Antonio de la Cruz Frías

Expediente 978/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
978/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio de la Cruz Frías
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de seis de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Antonio de la Cruz Frías, contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad. El tres de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el cinco de abril de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del proveído de nueve de marzo pasado, dictado en el juicio laboral 5188/2012 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Dictara de inmediato el acuerdo que en derecho corresponda, respecto del escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentado por el ahora quejoso en el juicio laboral 5188/2012 de su índice. Con las constancias remitidas, la responsable demostró que, en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en la controversia laboral precitada, acordó el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada, entre otros, del proveído de nueve de marzo pasado, dictado en el expediente laboral 5188/2012 de su índice, mediante el cual acordó el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Antonio de la Cruz Frías; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad: Dicte de inmediato el acuerdo que en derecho corresponda, respecto del escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentado por el ahora quejoso en el juicio laboral 5188/2012 de su índice. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARSCoV2 (COVID-19)." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 978/2020-3 promovido por Antonio de la Cruz Frías. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en: Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso Antonio de la Cruz Frías, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve emitido en el juicio laboral de origen 5188/2012. Escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve con sello de recepción de la autoridad responsable de seis de septiembre del citado año. Copias de los Acuerdos de Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como de las Juntas Especiales Número Uno y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Tabasco, de fechas dieciocho de septiembre y nueve de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 978/2020-3, promovido por Antonio de la Cruz Frías, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8°, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de noviembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Antonio de la Cruz Frías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de acordar el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 5188/2012. 2 El auto de Pleno de nueve de octubre de dos mil veinte, que determina la apertura paulatina de las actividades de la junta, sin incorporar la actividad jurisdiccional. 3 La parálisis procesal de los autos del juicio con motivo de la pandemia. 4 La omisión de las medidas necesarias y acordes para la reactivación del juicio laboral. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3 Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: ". PRIMERO: Manifieste el estado procesal que guarda el amparo directo promovido por la parte demandada en contra del laudo de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 5188/2012, esto es, si se encuentra pendiente de resolver o en su caso si ya fue resuelto, de ser así, exponga cuál fue el sentido del fallo emitido en dicho amparo. SEGUNDO: Precise concretamente que acto reclama, si la inejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen o la omisión de las autoridades responsables de proveer lo conducente respecto a lo solicitado en escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual solicitó la subsistencia a su favor hasta por el importe de seis meses de salario, con motivo de que la parte demandada en el juicio natural peticionó la suspensión de la ejecución del laudo en mención a virtud del amparo directo que promovió contra el aludido laudo.". TERCERO. DESECHAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a la Secretaria General de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y se admitió en lo concerniente a las restantes autoridades, con el expediente 978/2020-3; se les requirió para que rindieran informe justificado; y se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción. CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad del asunto en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que refiere el punto de acuerdo en cita. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de quince de enero de dos mi veintiuno, se reanudó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, el suscrito está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 5188/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Si bien en la demanda de amparo el impetrante también señaló como actos reclamados: el auto de Pleno de nueve de octubre de dos mil veinte, que determina la apertura paulatina de las actividades de la junta, sin incorporar la actividad jurisdiccional; la parálisis procesal de los autos del juicio con motivo de la pandemia; y la omisión de medidas necesarias y acordes para la reactivación del juicio laboral. En el escrito por el que desahogó la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el quejoso precisó que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve; por lo que los referidos en el párrafo que precede no serán motivo de análisis en el presente fallo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsable, al haber omitido rendir informe justificado, no obstante que fue requerido mediante oficios 21365/2020 y 21366/2020, los que recibieron el treinta de noviembre de dos mil veinte, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a autos. Presunción que se corrobora con el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, con sello de recepción de la autoridad responsable de seis del mismo mes y año. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. En esencia, la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 5188/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, aduce que la autoridad responsable vulnera, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela su derecho a recibir justicia pronta y expedita. Al respecto, este juzgador considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación propuesto. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Así, la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, se fundan en la necesidad de que no transcurra tiempo excesivo para que los derechos y obligaciones de las partes, sometidos al litigio, queden definidos. