Antonio Garcia Rosello

Expediente 1369/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1369/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Garcia Rosello

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/13/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Bajo esa circunstancia, vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Finalmente, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Presidente Municipal, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve; téngase a las autoridades responsables haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia de los agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia de los agravios formulados, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO". Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple de los agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, LA SENTENCIA de VEINTSIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: ...Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ANTONIO GARCÍA ROSELLO, respecto del proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1369/2019-VI, promovido por ANTONIO GARCÍA ROSELLO; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, ANTONIO GARCÍA ROSELLO, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de quince de octubre del año en curso (fojas 11 a 13), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes combatidas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, por lo que se precisa que lo que reclama la quejosa es: 1.- El proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, todos relativos al impuesto adicional sobre impuestos y derechos municipales, a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página: 1288 del rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." 2.- El cobro de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.), en aplicación de las disposiciones descritas en el punto que antecede. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados que se le reclaman al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad todos del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación respectivamente, en la esfera de su competencia, de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, toda vez que al margen de la solicitud de los informes justificados, de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales extensivo a las leyes estatales y normas respectivas, que se encuentra implícito en lo dispuesto por los artículos 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica, se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". De igual forma, es cierto el acto reclamado al Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el entendido de que en su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye consistente en el cobro de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.), en aplicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, lo que a su vez se corrobora con la declaración de pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles con folio 0315 expedido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca (foja 58), del que se advierte el cobro entre otras de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 94 TER, 122 Y 123 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL)". Comprobante fiscal al que se le atribuye valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración por identidad de razones jurídicas la tesis de la Novena Época, con número de registro 182439, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia: Administrativa Tesis: I.1o.A.120 A, Página: 1492 del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES." Ahora bien, aritméticamente el cobro de la cantidad señalada en el referido comprobante fiscal digital, se explica a razón del dos por ciento (2%), sobre el importe del valor del inmueble, que de acuerdo a la escritura pública número 323,361, es de $1´023,600.00 (UN MILLÓN VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), resultando $20,472.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); dicho porcentaje está previsto en el artículo 94 TER de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. A la última cifra, se advierte que se aplicó el veinticinco por ciento (25%) por concepto del impuesto adicional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.); que sumada a la cantidad mencionada en el párrafo anterior da un total de $25,590.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). Consecuentemente de la declaración de pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles con folio 0315 expedido por la Tesorería Municipal del municipio de Cuernavaca (foja 58), se desprende que indefectiblemente se aplicó lo dispuesto por los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 43/2000, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, registro número 191786, del rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS." En efecto, como se observa en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se establecen los elementos del impuesto adicional al señalarse que es objeto de éste la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio; siendo los sujetos obligados quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos de esos impuestos y derechos y que la tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el artículo 121. Igual consideración se hace por cuanto al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, pues no obstante de que haya negado el acto reclamado, de las constancias exhibidas por el Tesorero de dicho municipio, se acredita la existencia del acto reclamado, mismo que se observa en la declaración de pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles con folio 0315 (foja 58); sin soslayar, que si bien el numerario lo recaudó el aludido Tesorero, éste ingresó al Ayuntamiento del que es el representante político, jurídico y administrativo, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. En las condiciones apuntadas, es innegable que se acredita el acto de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, lo que la posibilita para reclamarlas a través del presente juicio de garantías. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Las autoridades responsables hicieron valer las siguientes causales de improcedencia al rendir el informe justificado: I.- El Congreso del Estado y el Tesorero del Municipio de Cuernavaca argumentaron que la parte quejosa no acreditó la existencia del primer acto de aplicación en su perjuicio de las normas impugnadas, por lo que consideran que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Son infundados los argumentos de las referidas autoridades responsables, en virtud de que, contrariamente a lo que aducen, sí se encuentra acreditado el acto de aplicación de las normas impugnadas, toda vez que éste consiste en el cobro de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.), por parte, del Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos, recaudado en un inicio vía retención por el fedatario ante el que celebraron el acto traslativo de dominio; lo cual está acreditado como se estableció en el considerando tercero de esta sentencia con la declaración de pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles con folio 0315 expedido por la Tesorería Municipal del municipio de Cuernavaca (foja 58), del que se advierte el cobro entre otras de la cantidad de $25,590.00 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 94 TER, 122 Y 123 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL). Dicha cantidad comprende el monto de 20,472.