Antonio Equihua Aguilar

Expediente 396/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
396/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • Antonio Equihua Aguilar
  • Ana Ruth Guerrero Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: YOLANDA GARIBAY MENDOZA Y OTROS (REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS). Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a María Guadalupe Barajas Reyes y Consuelo Domínguez Albores, para que cumplieran con la prevención que se les formuló el once de mayo de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo antes aludido y al no haber dado cumplimiento las referidas personas, se tiene por promovida la demanda de amparo que dio origen a este asunto únicamente por Ana Ruth Guerrero Suárez, Esperanza Rocha Ávalos, Imelda Jasso Chavira, Ignacio Vargas Vargas, Maricela Ortiz Domínguez, María Francisca Pérez Ávalos, María Luisa Rosas Nepomuzeno, Humberto Torres Cortés, Lucila Ma. Rosas Piña, José de Jesús Villanueva Pérez, Victoria Bravo Sánchez, Rosa María Ferreyra Ferreyra, Blanca Estela Xintlanzin López Urquiza, Ma. Geraldina Aguilar Mejía, Ma. Teresa Ramírez Ávila, Dominga Nicolás Sierra, Gloria Eunice Abaunza Cosío, María Guadalupe Armas Gutiérrez, María Cristina Amezcua Gómez, Angelina Álvarez García, María Dolores Ávila Castillo, Catalina Barajas Hernández, J. Jesús Chávez Rangel, Víctor Marte Domínguez Orobio, Yolanda Elías Romero, Angélica Figueroa Cervantes, Francisco García García, Alonso Gutiérrez Adelina, Refugio Mediano Rangel, Rosa María Manzo Paz, Alfredo Murguía Jiménez, Ma. Celina Morales Acevedo, Ma. Victoria Medina Martínez, Silvia Melgarejo Galván, María Teresa Mejía Morales, Ma. Cruz Negrete Coria, Magdalena Jordán Parra, María Edelmira Pérez Morales, Ma. Guadalupe Pérez Campos, María Regina Santiago Vidales, Rosa de la Esperanza Ruiz Mosqueda, Francisco Ramírez Magaña, María Elena Romero Alfaro, Domingo Romero Campanor, Hipólito Rodríguez Lorenzo, María Cruz Cruz, J. Ángel García Vargas, Leonor Patlán Mújica, María Gloria Valdez Medina, Celerino Sánchez Valdez, Antonio Tapia Páramo, Evelia Morales Murillo, Gonzalo Monroy Vázquez, Ariel Nava Hernández, Fernando Vázquez Gallegos, Eva Bernabé Alejo, Juan Aguilar Cervantes, María Bertha Gómes Jiménes, Senorina Sanabria Huanozta, Mercedes Mancera Huante, Cecilia Gutiérrez Alvarado, Enrique Flores Rodríguez, María Álvarez García, Reginaldo Balcázar Andrade, María del Socorro Martínez Segovia, Jesús Sandoval Heredia, Ma. Trinidad Pérez Isidro, Isabel Nieto H., María Agripina Medina Pérez, Margarita Ayala Rodríguez, Juana Medina Gómez, Ma. Minerva Peñaloza Cárdenas, Ma. Teresa Ayala Rodríguez, Luis González López, María Guadalupe Barajas Reyes, Consuelo Domínguez Albores y Cristino Mendoza Salgado. Por otra parte, debido a que el veintitrés de los actuales, se tuvo por recibido el escrito con el cual la representante común de la parte quejosa cumplió con la diversa prevención formulada, consistente en:  Exhibir íntegramente el escrito de demanda de amparo, toda vez que el escrito que se exhibió como original no tiene ilación entre las páginas 4 y 5, con los juegos necesarios para los traslados respectivos. Pues exhibió copia íntegra del escrito de demanda que dio origen a este asunto, por tanto, se procede a acordar lo conducente. ? Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el asunto que nos ocupa se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la 61, fracción XXIII, en relación el diverso 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo, la cual se aborda al estudio conforme a continuación se expone: El numeral citado establece expresamente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija [.]". De la porción normativa transcrita, se desprende que cuando el o los actos reclamados sean de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho que se considere vulnerado y cumplir con lo que el mismo exija. En el caso concreto, la parte quejosa atribuyó a las autoridades responsables los actos siguientes: ? La omisión e incumplimiento del artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en el sentido de que no se han realizado las acciones, acuerdos, ni actos necesarios para resolver la problemática derivada de la falta de pago de pólizas de jubilación durante los periodos de 2011 a 2014. Esto es, lo que reclaman particularmente es la omisión de atender un artículo transitorio que forma parte del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2017, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Con la finalidad de resolver la problemática derivada de la omisión de administraciones pasadas respecto a la falta de pago de las pólizas de jubilados, pensionados y seguros de vida a favor del sector salud, educación y burocracia contratados durante los periodos 2011 a 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración de forma conjunta con las dependencias responsables directas del pago del seguro de que se trate, promoverán las acciones, acuerdos y demás actos jurídicos necesarios sin que se violenten las disposiciones jurídicas aplicables. La Secretaría de Finanzas y Administración informará al Congreso del Estado con la finalidad de