Antonio Enrique Batista Villagrán
Expediente 532/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Enrique Batista Villagrán
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido porxxxxxx en contra de los actos que reclamó de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato"3" del Servicio de Administración Tributaria de esta ciudad; no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia y no se formó incidente de suspensión.
- Principal
Por recibido el informe justificado que rinde el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Guanajuato 3, con sede en Guanajuato, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, a través del cual acepta el acto que se le reclama, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza. Se tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora bien, de las documentales que allega la autoridad responsable, se advierte la respuesta de veintinueve de octubre de dos mil veinte, contenida en el oficio 400 27 00 00 00 2020-3149, recaída a la petición del quejoso que formuló el ocho de enero del citado año, registrada bajo el folio 0004, en el que pidió la cancelación de la inscripción del bien inmueble en el registro Público de la Propiedad, el cual fue inscrito por la responsable bajo el folio real R2*411, oficio que fue notificado al autorizado del quejoso el cuatro de noviembre del presente año, junto con las documentales giradas al Registro Público de la Propiedad para que procediera a la cancelación de tal inscripción. Con lo anterior, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se realiza, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, por lo que se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, la omisión de emitir respuesta a su petición presentada el ocho de enero de dos mil veinte, sobre la solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de un bien inmueble de su propiedad, la que fue inscrita en el referido registro bajo el folio real R2*411. Ahora bien, de las constancias exhibidas por las responsable, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, se dio respuesta a la petición del quejoso, en el sentido siguiente: "Único. Al respecto esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Guanajuato '3', informa que mediante oficios 400 27 00 00 00 2020-3082, 400 27 00 00 00 2020-3083 y 400 27 00 00 00 2020-3084, todos del 26 de octubre de 2020, solicitó al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Acámbaro, Guanajuato, la liberación de los gravámenes del bien inmueble consistente en un lote de terreno en avenida Prolongación Hidalgo, sin número, con folio real R2*411, inscritos con los número de solicitud 500747, registrado el 04 de marzo de 1998, 500751, registrado el 04 de marzo de 1998 y 500755, registrado el 04 de marzo de 1998. En consecuencia, se tiene por atendida su solicitud [.]" Respuesta que se notificó al promovente, a través de su autorizado para ello Manuel de Jesús Barrera Cervantes, en el domicilio que señaló para tal efecto, el cuatro de noviembre del presente año, lo que pone de manifiesto que la responsable emitió la respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa, restituyendo su derecho de petición, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. Máxime que tal solicitud de cancelación, la cual acordó favorable la responsable, ya fue inscrita por el Registro Público de la Propiedad de Acámbaro, Guanajuato el veintiséis de octubre de dos mil veinte, como se advierte de las documentales que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que la autoridad responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis de jurisprudencia 2a./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 605, tomo XXIX, enero de 2009, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Es aplicable, la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Antonio Enrique Batista Villagrán, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las trece horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Antonio Cárdenas Vargas801/2017
- Antonio Castillo Mendoza398/2013
- Antonio de Jesús Arredondo Vázquez904/2022
- Antonio de Jesús Hernández Zamora182/2021
- Antonio de Jesús Leyva Cruz1018/2015
- Antonio de Jesús Pérez Romero704/2013
- Antonio Flores Infante1081/2019
- Antonio Galvan Ibarra820/2017
- Antonio García Huerta181/2015
- Antonio García Vázquez74/2014
- Antonio García Zárate103/2023
- Antonio García Zárate706/2019