Antonio Díaz Valencia y Otros.
Expediente 1198/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Antonio Díaz Valencia y Otros.
- Antonio Díaz Valencia
- Aurelio Díaz Valencia y Otros.
- Juan Carlos Ochoa Gómez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro y dos cuadernos de pruebas, además remite copia autorizada de la resolución, dictada en el recurso de revisión 277/2020, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento no impugnado. SEGUNDO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1198/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, promovido por los quejosos * * y otros, por conducto de su apoderado legal * * * , por las razones indicadas en la parte final de esta ejecutoria." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. En consecuencia, resultan innecesario los tomos de constancias formados con motivo de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable; por tanto devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, asimismo, se advierte que sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, al haberse negado la medida cautelar solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo y número 3 del punto 8.1.2. del Capítulo 8 Expedientes Destruibles, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de 2020. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para el efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional, a recuperar los documentos originales que exhibió en su demanda de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente cuaderno, tal y como lo señala el segundo párrafo, del artículo 21 del referido acuerdo. En la inteligencia de que deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", a efecto de recoger los referidos documentos, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 6, último párrafo del referido Acuerdo General 21/2020. Además, se exhorta a dicha parte que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. debidamente incorporados al expediente electrónico.
- Principal
Del estado procesal del sumario, se advierte que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; por tanto, remítanse al Tribunal Colegiado, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la revisión, y el original del expediente en que se actúa, y dos cuadernos de pruebas relacionados al mismo. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el que la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las restantes partes con el escrito de agravios. Asimismo, se comisiona al secretario encargado del trámite de este juicio de amparo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que esté debidamente integrado el asunto (que obren las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y de este acuerdo), remita el expediente de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 1198/2019, promovido por * * y otros, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima, Colima, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 2°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este juzgado Segundo de Distrito, * * , por conducto de su apoderado legal; y otros, en su calidad de comuneros de la Comunidad Indígena * * Michoacán (en adelante, quejosa o agraviada o porte quejosa o parte agraviada), por propio derechos, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se precisan: ".III. AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 38 CON RESIDENCIA EN COLIMA, ESTADO DE COLIMA con domicilio ubicado en Av. José G. Alcaraz 1651, Fraccionamiento Real Vistahermosa, Colima, Colima. C.P. 28018. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable reclamamos: PROVEÍDOS DE FECHAS 14 DE MARZO, 16 DE AGOSTO Y 05 DE DICIEMBRE TODOS DEL AÑO 2019 EMITIDOS EN EL JUICIO AGRARIO 147/2019 DEL ÍNDICE DE LA RESPONSABLE, por los que se concede a los terceros interesados medid precautoria consistente en la exhibición de billetes de depósito de las cantidades que garanticen los beneficios económicos que le pudieran corresponder a los terceros interesados (aproximadamente 55 personas) cada vez que la persona moral "Las Encinas", Sociedad Anónima de Capital Variable haga entrega de beneficios económicos, por cualquier concepto, a los 465 comuneros y comuneras de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila, Municipio de Aquila, Michoacán, establecidos por los convenios modificatorios de ocupación temporal y de regalías, ambos de fecha 20 de febrero de 2019; ORDEN EMITIDA EN EL JUICIO AGRARIO 147/2019, PARA RETENER ARBITRARIAMENTE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS de los 465 comuneros y comuneras indígenas de la Comunidad de San Miguel Aquila, derivados de los convenios modificatorios de ocupación temporal y de regalías, ambos de fecha 20 de febrero de 2019; MODIFICACIÓN ARBITRARIA MEDIANTE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGADA EN EL JUICIO AGRARIO 147/2019, DE LOS TÉRMINOS EN LOS QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS DE SAN MIGUEL AQUILA, MUNICIPIO DE AQUILA, Michoacán celebro con la empresa "Las Encinas", S.A. de C.V., convenios modificatorios de ocupación temporal y de regalías, ambos de fecha 20 de febrero de 2019; Respecto de dichos actos reclamados tuvimos conocimiento el 12 de diciembre de 2019." SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 1198/2019-III; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar, por conducto de su representante legal, a Las Encinas, sociedad anónima de capital variable [en adelante, tercero perjudicado] a fin de que alegaran lo que a su derecho convinieran y ofrecieran pruebas; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, el tres de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, página: 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como, del análisis integral de los escritos de demanda, ampliación y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: Los autos de catorce de marzo, dieciséis de agosto y cinco de diciembre todos de dos mil diecinueve, dictados en el juicio agrario 147/2019, por los que se concede a los actores y coactores la medida precautoria para el efecto de que la moral demanda Las Encinas, sociedad anónima de capital variable, exhiba billetes de depósito, cada uno por la cantidad $113, 637.00 (ciento trece mil seiscientos treinta y siete pesos), emitidos por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima. La orden emitida en el citado juicio agrario 147/2019, para retener arbitrariamente los beneficios económicos de los quejosos, derivados de los convenios modificatorios de ocupación y de regalías, celebrados entre la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán y Las Encinas, sociedad anónima de capital variable, de veinte de febrero de dos mil diecinueve. La modificación arbitraria de los convenios modificatorios de ocupación temporal y de regalías, de veinte de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos de citado juicio agrario, mediante las medidas cautelares. