Antonio Garcia Garcia
Expediente 800/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Antonio Garcia Garcia
- Juez de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del once de julio de dos mil dieciocho, (fojas 397 a 401), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Se ordena devolución de documento. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Antonio García García el contenido del proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del once de julio de dos mil dieciocho, (fojas 397 a 401), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Se ordena devolución de documento. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, el referido documento podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días otorgado en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 389), a efecto la parte quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, por su idea jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página 243, tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, mediante resolución constitucional de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 295 a 331), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ""XI DECISIÓN. "106. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 77, fracción I del referido ordenamiento legal, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1) Dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Antonio García García el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio de otorgamiento y firma de escritura 255/2016, acorde a los lineamientos establecidos en esta sentencia. 2) Ordene nuevamente el emplazamiento del demandado Antonio García García, siguiendo las reglas establecidas al efecto en el numeral 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; y, 3) En aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, se deberá llamar a juicio al demandado Antonio García García, en el domicilio ubicado en calle Tizoc número 15, colonia Cardonal, Xaloxtoc, Ecatepec de Morelos, México, que es aquél que "bajo protesta de decir verdad" refirió en su demanda de garantías como el domicilio que habita y, por ende, donde se le puede emplazar. 107. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I; Materia Común; Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". 108. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que como consecuencia se reclaman, con apoyo, en la tesis VI.2o. J/338, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 83, noviembre de 1994, página 69, registro 209878, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 340 a 342). Ahora, mediante el oficio 10569, el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala (foja 349), informó que no se realizó el tiraje de la escritura de compraventa, relativa al juicio ordinario civil de contrato de compraventa 255/2016, promovido por Guadalupe Sánchez García en contra de Antonio García García, el cual remitió al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante oficio 39/2017-AJ, de uno de septiembre de dos mil diecisiete, recepcionado el cinco de septiembre de ese año. No obstante a lo anterior, mediante proveído de seis de junio del año en curso (foja 352), se requirió al Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, a efecto de que comunicaran a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo; ello, sin que obstara que la diligenciaría responsable informó sobre el mismo, sin embargo, no remitió la constancia respectiva, requerimiento el cual se reiteró en proveído de veinticinco de junio siguiente (fojas 357 y 358). Así, en auto de veintiocho de junio del año en curso (foja 389), se tuvo al Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, remitiendo copia certificada del auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, del oficio 727, así como del exhorto 17/2018, dentro del expediente 255/2016, de su índice, de los cuales se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, así como todo lo actuado en el juicio origen, a partir de la notificación del auto de radicación de treinta y uno de agosto de ese año, por lo que ordenó el emplazamiento de Antonio García García, y para tal efecto ordenó girar exhorto al Juez competente de Ecatepec de Morelos, México. Documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, es evidente que las mencionadas autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días. Finalmente, vistos los autos, se advierte que en sentencia definitiva de treinta de abril de dos mil dieciocho, se requirió a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia dictada en autos, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días otorgado en proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 389), a efecto la parte quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, por su idea jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página 243, tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, mediante resolución constitucional de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 295 a 331), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ""XI DECISIÓN. "106. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 77, fracción I del referido ordenamiento legal, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1) Dejar insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Antonio García García el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio de otorgamiento y firma de escritura 255/2016, acorde a los lineamientos establecidos en esta sentencia. 2) Ordene nuevamente el emplazamiento del demandado Antonio García García, siguiendo las reglas establecidas al efecto en el numeral 97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; y, 3) En aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, se deberá llamar a juicio al demandado Antonio García García, en el domicilio ubicado en calle Tizoc número 15, colonia Cardonal, Xaloxtoc, Ecatepec de Morelos, México, que es aquél que "bajo protesta de decir verdad" refirió en su demanda de garantías como el domicilio que habita y, por ende, donde se le puede emplazar. 107. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 287 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I; Materia Común; Décima Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". 108. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que como consecuencia se reclaman, con apoyo, en la tesis VI.2o. J/338, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 83, noviembre de 1994, página 69, registro 209878, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 340 a 342). Ahora, mediante el oficio 10569, el Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala (foja 349), informó que no se realizó el tiraje de la escritura de compraventa, relativa al juicio ordinario civil de contrato de compraventa 255/2016, promovido por Guadalupe Sánchez García en contra de Antonio García García, el cual remitió al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, mediante oficio 39/2017-AJ, de uno de septiembre de dos mil diecisiete, recepcionado el cinco de septiembre de ese año. No obstante a lo anterior, mediante proveído de seis de junio del año en curso (foja 352), se requirió al Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, a efecto de que comunicaran a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo; ello, sin que obstara que la diligenciaría responsable informó sobre el mismo, sin embargo, no remitió la constancia respectiva, requerimiento el cual se reiteró en proveído de veinticinco de junio siguiente (fojas 357 y 358). Así, en auto de veintiocho de junio del año en curso (foja 389), se tuvo al Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, remitiendo copia certificada del auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, del oficio 727, así como del exhorto 17/2018, dentro del expediente 255/2016, de su índice, de los cuales se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, así como todo lo actuado en el juicio origen, a partir de la notificación del auto de radicación de treinta y uno de agosto de ese año, por lo que ordenó el emplazamiento de Antonio García García, y para tal efecto ordenó girar exhorto al Juez competente de Ecatepec de Morelos, México. Documentales a las que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, es evidente que las mencionadas autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días. Finalmente, vistos los autos, se advierte que en sentencia definitiva de treinta de abril de dos mil dieciocho, se requirió a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia dictada en autos, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal.
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