Antonio de la Cruz Frías

Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio de la Cruz Frías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Antonio de la Cruz Frías; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente laboral 5188/2012, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1020/2022-6, promovido por *********, contra los actos que reclama del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veintiuno de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, Antonio de la Cruz Frías, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".A).- LA OMISIÓN DE DICTAR ACUERDO EN RELACION CON LO PETICIONADO EN EL ESCRITO DE FECHA 5188/2012. B).- LA FALTA DE GARANTIA DE SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO PETICIONADA POR LÀ DEMANDADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DEL LAUDO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN RELACION CON LO ACORDADO EN EL AUTO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022. C).- LA OMISION DEL DICTADO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DEL LAUDO DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 5188/2012; YA QUE DESDE QUE DICTO EL AUTO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022, NO SE HA PRONUNCIADO RESPECTO A GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR ANTE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO PETICIONADA POR LA DEMANDADA. D).- LA VIOLACION A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 945, 947, 950 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR EN RELACION CON LO ORDENADO EN EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE AMPARO. E).- LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A FAVOR DEL GOBERNADO EN TERMINOS DE LO ORDENADO EN EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL Y 685 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR, TRADUCIDA EN EL INCUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA SUCITADA EN EL PLANTEAMIENTO DEL JUICIO LABORAL, PUESTO QUE NO HA TRAMITADO NI RESUELTO EL JUICIO EN LOS PLAZOS Y TERMINOS PROCESALES QUE LA PROPIA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ EN CONCORDANCIA CON LO ORDENADO EN EL ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 PLENO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2 PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 3 JEFA DE LA SECCIÒN DE AMPAROS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 4 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1020/2022-6; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar el escrito que presentó el once de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 5188/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Sin que pase inadvertido para el suscrito los diversos actos que señaló en su escrito de demanda la parte quejosa; sin embargo, de un estudio integral de las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que de lo que se duele el impetrante es la omisión de la junta responsable de darle respuesta a su escrito, mediante el cual solicita fecha y hora para la diligencia de reinstalación en el lugar de trabajo en el que se desempeñaba, y en caso de no llevarse a cabo dicha diligencia solicita se dicte la subsistencia en su favor. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de las diversas autoridades señaladas como responsables, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso el once de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 5188/2012; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que adjuntó al mismo, entre las que destaca el proveído de treinta de junio del año en curso, deducido del citado expediente laboral de su índice, al que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Probanzas de las que se advierte que en el citado acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós, la junta responsable, proveyó respecto del escrito de cinco de mayo de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa el once siguiente, dentro del expediente laboral de origen; siendo la omisión de su dictado lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la junta responsable. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, al rendir su informe justificado, en especial la copia certificada del proveído dictado el treinta de junio de dos mil veintidós, en el juicio laboral 5188/2012, se desprende que dicha autoridad proveyó lo relativo al escrito de cinco de mayo de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa el once siguiente, por lo que, procedió a fijar hora y fecha para el verificativo de la diligencia de reinstalación del impetrante en el lugar de trabajo en el que se desempeñaba, dentro del referido expediente laboral; asimismo, notificó dicha determinación a las partes el treinta de junio del año en curso. Actuación que emana del expediente laboral 5188/2012, del índice de la junta responsable, misma que se le reitera pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tal motivo, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado por el justiciable, pues resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, indudablemente existía el acto reclamado a las autoridades responsables; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. TERCERO. Luego, toda vez que las autoridades responsables, se encuentran gozando de su periodo vacacional, déjense bajo resguardo del actuario judicial que corresponda, los oficios que al efecto se libren, para que sean entregados una vez que reanuden sus labores. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, por sí y en representación de la Junta, Presidente y Jefa de la Sección de Amparos de dicha Junta, mediante el cual rinden su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

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