Antonio De la Cruz Pérez y Otros.

Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 38 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
304/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Antonio De la Cruz Pérez y Otros.
  • Mariano Pérez Pérez
  • Juan de la Cruz Pérez
  • Antonio De la Cruz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables ha dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: En la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada dentro de la causa penal 143/2010, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y se negó a Antonio de la Cruz Pérez, Juan de la Cruz Pérez y Francisco de la Cruz Pérez, la protección constitucional solicitada. Inconforme con dicha resolución los quejosos Antonio de la Cruz Pérez, Juan de la Cruz Pérez y Francisco de la Cruz Pérez, interpusieron recurso de revisión, por turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicándola con el número 224/2020, y por ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, resolvió modificar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: Deje sin efecto la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada en la causa penal 143/2010. Acto seguido, declare su legal incompetencia para resolver sobre la solicitud del Ministerio Público consignador y, remita la indagatoria al Juez de Distrito Judicial que considere competente, de acuerdo con el lugar en que determine sucedieron los hechos, para que éste resuelva lo que en derecho corresponda. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 479-A/2021 de tres de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 143/2010. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada en la causa penal 143/2010. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), declaró su legal incompetencia para resolver sobre la solicitud del Ministerio Público consignador y, remitió la indagatoria al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, para que éste resuelva lo que en derecho corresponda. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a once de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron concedidas las medidas cautelares. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Asimismo, se estima que este expediente no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:---------Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables ha dado a la ejecutoria de amparo; sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió: En la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada dentro de la causa penal 143/2010, por el Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapas, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y se negó a Antonio de la Cruz Pérez, Juan de la Cruz Pérez y Francisco de la Cruz Pérez, la protección constitucional solicitada. Inconforme con dicha resolución los quejosos Antonio de la Cruz Pérez, Juan de la Cruz Pérez y Francisco de la Cruz Pérez, interpusieron recurso de revisión, por turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, radicándola con el número 224/2020, y por ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, resolvió modificar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: Deje sin efecto la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada en la causa penal 143/2010. Acto seguido, declare su legal incompetencia para resolver sobre la solicitud del Ministerio Público consignador y, remita la indagatoria al Juez de Distrito Judicial que considere competente, de acuerdo con el lugar en que determine sucedieron los hechos, para que éste resuelva lo que en derecho corresponda. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Juez responsable, mediante oficio 479-A/2021 de tres de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, dictada en la causa penal 143/2010. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, el Juez responsable en la nueva resolución, en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo señalado en el inciso i), dejó sin efectos y sin valor jurídico la orden de aprehensión de veinte de junio de dos mil once, dictada en la causa penal 143/2010. Asimismo, en cumplimiento al inciso ii), declaró su legal incompetencia para resolver sobre la solicitud del Ministerio Público consignador y, remitió la indagatoria al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, para que éste resuelva lo que en derecho corresponda. Por su parte el Director Jurídico de la Policía Especializada en ausencia del Director General con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento de la ejecutoria. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria; tal como lo establece la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo Plenario precitado. Incidente de suspensión.Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el telegrama de cuenta, enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual informa que el Juez Primero en Materia Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, le remitió la causa penal 143/2010, del índice de aquel Juzgado, instruida contra Juan de la Cruz Pérez, Antonio de la Cruz Pérez, Francisco de la Cruz Pérez, Mariano de la Cruz Pérez, Pedro de Jesús Sánchez González y José García García o Mariano García García, mismo que se declara competente para conocer del asunto, radicándose con el número 02/2020 del índice de ese Juzgado y procederá a realizar el análisis para efectos de determinar si se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional, para realizar el estudio y valoración de los datos de prueba que constan en el sumario para el dictado del auto de incoación. Acuerdo. Atento a lo anterior, este Juzgado toma nota de lo informado para los efectos legales correspondientes.

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