Antonio de Jesús Hernández Zamora

Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
182/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio de Jesús Hernández Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda signada por *****; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Recepción y registro de expediente. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, contra actos del director del Centro de Readaptación Social del Penal de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 182/2021-III. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte la causal de improcedencia relacionada con el principio de definitividad y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Lo anterior, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda por lo siguiente. El quejoso reclama de las siguientes autoridades, la orden de traslado y su ejecución del centro penitenciario donde se encuentra recluido compurgando una pena privativa de prisión (sentencia condenatoria), así como diversas conductas relativas a los términos en que se verifica su internamiento: Ahora bien, es cierto que el quejoso señala en términos generales, tanto a autoridades administrativas como judiciales; empero, de los antecedentes se desprende que, en forma destacada, el mandato lo atribuye a las autoridades no jurisdiccionales. Se adjunta la parte conducente: En esa medida, se advierte que su queja versa, prioritariamente, en contra de actos atribuidos a las autoridades administrativas penitenciarias y, en lo que a ello respecta, debió agotar el principio de definitividad. A similar decisión arribó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria, verificada por videoconferencia, de once de febrero de dos mil veintiuno, en la que resolvió el recurso de queja ********************interpuesto en contra del desechamiento de una demanda de amparo, efectuado por el juez Décimo de Distrito en el estado de Guanajuato. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, este Juzgado Octavo de Distrito hace propias las consideraciones de la superioridad, no solamente porque se coincide con el criterio, sino en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica que permea en todo el sistema normativo, el cual sirve para que los justiciables conozcan los términos en que pueden acudir a solicitar la protección constitucional. Por ello, se transcribe la parte conducente del fallo que aquí se acoge: "PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el seis de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y las autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: ORDENADORAS: A).- SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Con domicilio en Camino Paso de Perules # 90 Ejido Santa Teresa, C.P. 36260 en la Ciudad de Guanajuato, Gto. B).- EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. Con domicilio en la Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Kilometro 7.5 en la Ciudad de Guanajuato, Gto., (Atrás de las Instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE). C).- EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE CERESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en la Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Kilómetro 7.5 en la Ciudad de Guanajuato, Gto., (Atrás de las Instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE). D).- EL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, en la Carretera Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. E).- EL SUBDIRECTOR JURÍDICO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, en la carretea Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. F).- EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, en la Carretera Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. G).- EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, en la Carretera Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. H).- EL CÓMITE TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, en la Carretera Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. EJECUTORAS: I).- EL COORDINADOR ESTATAL DE SEGURIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en la Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Kilómetro 7.5 en la Ciudad de Guanajuato, Gto., (Atrás de las Instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE). J).- EL COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA Y/OP EL COMANDANTE, en la Carretera Salamanca-Valle de Santiago Kilómetro 2.5 Camino a Uruétaro, en el Municipio de Salamanca, Guanajuato. IV.- NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De las autoridades Ordenadoras mencionadas en los incisos A), B) y C): a).- La autorización y propuesta del Traslado del suscrito a OTRO CENTRO PENITENCIARIO diferente del CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA en el que actualmente me encuentro recluido. Pudiendo ser A cualquier otro Centro de Reinserción Social dentro del Estado de Guanajuato, o en otro estado o a algún CEFERESO del país. De las Autoridades Ordenadoras mencionadas en los incisos D), E), F) y G): La solicitud de autorización del Traslado del suscrito a OTRO CENTRO PENITENCIARIO diferente DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA, pudiendo ser a cualquier otro centro de Reinserción Social del Estado de Guanajuato, o de otro Estado. Pudiendo ser un CEFERESO dentro del país a cualquiera de las Autoridades señaladas como ordenadoras en los incisos A); B) y C). 2.- DEL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA: ? La Determinación y Solicitud de autorización del Traslado del suscrito a OTRO CENTRO PENITENCIARIO diferente DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA pudiendo ser cualquier otro centro de Reinserción Social del Estado de Guanajuato, o de otro Estado. Pudiendo ser un CEFERESO dentro del país, a cualquiera de las Autoridades señaladas como ordenadoras. 3.- De las Autoridades Ejecutoras mencionadas en los incisos I) y J): ? El cumplimiento y ejecución de la autorización del Traslado del suscrito a OTRO CENTRO PENITENCIARIO diferente DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE SALAMANCA pudiendo ser a cualquier otro centro de Reinserción Social del Estado de Guanajuato, o de otro Estado. Pudiendo ser un CEFERESO dentro del país que realizaron las autoridades ordenadoras." Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Registro y trámite. De dicha demanda conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato, donde el diez de noviembre de dos mil veinte se registró el expediente como juicio de amparo indirecto ********************En dicho proveído la juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. TERCERO. Interposición del recurso. Inconforme con tal determinación, ********************, interpuso recurso de queja en su contra, de la cual tocó conocer a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, donde por acuerdo de presidencia de siete de diciembre de dos mil veinte se admitió y se registró como queja ********************(.) ".la juez federal concluyó que la parte quejosa debió promover el recurso de apelación o, en su caso, la controversia ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, previsto en la legislación penal que rige el acto previo a acudir a esa instancia constitucional. DECISIÓN QUE SE ASUME. Es infundado el recurso de queja. "En efecto, es acertada la determinación de la juez de distrito, lo que permite declarar infundado el presente recurso de queja, sin que la suplencia de la queja deficiente permita arribar a diversa consideración. Ello es así, porque la juez de distrito acertadamente consideró que debía desecharse la demanda de amparo toda vez que el quejoso-inconforme no agotó el principio de definitividad, es decir, contra el acto reclamado consistente en los posibles traslados que reclama proceden los medios ordinarios de defensa consistente en el recurso de apelación y la petición administrativa. Se explica: En efecto, tal como lo expone la juez de amparo, el principio de definitividad consiste en la obligación del promovente de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Es así, porque dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, este tribunal colegiado considera que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y la reparación; medida que impone la necesidad de tener ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado tiene legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Jurisprudencia P./J. 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 43/98-PL, visible en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190367. En el caso, el acto reclamado por el quejoso en su demanda, consiste en el traslado del Centro Estatal De Prevención y Reinserción Social De Salamanca en el que actualmente se encuentra recluido a cualquier otro Centro de Reinserción Social dentro del Estado de Guanajuato, o en otro Estado e incluso a algún Centre Federal de Prevención Social del país. Por tanto, si como lo señala la juez federal, se tratara de un traslado involuntario, en el que el Comité Interdisciplinario determinara que el quejoso fuera trasladado a otro centro penitenciario, éste puede interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 131 de la Ley de Ejecución Penal, que prevé: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." Ello es así, porque dicho recurso o medio de defensa, acertadamente lo señaló la juez federal, procede contra los traslados, atento a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y Las demás previstas en esta Ley." En tanto que, si se tratara de un traslado "urgente excepcional", procede como adecuadamente lo señaló la juez federal, la controversia administrativa, atento a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Del precepto transcrito se advierte que se debe dar trámite a las peticiones administrativas realizadas por las personas privadas de su libertad o aquéllas legitimadas por la ley (familiares, visitantes, defensores, ministerio público, organismo de protección de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la protección de los derechos de personas privadas de la libertad) ante la autoridad penitenciaria, el cual consta de las etapas siguientes: a) Formulación de la petición (artículo 110). b) Acuerdo de inicio (artículo 111). c) Trámite del procedimiento (artículo 112). d) Acumulación de peticiones (artículo 113). e) Resolución de peticiones administrativas (artículo 114); y, f) Casos urgentes (artículo 115). En lo anterior se aprecia que -efectivamente- existe un desarrollo y ampliación del derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, pues conforme al procedimiento administrativo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal, una vez admitida la petición el director del centro de reinserción se encuentra obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contado a partir de la admisión y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución; además faculta al interesado a acudir ante el juez de ejecución competente y demandar si es que hubiera alguna omisión. Luego si en el caso el acto reclamado en la demanda, consiste en el posible traslado del peticionario de amparo del Centro de Prevención y Reinserción Social de Salamanca a cualquier otro en el Estado o el País, es inconcuso que el quejoso cuenta con los recursos con los cuales tal determinación puede ser modificada, revocada o nulificada. (.) Por tanto, tal y como lo expuso la juez de distrito en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, resulta procedente, declarar infundado el recurso de queja. " En esa medida, este Juzgado Octavo, en concordancia con el órgano colegiado, estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos controvertidos. No es inadvertido el señalamiento de una autoridad jurisdiccional, lo que implica hacer también un pronunciamiento, en el entendido de que el juicio resulta también improcedente bajo el mismo principio de definitividad, pero sustentado en la fracción XVIII, artículo 61, de la Ley de Amparo que corresponde a actos provenientes de autoridades judiciales. Se explica: El propio artículo 52, penúltimo párrafo, que enseguida se transcribe, en concatenación con los diversos 131 y 132, fracciones VII y VIII de la Ley Nacional de Ejecución Penal ya transcritos, prevén la posibilidad de que el quejoso interponga el recurso de apelación, por medio del cual puede ser confirmado, modificado o revocado el traslado o cualquier afectación a sus derechos relacionados con la privación de su libertad, que atribuye al juzgador: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario [...] En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. [.]" De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación. Dicho medio de defensa, según lo estatuye el artículo 131 de la ley nacional en cita, debe interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Además, debe reiterarse que el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala claramente que el recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien, entre otras cuestiones, sobre los traslados. En consecuencia, puede afirmarse que en contra del acuerdo emitido por la autoridad jurisdiccional, en el que ordena el traslado o que califica de legal el traslado solicitado por la autoridad penitenciaria respecto de un interno, ya sea procesado o sentenciado, procede el recurso de apelación y, por tanto, antes de acudir a la instancia constitucional, el interesado se encuentra obligado a agotar ese medio de defensa ordinario, lo que en el caso no aconteció. Igual criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 197/2017. Orienta la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Materia Común, Penal, Decima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, que precisa: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así también, sirve de apoyo la jurisprudencia 573, publicada en la página 515, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el ordinal 61, fracciones XX y XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo en relación a la orden de traslado reclamada. Señala los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, Por otra parte, vista la manifestación realizada por el promovente, así como la certificación que antecede, se advierte que designó como su autorizado en términos amplios a ******************** (no así a la diversa persona que indica); sin embargo, omitió proporcionar mayores datos que justificaran que es profesional en derecho. No obstante, de forma oficiosa se efectuó una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de la que se obtuvo que únicamente el mencionado cuenta con cédula con nivel de licenciatura en derecho, lo cual se hace constar, para los efectos legales a que haya lugar. Como consecuencia de lo anterior y únicamente por lo que hace a este juicio de amparo, se reconoce a ******************** como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional del directo quejoso; y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que refiere. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, décima época, registro 2020495, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 23 de agosto de 2019, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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