Antonio Delgado Pérez
Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Delgado Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. SE RECIBE EJECUTORIA. Acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida en la queja administrativa 90/2022, en la que declaró infundada la queja en contra del auto que desechó la demanda; háganse las anotaciones respectivas. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área destinada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. SE RECIBE EJECUTORIA. Acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida en la queja administrativa 90/2022, en la que declaró infundada la queja en contra del auto que desechó la demanda; háganse las anotaciones respectivas. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área destinada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Acuse de recibo. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio de la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; por el que acusa de recibo del recurso de queja interpuesto en contra del auto que desechó la demanda; asimismo, informa que lo admitió a trámite y lo registró con el número 90/2022; de lo que se toma conocimiento.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. RECEPCIÓN Y REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Delgado Pérez, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 463/2022. 1.2. Consideraciones previas. De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.2.1. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama: -La continua y reiterada negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cumplir con el laudo dictado en el expediente laboral número 1236/2009 radicado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, relativo al juicio por otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada promovido por Antonio Delgado Pérez en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al cual se condenó a dicho Instituto al otorgamiento de la pensión con un tope de veinticinco salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). 1.2.2. Desechamiento de la demanda de amparo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la negativa reiterada para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 1236/2009, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que la autoridad responsable, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; en tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente establece que por autoridad responsable debe entenderse "...la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..."; por tanto, para que los actos de un particular sean considerados como de autoridad para efectos del juicio constitucional, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en su caso, el particular deberá omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, para que los particulares puedan tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, su actuar deberá desempeñarse en ejercicio de funciones públicas, es decir, no podrá considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los particulares que actúen en forma convencional y en sí como entes privados o particulares. Lo expuesto, pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, se obtiene que los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social, analizado en este apartado es el siguiente: La continua y reiterada negativa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cumplir con el laudo dictado en el expediente laboral número 1236/2009 radicado ante la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, relativo al juicio por otorgamiento de pensión de cesantía en edad avanzada promovido por Antonio Delgado Pérez en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al cual se condenó a dicho Instituto al otorgamiento de la pensión con un tope de veinticinco salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Determinado lo anterior, debe indicarse que el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, toda vez que dicho acto tiene su origen en un procedimiento laboral donde se ventilaron cuestiones inherentes al otorgamiento de pensión derivada de una relación de trabajo, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social es parte aseguradora, procedimiento en el que dicho dependencia figuró como parte demandada y en donde se impuso a esa dependencia pública el deber de dar cumplimiento al laudo, fallo que deben cumplir tanto la autoridad demandada, como aquellas que tengan la facultada de hacerlo. Esto es, se trata de un procedimiento laboral en el que se dirimieron cuestiones relativas a la pensión derivado de una relación laboral en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social es demandado, en cuanto entre asegurador, dentro del juicio laboral 1236/2009, lo que no implica que la falta de cumplimiento al laudo sea un acto de supra a subordinación, sino que evidencia un acto entre particulares como entes privados y no se está constriñendo al afectado a un hacer, ni se le exige algo de forma inexcusable, aunado a que tampoco se trata de un acto unilateral que emane de sus competencias, sino que la exigencia que se le hace a la responsable por parte de la junta federal de conciliación que conoció de la contienda laboral es para que cumpla con el laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, se insiste, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social omita realizar acciones tendentes a dar cumplimiento al laudo, no es un acto de autoridad de supra a subordinación, sino en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con el quejoso, es decir, dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, por lo cual no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional. Habida cuenta que la omisión de cumplir con lo mandatado en un laudo, constituye un acto emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional de índole laboral, en cuyo procedimiento de instrucción y ejecución está a cargo del órgano rector del proceso, como es la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien es la obligada a llevar y aplicar todos los medios legales que prevé la norma ordinaria a fin de hacer ejecutable todas sus determinaciones, entre ellas, el laudo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza respecto a los actos atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social. 1.3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que indica; así como el correo electrónico y número telefónico que proporciona y autorizando a las personas que señala. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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