Antonio Gomez Reyes
Expediente 772/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Gomez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depurarse de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del doce de agosto de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 772/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. A lo que el juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente los formuló la representación social adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo se tienen por reproducidos lo alegatos en cita y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, Antonio Gómez Reyes, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados y las autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables: Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad Acto reclamado: a) A las autoridades ordenadoras les reclama la omisión del cumplimiento de las obligaciones que impone la ley para conducir los juicios y evitar que estos se mantengan paralizados; y, b) A la autoridad ejecutora la omisión de cumplir con sus obligaciones constitucionales y procesales consistentes en notificar, y en el presente caso realizar el emplazamiento al demandado "SUTERM". Segundo. Por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: La omisión de las autoridades responsables en ordenar y efectuar el emplazamiento de la parte demandada "SUTERMM", en esta ciudad. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que manifiesta que la tramitación del expediente laboral 2C-2383/2018, es competencia del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que aduce que no es cierto el acto que se le reclama. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la precisada autoridad responsable respecto del emplazamiento de la parte demandada, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Cuarta. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Presidente y actuaria, adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, manifiestan que son ciertos los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Este juzgador advierte que el Presidente y la actuaria de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la actuaria adscrita a dicha junta, se constituyó el seis de febrero del año en curso, en el domicilio señalado por el actor- hoy quejoso-, para emplazar a la parte demandada Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido por sus siglas SUTERM en el domicilio ubicado Rubén C. Navarro, sin número (entre las calles de Alejandro Volta y la Calle Eduardo del Río), en la colonia Electricistas, de esta ciudad, sin poder realizar el emplazamiento correspondiente. Por lo que ante la imposibilidad de la actuaria de realizar el emplazamiento ordenado en proveído de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la Junta responsable mediante auto de trece de marzo del año en curso, dio vista con la razón levantada por la actuaria adscrita y otorgó el plazo de tres días para que la parte demandada proporcionara el domicilio correcto. Por lo que mediante escrito presentado el quince de marzo de la presente anualidad, la parte actora arguyó que el domicilio de la parte demandada Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido por sus siglas SUTERM es en el domicilio ubicado Rubén C. Navarro, sin número (entre las calles de Alejandro Volta y la Calle Eduardo del Río), en la colonia Electricistas, código postal 58290, de esta ciudad; por lo que la junta en proveído de tres de abril del año en curso, ordenó que la actuaria adscrita se constituyera nuevamente en el domicilio proporcionado por la actora para emplazar al sindicato demandado; ante lo cual la fedataria adscrita levantó razón el doce de junio de la presente anualidad, manifestando la imposibilidad que tuvo para emplazar al sindicato demandado, por lo cual en audiencia de uno de julio de dos mil diecinueve, dio vista a la parte actora por si era su deseo proporcionar diverso domicilio, sin embargo, dicha parte volvió a señalar el mencionado anteriormente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J.126/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, del tomo II, libro 36, Noviembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2013079, que a la letra dispone: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO. Tanto en los juicios laborales en los que existe un patrón único como en los que se designa a varios de ellos resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, cuyas disposiciones no hacen distinción entre uno y otro supuestos, por lo que debe inferirse que no fue voluntad del legislador otorgar un trato diverso ni regir la situación de manera particular o destacada, en específico, sobre la carga del trabajador actor de designar el domicilio donde pueda emplazarse al patrón demandado (artículo 739, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo). En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.) (*) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de juicios laborales en los que el actor no proporciona el domicilio para lograr el emplazamiento de un solo demandado o el proporcionado es incorrecto -desde luego, agotadas las posibilidades al efecto e, incluso, dando la posibilidad al trabajador de aclarar o proporcionar mayor información-, es factible que la Junta del conocimiento lo requiera para que aclare o designe uno nuevo bajo el apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigarlo." De la anterior tesis jurisprudencial, se advierte que si la autoridad laboral no logra emplazar a la demandada en el domicilio señalado por la parte actora, la autoridad deberá dar vista a la parte actora para que aclare el domicilio, y si ésta sigue señalando el mismo, la autoridad deberá de tener por no presentada la demanda y no realizar una investigación; por lo que en el caso que nos ocupa, en dos ocasiones la autoridad responsable otorgó la posibilidad a la parte actora para que aclarara el domicilio del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido por sus siglas SUTERM, a lo cual la actora siguió insistiendo en el mismo, razón por la cual la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha podido realizar el emplazamiento de Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido por sus siglas SUTERM, por lo cual queda demostrada que la autoridad responsable no ha sido omisa en realizar el emplazamiento; por el contrario, la parte actora sigue señalando el mismo domicilio a pesar de la imposibilidad material que ha tenido la actuaria adscrita a la Junta responsable. De ahí que no se ha afectado la esfera jurídica de la parte quejosa, pues la autoridad responsable ha dado vista a la parte quejosa para que proporcione diverso domicilio donde se pueda emplazar a la parte demandada Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido por sus siglas SUTERM, en el juicio de origen y la aquí parte quejosa se limitó a proporcionar el ya señalado y a ser omiso a proporcionar uno diferente, ello corrobora la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al Presidente y actuaria, adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, respecto del emplazamiento de la parte demandada, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera, cuarta y quinta del presente fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Gómez Reyes, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en la primera consideración Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente, la actuaria y la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, todos dependientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por las autoridades mencionadas. Finalmente, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva y con dichas documentales se ordena formar un tomo de pruebas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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