Antonio Espinoza López y Bertina Díaz Martínez

Expediente 941/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
941/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • L. I. E. D.
  • Antonio Espinoza López y Bertina Díaz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y, toda vez que el Antonio Espinoza López y Bertina Díaz Martínez, en su carácter de padres de la menor L.I.E.D. (de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), no dieron cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo y, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio Espinoza López y Bertina Díaz Martínez, en su carácter de padres de la menor L.I.E.D. (de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación); con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 941/2021 y regístrese en el libro de gobierno. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, atendiendo a que en capítulo respectivo, la impetrante del amparo refiere como actos reclamados: a). La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 17 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer al quejoso, con sus dos dosis, ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022, que inicia el 30 de Agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y a su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. b). La omisión de llamar, informar y/o notificar al menor, de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto de este año en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. c). La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido independiente o no de que haya clases presenciales d). Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo alguno, ni por la edad, ni por ser personal integrante de sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus". Con apoyo en el numeral 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precise en concreto el acto que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que únicamente los atribuye de manera general, siendo que la fracción IV del numeral 108 citado, es clara al determinar: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". 2. Manifieste cuál es la fecha del mandato presidencial a que hace referencia en el capítulo de acto reclamado, y en su caso, cuándo tuvo conocimiento del mismo. Apercibidos que de no cumplir con el requerimiento relativo, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Ahora bien, la parte quejosa solicita le sea concedida la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables ".ante un posible contagio con la variante Delta, a la brevedad, y se orden a las responsables la inoculación inmediata a la menor quejosa, señalando día, lugar y hora en que deberá llevarse a cabo ella, con la vacuna Pfizer, única autorizada por la Comisión antes citada el día 24 de junio de 2021, para el grupo etario que conforman las quejosas." Al respecto, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o bien cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Conforme a lo expuesto, se advierte que la menor no se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el aludido precepto, en virtud de que los actos que reclama; no importan, por sí mismos, peligro de privación de la vida, pues, el hecho de que a la menor no se le aplique a la brevedad, la vacuna Pfizer, contra el virus SARSCoV-2, antes de la entrada del ciclo escolar 2021-2022, no necesariamente implica que aquélla se contagiará, ni mucho menos que, de hacerlo, perderá la vida, por lo que no es posible considerar que su situación actualiza la hipótesis de concesión de plano de la medida cautelar, consistente en que los actos que reclama importan peligro de privación a la vida por pertenecer a un grupo vulnerable. Además, hasta este momento procesal no se desprende de las constancias de autos que padezca alguna enfermedad inmunodepresiva, crónica, cardiaca, pulmonar, renal, hepática, sanguínea o metabólica que pudieran ponerla en un mayor riesgo en caso de no aplicársele la vacuna. Máxime que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Salud, ha implementado medidas de protección para evitar contagios. En efecto, conforme al documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicado en la página de internet www.coronavirus.gob.mx, se aprecia que la distribución de la vacuna contra la COVID-19 se encuentra regulada por una estrategia basada en cinco etapas: ETAPA 1: DICIEMBRE 2020-FEBRERO-2021, PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA DE CONTROL DE LA COVID- 19. ETAPA 2: FEBREROMAYO 2021, PERSONAL DE SALUD RESTANTE Y PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS. ETAPA 3: MAYOJUNIO 2021 PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS Y EMBARAZADAS DE 18 AÑOS Y MÀS. ETAPA 4: JUNIOJULIO 2021, PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS. 5 JULIO 2021 - MARZO 2022 RESTO DE LA POBLACIÓN. Por tanto, considerando que la menor quejosa, conforme al acta de nacimiento que se anexó a la demanda de amparo, con pleno valor probatorio de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se encuentra por razón de edad (doce años), en la quinta etapa del plan de vacunación, el cual comprende de julio del año en curso a marzo de dos mil veintidós, por lo que no se advierte transgresión a su derecho a la salud, esto es debido a que, el mes de agosto es contiguo al inicio de la quinta etapa de vacunación; lo que conlleva a concluir la negativa de la medida cautelar solicitada. Además, en relación con los demás supuestos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, tampoco se actualizan en el presente asunto, dado que no existe constancia de que, con motivo de los actos que controvierte, se encuentran en peligro de privación su libertad personal, ni se encuentre incomunicada, ni se trata de un asunto en el que se reclame la deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni mucho menos se alegan violaciones a derechos agrarios como lo dispone el aludido artículo 126, por lo que, en ese sentido, se debe negar la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa en su demanda, dado que la situación en la que se encuentra, no actualiza hipótesis alguna que autorice la concesión de plano de la medida cautelar en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis XVI.1o.A.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, registro digital: 2019894, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA MATERIA. La suspensión en el amparo es una medida cautelar de naturaleza provisional que tiende a preservar la materia del juicio. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, puede concederse de oficio o a petición de parte. Procede de oficio y de plano, en aquellos casos en que los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos previstos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o 126 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa facultad de los juzgadores no es irrestricta, porque en su ejercicio no pueden desconocer los requisitos previstos en el numeral 128 de la propia ley, como que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque a raíz de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y de la expedición de la Ley de Amparo vigente, en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, se generó un sistema equilibrado, orientado a darle mayor eficacia a la preservación de la materia del juicio, pero a la vez dotado de mayores elementos de control para evitar el abuso de la medida y que su otorgamiento lesione el interés social, entendido éste como el conjunto de principios o bienes jurídicos relevantes, objeto de tutela, cuya preservación es prioritaria para el orden público, en función de los cuales, se acotan las decisiones sobre la suspensión del acto reclamado y que, además, es irreductible ante las pretensiones e intereses individuales. Es decir, el hecho de que la suspensión proceda de oficio no justifica que conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normativa que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas, pues ello desnaturalizaría el propósito de la suspensión y convalidaría conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad" En otro aspecto, téngase a la parte quejosa por autorizados con las amplias facultades del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al licenciado Antonio de Jesús Espinoza Díaz, pues acorde a la certificación que antecede tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y a Luis Antonio Espinoza Díaz y Héctor Uriel López Díaz, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado los promoventes. Así también, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, y proporcionando para ello los usuarios "AED_csa", mismos que se encuentran registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, se ordena agregar al expediente electrónico el referido usuario; además, como lo solicitan, se autoriza realizar las notificaciones que deriven del presente expediente, por la vía electrónica. Se les tiene proporcionando el correo electrónico y el número telefónico que se precisa, a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Así también, se hace constar como un hecho notorio en términos del artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo 903/2021 del índice de este Juzgado, se promovió recurso de queja contra el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, mismo que quedó registrado bajo el número 339/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el que en ejecutoria de veinticinco de agosto de la presente anualidad, el referido Tribunal declaró infundado el citado medio de impugnación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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