Antonio García Orozco
Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Antonio García Orozco
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de doce de mayo del año en curso, del que se desprende que causó estado el auto que desechó el recurso de revisión 246/2021 de su índice y devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la actuaria adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 246/2021, asimismo, del contenido del oficio de cuenta se advierte que se desechó de plano el recurso de referencia; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, hasta en tanto, se reciban los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Colima, Colima, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual se interpone recurso de revisión contra el auto que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito el original y copia del escrito en el que se formulan los agravios correspondientes, así como el original del juicio. En el entendido de que al haberse desechado la demanda de amparo, no se emplazó a la autoridad responsable, no a las demás partes, motivo por el que no se remiten las notificaciones respectivas. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * contra actos del Juzgado de lo Penal de Tecomán, Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 547/2021-IV. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado del juez responsable, el acuerdo de catorce de mayo del año en curso, en el que omite dar contestación a las peticiones realizadas con motivo de las conclusiones acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público, en la causa penal 10/2019, del índice del Juzgado Penal de Tecomán, Colima. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este contexto, es preciso destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, (en adelante ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, el cual previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los artículos 107, fracción V, y 61 fracción XXVIII, de la Ley. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción V, de la ley, prescriben lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aqullas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguiente:: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los siguientes casos. (.) b).- Contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De estos preceptos se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que México es parte. Para comprender el alcance de este supuesto de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rifen ese juicio, que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo, Solo hasta ese momento, la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro de juicio. Para comprender el alcance interpretativo de estas normas con referencia a los actos de imposible reparación, convine mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el punto de vista jurisprudencial, determinó en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción V, de la Ley, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en procedimientos administrativo seguidos en forma de juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimienos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que estos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, que consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias del máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como la abrogada Ley de Amparo, que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo los que produzcan una violación de carácter predominante, debe reclamarse, en su momento, a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. (10ª.) 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTADO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P/J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DE 3 DE ABRIL DE 2013)". A partir de las premisas apuntadas, se concluye que la omisión reclamada no constituye un acto de imposible reparación en los términos del artículo 107, fracción V, de la ley, en razón de que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues en su caso, concurre en un plano procesal. Lo anterior es así, porque el hecho de que el Juez Penal de Tecomán, Colima, en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, haya sido omiso en contestar todas y cada una de las peticiones realizadas por el aquí quejoso, en el escrito donde da contestación a las conclusiones acusatorias formuladas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Tecomán, Colima, en la causa penal 10/2019, no le trastoca algún derecho que rebase lo puramente procesal, que no sea susceptible de repararse, en su caso, cuando se impugne la resolución definitiva dictada en la causa penal de origen. En efecto, la afectación que dice resentir es meramente formal y reparable si obtiene una resolución favorable, o bien, combatible a manera de procesal cuando se impugne el fallo definitivo que dirima la causa penal natural. De ahí que se estima que el acto reclamado no produce una afectación irreparable a derechos sustantivos, dado que se trata de cuestiones de naturaleza adjetiva o procesal. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracción V, de la ley, interpretado en sentido contrario, por lo que con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Respecto a la solicitud del quejoso para que las notificaciones se le realicen a través del correo electrónico ajenjible@hotmail.com o en el número telefónico que proporciona, dígasele que no es procedente, en virtud de que la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de esos medios, pues para ello precisamente se creó el expediente electrónico, no obstante no solicita el acceso al mismo ni proporciona el usuario respectivo, como tampoco señala domicilio procesal; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, se realicen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la circunscripción o zona conurbana de este órgano jurisdiccional. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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