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32.que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado la autoridad responsable, negó la existencia del acto reclamado identificado en los incisos b) y c) del considerando que antecede, que le atribuye; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la Tesis Jurisprudencial 284, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Apéndice de 2011, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Lo anterior, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima, Colima, consistentes en las copias certificadas del expediente agrario 147/2019, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, página: 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis respecto a la certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, identificado en el inciso a) del considerando de fijación del acto reclamado, consistente en los autos de catorce de marzo, dieciséis de agosto y cinco de diciembre, todos de dos mil diecinueve, dictados en el juicio agrario 147/2019, por los que se concede a los actores y coactores la medida precautoria para el efecto de que la moral demandada Las Encinas, sociedad anónima de capital variable, exhiba billetes de depósito, cada uno por la cantidad $113, 637.00 (ciento trece mil seiscientos treinta y siete pesos), emitidos por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima; por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima, Colima, aceptó la certeza del acto reclamado. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231,que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación las referidas autoridades responsables, consistentes en las copias certificadas del expediente agrario 147/2019, mismas que este juzgador ya les concedió el valor probatorio correspondiente. En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado identificado en el inciso a); en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571; que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, Tesis:, página: 353, registro 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". En ese contexto a consideración de este juzgador, se advierte que respecto al acto reclamado identificado en el inciso a), se actualiza a causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicados en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica, en la tesis LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Por tanto, se hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, y 107, fracción I, Constitucional, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para activar la función jurisdiccional. Expuesto lo anterior, debe precisarse que los artículos 32 y 33 de la Ley de Agraria vigente, disponen lo siguiente: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; (.)." De los aludidos preceptos se advierte que el comisariado es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa de los Bienes Comunales, que estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. De igual forma, se advierte que son facultades y obligaciones del comisariado representar al núcleo de población comunal y administrar los bienes comunes del núcleo ejidal, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, la personalidad del Comisariado de Bienes Comunales de Comunidad Indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán, ha sido reconocida por que la han acreditado con las diversas actas de asamblea exhibidas en los autos del expediente agrario 147/2019, además, que afecto de defender los derechos de la comunidad indígena que representan fueron emplazados al citado juicio. En esta tesitura, resulta evidente que en términos del artículo 32 de la Ley Agraria, el único que puede representar a la Comunidad Indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán, es el Comisariado de Bienes Comunales; por ende, la emisión de los actos reclamados consistentes en todo acto que implique una afectación o privación de la propiedad, posesión y disfrute de la Comunidad de San Miguel Aquila y sus comuneros, no puede ser impugnado por los aquí quejosos a través del juicio de amparo, por no encontrarse legitimados para ejercitar la acción constitucional; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. Además, el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles." Del artículo transcrito se advierte que la personalidad en el juicio de amparo se justificará en la misma forma que determine la ley que "rija la materia de la que emane el acto reclamado"; por tanto, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Agraria (ley de la materia), el comisariado es el órgano encargado de la representación de los bienes comunales. En efecto, en el caso materia del presente contradictorio, se considera que los quejosos carecen de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no prevé la figura de representación sustituta a fin de hacer valer los derechos agrarios de los Bienes Comunales, como pudiese suceder una pretensión de los quejosos, aunque no lo manifiesten directamente así; y, por tanto, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por los quejosos respecto a que el acto reclamado pudiera afectar de manera indirecta (interés legítimo), a los comuneros quejosos, ya que como se ha dicho, en términos del artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo cuando acuda al juicio de amparo contra resoluciones o actos provenientes de tribunales agrarios; es decir, acreditar interés jurídico. De ahí que se cada uno de los promoventes no tiene legitimación procesal para instar a nombre propio ni por cuenta del núcleo de población, porque debe recordarse que el acto reclamado, deriva del juicio de origen en donde se está demandando a los Integrantes del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de la Comunidad de Indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, a quienes se les demanda la nulidad de la convocatoria de veintiuno de febrero de dos mil nueve, así como el segundo convenio modificatorio de ocupación temporal sobre los bienes comunales de la Comunidad de Indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, y el convenio de regalías de veinte de febrero de dos mil diecinueve, únicamente en lo referente reparto de pago de regalías u contraprestaciones de dichos contratos sea entre 465 comuneros, sobre los bienes comunales de la Comunidad de Indígena de San Miguel Aquila, Michoacán, por lo que es claro que los actos reclamados surgen con motivo de los bienes de uso común de dicha comunidad quien se encuentra representada por los Integrantes del Comisariado, quienes incluso son electos por los comuneros que integran la comunidad, de ahí que no pueden venir de manera individual defendiendo derechos de uso común, como en el caso acontece. Aceptar lo contrario, sería como aceptar la posibilidad de que cada uno de los integrantes de la comunidad pudiera acudir al juicio de amparo, reclamando las mismas violaciones que éstos, alegando desconocimiento del juicio, lo que provocaría una serie interminable de juicio de amparo. Además, no se advierte que aleguen algún acto que afecte sus derechos individuales. Por lo tanto, se insiste, el único facultado para combatir ese procedimiento es el comisariado, no los quejosos en particular. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 8, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente: informes, informe 1974, Parte II, visible a página treinta y dos, séptima época, registro 815165, materia administrativa, de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. AMPARO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO POR EJIDATARIOS, CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTA AL NÚCLEO DE POBLACIÓN EN SUS DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS. Cuando los actos afectan al núcleo de población solicitante de una ampliación de ejido, resulta improcedente el juicio de amparo promovido, por su propio derecho, por algunos campesinos integrantes del mismo núcleo; ya que, en tales circunstancias, carecen de legitimación activa en virtud de que, en los términos de los artículos 12 y 16 del Código Agrario (17 y 18 de la Ley Federal de la Reforma Agraria ), la representación legal del núcleo solicitante de la ampliación corresponde a su comité ejecutivo agrario". Así como la diversa Jurisprudencia 368, con registro 391258, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, tomo III, Parte SCJN, visible a página doscientos sesenta y nueve, materia administrativa, del tenor literal: "REPRESENTACION SUBSTITUTA DE NUCLEO EJIDAL EN AMPARO. NO ES DE ADMITIRSE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. La circunstancia de que en los casos previstos en el artículo 116 bis de la Ley de Amparo la demanda esté sujeta a menos requisitos que en otras materias diferentes de la agraria, no autoriza para estimar que esa demanda puede ser interpuesta por quien carece de legitimación procesal activa; y aun cuando en los juicios de amparo en materia agraria debe suplirse la queja cuando ésta es deficiente, únicamente será ello factible cuando el quejoso esté legitimado para promover el amparo, no debiendo llevarse al extremo de violar las normas establecidas en materia de personalidad". Además, la representación sustituta no se encuentra prevista en la Ley de Amparo vigente, pues dicha figura se encontraba contemplada en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, estamos ante un escenario jurídico distinto, en atención a que los actos reclamados en esta instancia constitucional se ventilan a la aplicación de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que el acto reclamado y analizado en el presente considerando se emitieron el catorce de marzo, dieciséis de agosto y cinco de diciembre todos de dos mil diecinueve, fechas en que se encuentra vigente la citada Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual resulta aplicable al caso, en la que no se contempla dicha figura, dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 213. Tiene representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: (.) II.- Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 70/2014 (10a.), publicada en la página 141, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "OPORTUNIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN CONTRA DE ACTOS DICTADOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESA LEY Y RESPECTO DE LOS CUALES, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ACTUAL LEY DE AMPARO, AÚN NO HABÍA VENCIDO EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN ESE PRECEPTO DE LA LEY ABROGADA. El régimen transitorio de la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna respecto de la oportunidad para promover el juicio a partir del 3 de abril de 2013, contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, respecto de los cuales no hubiera vencido el plazo de 30 días previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo abrogada, para la presentación de la demanda. Por ende, con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de alguna norma expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo para establecer que la impugnación de los actos en cita se rige por las disposiciones de la abrogada, esto es, son impugnables a través del juicio de amparo en el plazo de 30 días previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo abrogada, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución; lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normativa, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al darse el supuesto jurídico de que se trate." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. En las relatadas consideraciones, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de las cuestiones de fondo. Cobra vigencia sobre el particular, la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Los criterios jurisprudenciales citados en la presente ejecutoria son aplicables aun y cuando se refieren a la anterior Ley de Amparo, pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su artículo sexto transitorio. SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 16, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 73 a 77 y 124, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * y otros, por conducto de su apoderado legal; y otros, en su calidad de comuneros de la Comunidad * * , municipio de Aquila, Michoacán, contra los actos que reclama de la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, con sede en Colima, Colima, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.
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