Antonio Escobar Calderón
Expediente 918/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Escobar Calderón
- Cesar Antonio Muricio Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 918/2019, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado con el número 16367. Atento a su contenido el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la documentales allegadas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público Federal adscrita los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve [fojas 2-6] Antonio Escobar Calderón, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el número de expediente 918/2019 y en proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite [fojas 7 a 10]; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, se reconoció a César Antonio Mauricio Gil, el carácter de tercero interesado dentro del presente juicio, al ser la contraparte del quejoso en el juicio ordinario laboral 1704/2008 de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además a las constancias del juicio, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, así como del Actuario adscrito a la misma: Todo lo actuado dentro del juicio ordinario laboral 1704/2008, promovido por César Antonio Mauricio Gil, contra Antonio Escobar Calderón y la fuente de trabajo denominada "Herrería Escobar", incluyendo el laudo y su ejecución, así como la orden de embargo en bienes propiedad del quejoso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y al Actuario adscrito a la misma, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado en forma conjunta [foja 15]. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe dichas autoridades responsables, consistentes en copia autorizada del juicio ordinario laboral 1704/2008 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este Juzgador Federal, estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" De los preceptos legales transcritos interpretados sistemáticamente, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando quien se ostente tercero extraño por equiparación, conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado. Se asume de ese modo, porque el aquí promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Sobre el tema, al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando personas extrañas al juicio, comparezcan al amparo indirecto aduciendo no haber sido emplazadas o bien haber sido llamadas de forma ilegal, por lo que no tuvieron conocimiento del procedimiento incoado en su contra y de las constancias del juicio de origen, se advierta que comparecieron al procedimiento común antes de haberse dictado sentencia definitiva, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo -abrogada, actualmente 107, fracción VI-, toda vez que con ese carácter quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. En dicha ejecutoria se estableció que cuando quien es parte en el juicio, no fue emplazado o fue llamado en forma irregular y se hace sabedor del proceso, tiene opción de comparecer antes de que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Y que si opta por agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, debe esperar, en caso de perder, el dictado de la resolución definitiva en el procedimiento y en contra de ésta y de las violaciones procesales promover el amparo en la vía directa. Sin embargo, que si el quejoso que se hizo sabedor del juicio compareciendo a él, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo abrogada, actualmente artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le ha permitido el conocimiento de las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia P./J. 39/2001, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a foja 93, Novena Época, registro 189916, del siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De modo que, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, ya que el accionante de tutela constitucional aduce que no fue llamado a juicio e ignora el laudo y las prestaciones que se le reclaman; sin embargo, de las constancias que integran la contienda natural se advierte que el día veintiocho de mayo del año dos mil nueve, el actuario responsable se constituyó en el domicilio señalado para el emplazamiento del demandado, donde llevó a cabo dicha diligencia personalmente con Antonio Escobar Calderón, quien se identificó con su credencial expedida por el entonces Instituto Federal Electoral con número 1284073552548, la cual asentó el fedatario contenía una fotografía que concordaba con los rasgos físicos del entrevistado [foja 31 del tomo de pruebas]. Luego, el diecinueve de junio de dos mil nueve, dentro el juicio laboral de origen tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a la que compareció el demandado Antonio Escobar Calderón, a quien se le reconoció la personalidad de persona física demandada y responsable de la fuente de trabajo ubicada en la calle Circuito Educadores Mexicanos número 217-A, colonia Profesor Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán; asimismo, se reconoció el carácter de apoderado jurídico del demandado en cita, a Juan Pablo Álvarez García, con base en la carta poder y el registro de inscripción en el RFC otorgada por aquél [fojas 36 a 39 del tomo de pruebas]. De igual forma, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de veintisiete de agosto de dos mil nueve, nuevamente compareció Antonio Escobar Calderón, asistido de su apoderado jurídico Juan Pablo Álvarez García; diligencia en la que la Junta responsable tuvo a la parte demanda compareciendo a juicio, así como dando contestación a la demanda interpuesta en su contra, y ofreciendo las pruebas que a su parte corresponde [fojas 57 a 61 del tomo de pruebas]; por lo que es evidente que la parte quejosa es sabedora del natural y desde entonces dejó de ser tercera extraña. Lo anterior, pese a que en el apartado de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló en su demanda, el quejoso haya señalado que el catorce de agosto de dos mil diecinueve se presentaron en su domicilio el personal de la junta responsable, a fin de requerirle el pago de novecientos mil pesos o el embargo de