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles previsto en el artículo 94 TER de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.); por concepto de impuesto adicional previsto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Consecuentemente se encuentra desvirtuada la causal de improcedencia analizada. Al no actualizarse causal de improcedencia respecto a la norma combatida ni respecto a su acto de aplicación y no hacerse valer algún otro, debe analizarse su constitucionalidad. QUINTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, suplidos en sus deficiencias, con apoyo en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, en aplicación de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 114/2013, localizable en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, en Materia Constitucional, Tesis 2a./J. 126/2013 (10a.), visible en la página 1288, que es el rubro y contenido siguientes: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Los preceptos citados, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos municipales en la mencionada entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales -cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica-, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos de contribuciones municipales efectuados por los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria. Por consiguiente, el aludido gravamen adicional no participa de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio, pues no se circunscribe a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino que tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos, por lo que es inconcuso que dicho actuar no refleja la capacidad contributiva de los causantes. En efecto, la Segunda Sala del Máximo tribunal del país, en la ejecutoria de la contradicción de tesis en mención, determinó esencialmente lo siguiente: ".Asimismo, es importante destacar que el Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 29/2008, en sesión del doce de mayo de dos mil ocho, señaló que la tasa adicional o sobretasa difiere de los impuestos adicionales, en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos del tributo y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; mientras que en los segundos el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario. En ese orden de ideas, es menester precisar lo establecido en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, los cuales disponen lo siguiente: (se transcribe) Los preceptos legales transcritos establecen los elementos esenciales del impuesto adicional, que deben pagar las personas físicas o morales que tengan a su cargo, directa o solidariamente, pagos por concepto de impuestos y derechos municipales del Estado de Morelos, en los términos siguientes: Sujetos pasivos. Las aludidas personas que realicen los pagos de mérito. Objeto del impuesto: Gravar los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de la entidad federativa en comento. Base gravable: El monto de los pagos que se realicen por las mencionadas contribuciones. Tasa: Es del 25% sobre la mencionada base gravable. Época de pago: En el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. Destino de lo recaudado. Si el tributo se genera por el pago del impuesto de traslado de dominio -se encuentra derogado desde mil novecientos ochenta y nueve, y absorbido o sustituido por el impuesto sobre adquisición de inmuebles, mediante decreto publicado en el periódico oficial del veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve-, así como por enterar los derechos sobre fraccionamientos, el 15% de lo recaudado se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización. Si el impuesto se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. De acuerdo con tales reflexiones, debe puntualizarse que esta Segunda Sala considera que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos de impuestos y derechos municipales en esa entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas, al cual debe aplicarse la tasa del 25%, por lo que es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible, no refleja la capacidad contributiva de los causantes. Se expone tal aserto, pues el impuesto adicional no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino fue estructurado para gravar de manera global todos los pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria; de ahí que no puede estimarse que participe de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula su monto, pues no se encuentra circunscrito a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino tiene por objeto todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos. No representa obstáculo para la mencionada conclusión, que en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se mencione a un impuesto adicional referido al impuesto de traslado de dominio y a los derechos sobre fraccionamientos (el primero se encuentra actualmente derogado y absorbido parcialmente por el impuesto sobre adquisición de inmuebles), por lo que pudiera pensarse que opera como una sobretasa de dichas contribuciones, o que participa de los mismos elementos esenciales del tributo primario y que, por tanto, grava la misma capacidad contributiva afectada en el primer nivel impositivo; toda vez que lo cierto es que en la mencionada disposición únicamente se aclara cuál es el destino que debe darse a los recursos obtenidos por el aludido impuesto adicional, pues si se genera por el pago de aquellos tributos el 15% se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización, habida cuenta que si se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% total recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. En esa tesitura, es inconcuso que el impuesto adicional previsto en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, por lo que es patente que viola el principio de proporcionalidad tributaria." Es importante destacar, que es aplicable el argumento antes citado, toda vez que el impuesto adicional previsto en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada desde el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de octubre de dos mil diecinueve); en términos generales es la misma norma, salvo lo relativo a la distribución del ingreso recaudado, lo que no varía el vicio de inconstitucionalidad advertido, por lo que su estudio en el presente juicio de garantías, se efectúa en los términos que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, lo que motiva a declarar su inconstitucionalidad, en estricto acatamiento a la jurisprudencia definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del ordinal 217 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el cobro del impuesto adicional por $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuesto adicional que materializó la aplicación de los artículos 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, es igualmente inconstitucional. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto ni en el futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que asciende a la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.). Ilustra lo antes dicho, la tesis 2ª.XIV/97, de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 347, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.". Igualmente, la jurisprudencia P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.". En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ANTONIO GARCÍA ROSELLO, respecto del proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $5,118.00 (cinco mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1369/2019-VI.Conste.

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