Antonio García Cruz

Expediente 1695/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1695/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/10/2020

Partes del expediente

  • Antonio García Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación-, se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2° del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. PROMOCIÓN RECIBIDA Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el catorce de julio de dos mil veinte, en el recurso de queja 7/2020, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido, sin que haya lugar a acusar recibo correspondiente en virtud de lo referido en el oficio de cuenta por el Tribunal de Alzada. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido, así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ANTONIO CRUZ GARCÍA y ROBERTO ARELLANO PARRA, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1695/2019-II. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De una lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama: El punto de acuerdo parlamentario aprobado en sesión ordinaria de veintidós de noviembre, concluida el veintinueve de noviembre del año que trascurre que ordena a la encargada del despacho de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, como ente fiscalizador, para que realice los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, al municipio del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, ante los posibles actos indebidos en su fiscalización y rendición de cuentas, con independencia de las sanciones por responsabilidad administrativa o penal que pudieran surgir, así como las que resulten aplicables en los resultados y hallazgos en la fiscalización. El cumplimiento a la orden de realizar los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, al municipio del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, ante los posibles actos indebidos en su fiscalización y rendición de cuentas, con independencia de las sanciones por responsabilidad administrativa o penal que pudieran surgir, así como las que resulten aplicables en los resultados y hallazgos en la fiscalización. A manera de antecedentes del acto reclamado, del escrito de demanda se advierte lo siguiente: Antonio Cruz García, ocupó el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, para el periodo comprendido entre los años 2016 al 2018. Roberto Arellano Parra, el doce de enero de dos mil dieciséis, fue nombrado Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. Mediante oficio ESAF/2278-9/2017, la entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, notificó el inicio a la revisión y fiscalización de la cuenta pública por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Por oficio ESAF/099-9/2018, la entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, notificó el inicio a la revisión y fiscalización de la cuenta pública por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Por misiva 228-8/2019, la entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, notificó el inicio a la revisión y fiscalización de la cuenta pública por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. En sesión aprobada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de Morelos, ordenó a la Encargada de Despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, para que, como ente Fiscalizador realice los procedimientos necesarios para una auditoría especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, de la anterior administración municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. ante los posibles actos indebidos en su fiscalización y rendición de cuentas. Por su parte la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Morelos, señala: "Artículo 2. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Constitución, la Ley y la normativa aplicable, y estará a cargo de un Auditor General de Fiscalización. . Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: [.] II. Auditoría, al proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión o Fiscalización superior se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada; [.] V. Comisión, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. Artículo 7. La fiscalización de la Cuenta pública que realiza la ESAF se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el Programa Anual de Auditorías esté aprobado por el Auditor General; tiene carácter de externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los Órganos internos de control. Artículo 19. La Fiscalización superior de la Cuenta pública tiene por objeto: I. Evaluar los resultados de la Gestión financiera: a) Verificar la ejecución del gasto de las Entidades fiscalizadas, para verificar las (sic) forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo; b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicables al ejercicio del gasto público; c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratados, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública del Estado o los municipios, o, en su caso, del patrimonio del Entes públicos; d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:. II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los Programas: a) Realizar Auditorías del desempeño de los Programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda, y c) Si se cumplieron los objetivos de los Programas y las metas programadas de gastos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. III. Promover las acciones o denuncias correspondiente para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus Auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan, y IV. Las demás que formen parte de la Fiscalización superior de la Cuenta pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los Programas. Artículo 20. Las observaciones que, en su caso, emita la ESAF derivado de la Fiscalización superior podrán derivar en: I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y denuncias de juicio político, y II. Recomendaciones. Artículo 22. La ESAF podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el Programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de Auditorias sobre el desempeño. Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que la ESAF emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta pública en revisión. Artículo 44. El Auditor General enviará a las Entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Legislatura, el Informe de Resultados que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes. Con la notificación del Informe de Resultados a las Entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos. Artículo 46. La ESAF deberá pronunciarse en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las Entidades fiscalizadas. Artículo 61. Si de la fiscalización que realice la ESAF se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, procederá a: I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, la imposición de sanciones a los servidores públicos por Faltas administrativas graves que detecte durante sus Auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; .. Artículo 68. La tramitación del recurso de reconsideración, se realizará por única vez en contra de las multas impuestas por la ESAF, y se sujetará a las disposiciones siguientes: I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de la multa, que contendrá: la mención de la autoridad administrativa que impuso la multa, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, la multa que se recurre y la fecha en que se le notifico, los agravios que a juicio de la entidad fiscalizada y, en su caso, de los servidores públicos, o del particular, persona física o moral, les cause la sanción impugnada, así mismo se acompañara copia de ésta y de la constancia de notificación respectiva, así como las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervinientes que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la sanción recurrida; II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artículo para la presentación del recurso de reconsideración, la ESAF prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un plazo no mayor a cinco días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su presentación; III. Una vez desahogada la prevención, la ESAF, en un plazo que no excederá de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el desechamiento del recurso. El recurso será desechado, cuando se ubique en alguno de los siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no afecten los interese (sic) jurídicos del promovente; no se exprese agravio alguno; o si se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción recurrida; IV. La ESAF al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y supervinientes ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y V. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la ESAF examinará todos y cada uno de los agravios hachos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los sesenta días naturales siguiente (sic), a partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión. El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita la resolución respectiva, en este caso, la ESAF lo sobreseerá sin mayor trámite. Artículo 69. La resolución impugnada que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la multa impugnada. Artículo 70. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice el pago de la multa en cualesquiera de las formas establecidas por el Código Fiscal del Estado de Morelos. De los anteriores dispositivos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Morelos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" De la fracción transcrita del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo el amparo indirecto procede: La resolución definitiva dictada en dicho procedimiento; Actos dictados dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Ahora, como quedó apuntado, la parte quejosa se duele del Punto de acuerdo parlamentario aprobado que ordena a la entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, como ente fiscalizador, a realizar los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, de la administración municipal del Ayuntamiento de Huitzilac. Por un lado, se advierte que el acto combatido no se trata de la resolución definitiva dictada dentro de un procedimiento administrativo, toda vez que en éste únicamente se ordena iniciar los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018. Por ello, no se actualiza el inciso a) de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo que se intenta. Por otra parte, tampoco se advierte que el acto combatido sea de imposible reparación para los quejosos, toda vez que como se indicó, únicamente se ordenó iniciar los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018 de la anterior administración municipal del Ayuntamiento de Huitzilac. Ahora, es necesario indicar que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que implica que el inicio de un procedimiento, que sólo produce una afectación de naturaleza adjetiva, no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la norma fundamental que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, catalogados como de imposible reparación. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos después de concluido el juicio de origen, al tener una ejecución de imposible reparación. Se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, toda vez que el acuerdo parlamentario aprobado que ordena a la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado, como ente fiscalizador, realizar los procedimientos necesarios para una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, de la administración municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, no afecta materialmente derechos sustantivos, entendidos como aquellos que son tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, habida cuenta que tal determinación se emitió para dar inicio de un procedimiento de auditoría, por lo que con dicha orden, no se le está imponiendo alguna acción o recomendación de presunta responsabilidad administrativa o denuncia penal y de juicio político, tampoco se le está promoviendo ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, la imposición de sanciones por alguna falta administrativa grave en que haya incurrido. En efecto, el acto reclamado únicamente tiene efectos dentro del procedimiento, sin embargo no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo dentro del procedimiento que de acuerdo a lo manifestado por el propio quejoso se aperturó, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a los quejosos, ni de los que les causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el acuerdo reclamado emana de un procedimiento; esto es, sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, toda vez que en caso que de la revisión de la cuenta pública existiera alguna observación, los quejosos pueden solventarla para así obtener un informe favorable. En caso contrario, de considerar la existencia de alguna irregularidad y se les legar a sancionar con la imposición de alguna multa, pueden interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Morelos. Además, en caso de que se llegare a determinar presunta responsabilidad administrativa, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso puede promover ante la Sala especializada del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la imposición de sanciones a los servidores públicos en caso de faltas administrativas graves derivado de las auditorías practicadas, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; procedimiento en el cual -de igual forma- tiene la oportunidad de comparecer, alegar y ofrecer pruebas para en su caso, obtener resolución favorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del procedimiento, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva dictada en el procedimiento, sino en que, con motivo de resolución favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III del artículo 107 la Ley de la Materia. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el hecho de que la autoridad responsable haya ordena a la Auditoria de Fiscalización del Congreso del Estado, como ente fiscalizador, que realice los procedimientos necesarios para practicar una auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, de la administración municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, si bien la consecuencia de tal determinación conlleva a que se lleve a cabo el inicio de un procedimiento; sin embargo, con el acto que en esta vía reclama no se afectan derechos sustantivos de los quejosos, porque en éste no se está imponiendo alguna acción o recomendación de presunta responsabilidad administrativa o denuncia penal y de juicio político, tampoco se le está promoviendo ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, la imposición de sanciones por alguna falta administrativa grave en que haya incurrido, sino únicamente se le ordena realizar los procedimientos necesarios para verificar la auditoria especial a las cuentas públicas de los años 2016, 2017 y 2018, al cual puede acudir y hacer valer los derechos que estime pertinentes. Si bien el acuerdo reclamado es susceptible de causar consecuencias legales, pero sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que la determinación adoptada por la responsable no coarta derecho alguno de los impetrantes que se catalogue de imposible reparación, pues no les está negando el acceso a la justicia ni mucho menos transgrediendo el debido proceso. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no se trata de la resolución definitiva y tampoco es considerado como un acto de imposible reparación. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción III de la Ley de amparo, interpretado a contrario sensu por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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