Antonio de Jesus Hernández Vásquez

Expediente 1405/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1405/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Antonio de Jesus Hernández Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. I.- Por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, deducido del juicio de amparo 1117/2022 de su índice, promovido por Antonio de Jesús Hernández Vásquez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán, Oaxaca. Del citado oficio se advierte, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el referido juicio de amparo se decretó la separación de juicios, ordenándose que este asunto se ocupe únicamente de: Los actos reclamados derivados de la petición administrativa PA-00642/2021, realizada al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca. En consecuencia, se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno con el número 1405/2022, convalidándose las actuaciones practicadas por el juzgado federal oficiante. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo. II. En el caso concreto, el quejoso Antonio de Jesús Hernández Vásquez -interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, y sentenciado en la causa penal 52/2019 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca-, reclama: La omisión de dar seguimiento a la petición administrativa de atención médica, solicitada a la autoridad penitenciaria Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán, Oaxaca, a la que se le asignó el número PA-00642/2021. De la documentación que remitió la aludida autoridad responsable se advierte a foja 63, que la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, el tres de agosto de dos mil veintiuno, emitió acuerdo de inicio y resolución de petición administrativa, registrando la petición de atención médica de Antonio de Jesús Hernández Vásquez con el número PA-00642/2021; resolviéndola favorable, y ordenó al Titular del Área Técnica otorgara de inmediato atención médica general al quejoso y derivado del diagnóstico emitido instaurara el tratamiento terapéutico médico acorde, de manera continua hasta su restablecimiento, en caso de requerir atención médica especializada se realizaran las gestiones correspondientes. Ahora bien, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)". El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el artículo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Lo anterior, denota que dichos actos son impugnables ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros. Para el caso en particular el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone el trámite correspondiente, así como el recurso idóneo y pertinente que debe tramitar la persona privada de su libertad para la atención de su petición, el cual dispone: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas el director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. En ese contexto, es evidente que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previo, establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse con anterioridad a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. Pues si bien, el quejoso ya presentó solicitud de atención médica al director del Centro penitenciario; y éste ya resolvió al respecto; al tratarse la atención médica de un acto continuo; debe continuarse la controversia ante el el Juez de Ejecución, en cualquier momento. Lo que en el caso concreto el quejoso no refirió que así hubiere acontecido, ni de autos se desprende que haya iniciado controversia ante el Juez de Ejecución respecto a la atención médica solicitada al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Oaxaca, a efecto que, en su caso, pudiera modificarse, revocarse o nulificarse los actos que controvierte. De ahí que al reclamar en este juicio Antonio de Jesús Hernández Vásquez, la omisión de dar seguimiento a la petición administrativa relativa a atención médica solicitada a la autoridad penitenciaria Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán, Oaxaca; es evidente que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. III. Domicilio para oír notificaciones. Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que señaló para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente este proveído, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, por conducto del actuario adscrito. Así también, se ordena se notifique el presente acuerdo y los subsecuentes a la Defensora Pública Federal Vilma Liliana Vásquez Guzmán, quien asiste al quejoso. IV. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. VI.- Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." VII. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, ASÍ COMO A LA DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL VILMA LILIANA VÁSQUEZ GUZMÁN.

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