constancias que solicitó corresponden al trámite dado a la petición formulada, respecto de la cual exhibió el acuse respectivo, de ahí que dicha prueba es la que será tomada en consideración para tener por cierto o desvirtuar lo manifestado por la responsable al rendir su informe justificado. Finalmente, por cuanto hace a su solicitud de que se difiera anticipadamente la audiencia constitucional, dígasele que una vez llegada la fecha se proveerá lo conducente.

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