que coadyuve, mediante la modificación de las disposiciones jurídicas necesarias que permitan resolver esta problemática" En esas condiciones, se debe establecer en primer lugar que los estados que conforman la República Mexicana están obligados, a través de sus respectivos cuerpos legislativos, a determinar la forma en que se realizará la repartición del gasto público, ello a través de la normativa correspondiente, la cual se emite año con año. Así, las disposiciones legales que contienen los egresos en el sistema jurídico mexicano tienen vigencia anual, para un ejercicio fiscal. Ahora, conforme al principio de anualidad de las leyes de egresos, las disposiciones previstas en ellas tienen como característica esencial una periodicidad de un año para la erogación del gasto público, y atento a ello es que año con año se emiten cuerpos normativos de egresos correspondientes a efecto de determinar en qué se gastará en cada ejercicio fiscal. Por tanto, en el supuesto común en que previo al inicio de cada anualidad se apruebe la ley de egresos respectiva, la nueva normativa regirá para el ejercicio fiscal que inicia y virtud de ello, el Estado podrá realizar el gasto público atendiendo a esa normativa durante ese periodo. Por ello, como en el caso, cuando un decreto que disponga los egresos expresamente en sus artículos transitorios, estará vigente durante el ejercicio fiscal que regula, o hasta en tanto entre en vigor una nueva ley que rija en ejercicios fiscales subsecuentes, estableciendo con ello su ámbito temporal de validez. Sin embargo, en la demanda de amparo que se analiza los quejosos reclaman diversas omisiones relativas a la falta de cumplimiento a un artículo transitorio integrante de un cuerpo normativo, el cual tuvo vigencia para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete y quedó sustituido al año siguiente, esto es, en el presente ejercicio fiscal. En otras palabras, el decreto del que se duelen los quejosos, tuvo vigencia para el año dos mil diecisiete, porque fue en él que se analizó la necesidad de resolver la problemática derivada de la omisión de administraciones pasadas respecto a la falta de pago de las pólizas de jubilados, pensionados y seguros de vida a favor del sector salud, educación y burocracia contratados durante los períodos dos mil once a dos mil catorce, cual ha quedado superado por el decreto relativo al año dos mil dieciocho. En ese sentido, no obstante, que los quejosos reclamen que no se acató lo dispuesto en el artículo Décimo Primero Transitorio del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, resulta indudable que, de admitirse la demanda de amparo sujeta a estudio, no sería posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza. Además de que aún cuando se estudiara la omisión reclamada, la sentencia no podría surtir efectos, pues a nada práctico llevaría conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para obligar a las autoridades señaladas como responsables den cumplimiento a un decreto que tuvo vigencia durante un ejercicio fiscal que ya quedó reemplazado por otro ejercicio fiscal, el cual, en el presente, se encuentra vigente. Lo anterior es así, toda vez que, como ya se precisó, cada año se libera un presupuesto para el gasto público, mismo que se encuentra proyectado a través de un decreto y debido a que en el año dos mil diecisiete se destinó presupuesto para atender la problemática de la que se duelen los quejosos, pero en este año fiscal ya está destinada una partida distinta, la protección constitucional no tendría efectos, es decir, en este caso particular, resultaría inerte. Entonces, es imposible, por virtud de la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, restituir a la parte quejosa en sus derechos, ya que el artículo que indican los quejosos que se dejó de atender, forma parte de una ley que ya no tiene vigencia, porque ha quedado superado por el presupuesto de egresos para el año fiscal de dos mil dieciocho. Sustenta lo anterior, en cuanto a los argumentos asentados, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 957, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y testo siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria". ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como con el precepto 113 de la propia ley, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el escrito presentado por Yolanda Garibay Mendoza, representante común de los quejosos dentro del juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual, cumple con la prevención que se les formuló el once de los actuales, ya que exhibe íntegramente el escrito de demanda de amparo que dio origen a este asunto. Ahora, dado que en dicho proveído también se requirió a María Guadalupe Barajas Reyes y Consuelo Domínguez Albores, para que en el plazo de cinco días indiquen si también promueven la demanda de amparo en comento y, como se advierte de la certificación que antecede, de dicho plazo únicamente ha transcurrido un día, estése a la espera de que se obtenga la aclaración respectiva o bien termine de transcurrir dicho término, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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