sus bienes, por concepto de un supuesto laudo, pero no lo encontraron presente; asimismo, señaló que jamás ha sido llamado a juicio legalmente e ignora por completo el laudo que se le reclama. No obstante ello, lo cierto es que de las constancias del juicio de origen, se aprecia que dentro del procedimiento del que deriva el requerimiento de pago y embargo reclamado, el quejoso Antonio Escobar Calderón fue emplazado al juicio de manera persona, y mediante escrito acordado en diligencia de veintisiete de agosto de dos mil nueve, compareció por medio de su apoderado jurídico a dar contestación a la demanda entablada en su contra y a oponer las excepciones correspondientes, así como a ofrecer pruebas [fojas 43 a 48 y 57 a 61 del tomo de pruebas]; constancias a las que de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se les concede valor probatorio pleno, por constituir documentales provenientes de un funcionario revestido de fe pública en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, es evidente que el procedimiento ordinario laboral del que derivan los actos reclamados fue del conocimiento del quejoso Antonio Escobar Calderón desde el veintiocho de mayo de dos mil nueve, en razón de que en esa data el accionante de tutela constitucional fue emplazado en forma personal y además, compareció asistido de su apoderado jurídico a dar contestación a la demanda instaurada en su contra en el juicio de origen. Debe asumirse de tal modo, ya que desde la fecha en que se llevó a cabo su emplazamiento a juicio y se le entregó copia de la demanda y sus anexos, sabía el número del expediente del que derivan los actos que reclama, el asunto del que trataba el mismo, así como el nombre de las partes dentro de ese expediente y el estado procesal en que se encontraba dicho asunto. Más porque, en las constancias del juicio de origen también se aprecia que se exhibió la credencial para votar con fotografía a nombre de Antonio Escobar Calderón, sin que a ese respecto aduzca alguna circunstancia en el sentido de no ser la persona que ahí aparece, ni tampoco dijo desconocer la carta poder o alguno de los documentos que exhibió el demandado al comparecer a juicio. De suerte que, no obstante que el quejoso aduzca que jamás ha sido llamado a juicio legalmente e ignora por completo el laudo que se le reclama, la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio ordinario laboral 1704/2018 debe tenerse como válida, dado que la misma no fue impugnada, objetada o cuestionada a través de los medios legales -objeción de documentos por falsedad en la firma-, a pesar que se le dio vista oportuna con el contenido de dichas constancias que fueron remitidas por la Junta responsable como soporte de su informe justificado; razón por la que este juzgador se encuentra impedido para desconocer cualquier actuación verificada ante el juez de los autos. Es aplicable únicamente por el criterio que contiene, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/194, consultable en la página 1148, Tomo: XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." (Lo resaltado es propio). Bajo las anteriores consideraciones, dado que en las constancias del juicio de origen quedó acreditado que la accionante de tutela constitucional compareció a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter de tercera extraña por equiparación y proceder al estudio del emplazamiento que tilda de ilegal, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley; razón la anterior, por la que se impone al suscrito decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, éste último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo." Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis aislada: IV.2o.C.37 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, visible en la página 1181, Novena Época, registro 172130, del epígrafe y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia." En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, este último aplicado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Escobar Calderón, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en la consideración segunda, y por los motivos que expuestos en la diversa cuarta de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa exhibiera la garantía que le fue fijada en interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en el citado precepto legal la suspensión definitiva concedida al quejoso en la referida interlocutoria deja de surtir efectos hasta en tanto cumpla con tal requisito. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que la parte quejosa no exhibió la garantía que se le fijó al momento de concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que están en condiciones de llevar a cabo la ejecución del mismo hasta que se les informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de dos de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Asimismo, anexan copia certificada del juicio laboral 2C-1704/2008 de su índice, misma que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Con dicha documental fórmese un cuaderno de pruebas, quedando bajo el resguardo de esta secretaría. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora, del estado de autos se advierte se reservó proveer sobre la existencia de la parte tercera interesada hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables, lo que a la especie ya aconteció; al respecto, de las constancias que anexas al informe de cuenta se advierte que César Antonio Mauricio Gil, es la parte actora dentro del juicio laboral donde se ordenó el embargo a favor del aquí quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), se reconoce en este acto como tercero interesado a César Antonio Mauricio Gil, por ser la contraparte del quejoso dentro del juicio de origen. Asimismo, se desprende que el tercero interesado de referencia señaló como domicilio el ubicado en la calle Doctor Miguel Silva, número 486, colonia Centro de esta ciudad. En tal virtud, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, las once horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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