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Estos lineamientos no se cumplen en el caso concreto, ya que se ha dejado de observar lo previsto en los ordinales 771 y 838 del citado ordenamiento jurídico, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos". "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Como se puede advertir, en el artículo 771 transcrito, el legislador impuso a los presidentes de las juntas y a los auxiliares, el deber de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, lo cual es congruente con el derecho fundamental de justicia pronta a que se refiere el numeral 17 segundo párrafo de la Constitución General de la República. Asimismo, en el aludido artículo 838, se observa que la Junta debe dictar sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito. Lo anterior se ha incumplido por parte de la autoridad responsable, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había acordado el escrito en cuestión, lo que vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a que se le imparta justicia pronta y expedita. Al respecto, es de tomar en cuenta, por analogía, lo establecido en la tesis I.14o.T.3 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1490, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1o., fracción I, y 5o. de la Ley de Amparo, disponen que contra las omisiones de la autoridad que vulneren los derechos constitucionales o convencionales del gobernado, procede el amparo indirecto. En este contexto, si la actora (trabajador) presenta una planilla de liquidación para iniciar el procedimiento incidental, que tiene por objeto determinar la condena líquida del laudo que ha de ejecutarse, y la Junta no lo acuerda en el plazo previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo (48 horas), ello constituye una omisión que justifica la procedencia del amparo indirecto, porque el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de eficacia de las resoluciones, se ve obstaculizado en perjuicio del actor durante todo el lapso que persista la inactividad de la autoridad responsable, pues la exhibición de la planilla de liquidación aludida, es condición para que comience el procedimiento de ejecución". Sin que pase inadvertido que en el escrito de desahogo de la prevención que se le hizo al quejoso en el presente juicio, haya manifestado que el laudo dictado en el juicio natural se encuentra impugnado mediante amparo directo, ya que dicha circunstancia, no impide que la autoridad responsable dicte acuerdo en relación al escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentado por el ahora quejoso. En efecto, la naturaleza jurídica de la garantía de subsistencia otorgada al trabajador es distinta de la suspensión de la ejecución del laudo por el resto de la condena, en virtud de que su finalidad es proteger la subsistencia del obrero y evitar los graves perjuicios que aquélla podría ocasionar a su familia, poniéndola en el trance de no poder subsistir durante el juicio de amparo. Por tanto, es innecesario que la junta deba esperar a que se defina el destino y resolución del aludido amparo, para que acuerde respecto del escrito en cuestión, ya que, aun cuando se le concediera la protección de la justicia federal, seria improcedente ordenar que se le devolviera el monto respectivo, pues dicha garantía es equiparable a los alimentos que el trabajador consumió durante la tramitación del juicio constitucional, lo cual tiene relación, de manera analógica, con la improcedencia de la devolución de las cantidades pagadas por concepto de alimentos provisionales, cuando se ha fijado una pensión definitiva, por estar destinada a cubrir las necesidades impostergables de las personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras se resuelve el juicio respectivo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Laboral, página 1850, con número de registro 2012250, del siguiente rubro y texto: "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Los preceptos citados, disponen que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, la naturaleza jurídica de la garantía de subsistencia otorgada al trabajador es distinta de la suspensión de la ejecución del laudo por el resto de la condena, en virtud de que su finalidad es proteger la subsistencia del obrero y evitar los graves perjuicios que la suspensión podría ocasionar a su familia, poniéndola en el trance de no poder subsistir durante el juicio de amparo. Por ello, de concederse la protección de la Justicia Federal al patrón, es improcedente ordenar que se le devuelva el monto respectivo, ya que dicha garantía es equiparable a los alimentos que el trabajador consumió durante la tramitación del juicio constitucional, lo cual tiene relación, de manera analógica, con la improcedencia de la devolución de las cantidades pagadas por concepto de alimentos provisionales, cuando se ha fijado una pensión definitiva, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS.", determinó que la medida cautelar de alimentos tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir las necesidades impostergables de las personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras se resuelve el juicio respectivo; por tanto, solicitar la devolución de los alimentos provisionales cuando se revoca o disminuye la pensión decretada de manera cautelar, sería hacer depender una situación de orden público e interés social, de un evento posterior, como es la sentencia de carácter definitivo, lo que sería tanto como sujetarlos a un convenio o transacción". Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2001, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Junio de 2001, Materia(s): Laboral, página 293, con número de registro 189366, del siguiente rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL. Si se toma en consideración que la cantidad respecto de la cual el presidente del tribunal de trabajo responsable niega la suspensión del laudo, asegura la subsistencia del trabajador únicamente durante el periodo en que se tramita y se resuelve el juicio de amparo dentro del cual se decreta, resulta que es jurídicamente imposible estimar que la subsistencia del trabajador se encuentra asegurada con la cantidad que el patrón le entregó para tal efecto al solicitar la suspensión del laudo en un juicio de garantías anterior en el que obtuvo sentencia favorable y que motivó la emisión del nuevo laudo impugnado, pues de la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado a través del juicio de amparo directo en materia laboral y de los diversos criterios que sobre el particular ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el artículo 174 de la Ley de Amparo impone al presidente del tribunal de trabajo responsable el deber jurídico de negar la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera por el monto que estime necesario para su subsistencia durante la tramitación y resolución del juicio de garantías respectivo, sin establecer excepciones o condicionantes a dicho deber, de lo que se concluye que tal subsistencia, inexcusablemente, debe asegurarse durante la tramitación de todos y cada uno de los juicios de amparo que el patrón promueva en contra de los laudos sucesivos que benefician a aquél, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el nuevo laudo impugnado se haya emitido en cumplimiento de una sentencia de amparo dictada en un anterior juicio de garantías". No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para omitir acordar el escrito en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, se concede al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad: Dicte de inmediato el acuerdo que en derecho corresponda, respecto del escrito de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentado por el ahora quejoso en el juicio laboral 5188/2012 de su índice. Para ese efecto, debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19). SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Antonio de la Cruz Frías, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas en el considerando TERCERO; por las razones y para los efectos establecidos en los diversos QUINTO y SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano