Antonio de Jesús Aguilar Aguilar
Expediente 1217/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2019
Partes del expediente
- Antonio de Jesús Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 32 a 35), en el que se desechó la demanda de amparo...Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno...Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por *******, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo....Como lo solicita el promovente, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, se autoriza al promovente la consulta en la vía que solicita, para lo cual refiere que su nombre de usuario es *******, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal...Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule el usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa....Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que el Actuario Judicial de este Juzgado, no pudo notificar de manera personal al quejoso ********, el auto de once de septiembre del año en curso, por los motivos que expone; en consecuencia, como esta ordenado en líneas que anteceden, realícese la notificación del referido proveído por el sistema electrónico que señala, hasta en tanto realice dicha parte designación de domicilio para oír y recibir notificaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO DE 11/SEPTIEMBRE/2019...Se tiene por recibido el escrito presentado vía juicio en línea en el rubro demanda, por *********. Se ordena integrar el expediente y registrar el escrito presentado en el rubro demanda con el número progresivo 1217/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer respecto de la admisión del escrito presentado mediante el empleo de las tecnologías de la información en el buzón electrónico, rubro demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que promueve la mencionada impetrante resulta improcedente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Previo a determinar la actualización de la causal de improcedencia invocada, cabe precisar: Que tratándose de la presentación de demandas o promociones mediante los medios electrónicos, la firma electrónica es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Enseguida, el artículo 3º de la Ley de Amparo señala que los escritos de demanda se presentaran en forma impresa o electrónicamente. Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica conforme la regulación del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, implementación de este sistema no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo, pues lo único que se busca a través de él, es simplificar las actuaciones procesales de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia. De ahí que, se advierte la importancia de la firma electrónica al ser equiparable a un documento de identidad de quien promueva cualquier demanda o promoción dentro del sistema electrónico de los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues produce los mismos efectos que una firma autógrafa. Ahora, en el caso en estudio, se advierte que la demanda presentada vía electrónica por el quejoso, carece de su firma electrónica, dado que, de la copia de la evidencia criptográfica que genera el sistema, se aprecia que quien la signó fue su autorizado. Esto es, dicho libelo fue firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, que responde al nombre de *******, a quien le otorgó dicho carácter, como se advierte del preámbulo de su demanda. Motivo por el cual, al presentarse una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, por consiguiente, debe desecharse. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Registro 2018943, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sirve de apoyo por analogía la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Registro 2019715, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sirve de apoyo el Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo, que establece que el documento deberá garantizar los requisitos para el acceso y privilegios en los sistemas electrónicos del Consejo que requieran del uso de la FIREL se establecerán en la normativa que los rija, y se difundirán y describirán en el correspondiente manual de usuario. "Artículo 9. La FIREL deberá garantizar los siguientes principios: I. Autenticidad: Dar certeza de que un Documento Electrónico o un Mensaje de Datos ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas le son atribuibles a éste; II. Confidencialidad: En un Documento Electrónico o en un mensaje de datos, garantiza que éste sólo puede ser cifrado por el firmante y el receptor; III. Equivalencia funcional: Consiste en que en un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos, satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impresos; IV. Integridad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos dará certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma; V. Neutralidad tecnológica: Consistente en que la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la FIREL será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular; y VI. No repudio: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos garantiza la autoría del firmante." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6o y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por *******. Respecto a la solicitud del promovente en relación a la notificación a través del correo electrónico ********, con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL) y a la consulta de expediente electrónico, no se autoriza al quejoso la notificación en la vía que solicita, toda vez que deberá proporcionar su nombre de usuario, mismo que puede obtenerla en Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para efectos de que pueda realizar la consulta el expediente electrónico. Téngase por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, y en términos restringidos del artículo 24 de la citada ley a *********, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo opinión en contrario.
- Principal
Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues dicto un nuevo auto de formal prisión, siguiendo los lineamientos establecidos en los efectos de la sentencia constitucional, en contra del referido quejoso; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Transferencia del expediente. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que: Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación. Anotaciones. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero y décimo tercero, todos del Capítulo Tercero y vigésimo quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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