Antonio de Jesus Osorio Rufino
Expediente 1008/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio de Jesus Osorio Rufino
Actuaciones
- Principal
MESA I A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación del secretario, de la que se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dos del mes actual, en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó de plano la demanda origen de este juicio, el presente expediente es destruible después de cinco años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ANTONIO DE JESUS OSORIO RUFINO, contra el acto del Juez Quinto de lo Penal, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1008/2018. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, visto el escrito de demanda que antecede, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el particular, se advierte que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, que refieren que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Es así, ya que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional produce efectos meramente intraprocesales, ya que no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, dado que la resolución de seis de septiembre del año en curso, notificada el quince siguiente, dictada en el expediente penal número 18/2012, mediante la se resuelve el recurso de revocación hecho valer, y deja firme el auto de cuatro de septiembre del presente año, dictado en la audiencia final del citado proceso, en la cual se le negó el desahogo de la prueba pericial en materia de avaluó y mecánica de hechos, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación al promovente, ya que tal acto sólo produce efectos intraprocesales, que no causan un daño o perjuicio no reparable al aquí quejoso, pues no es posible saber si se produce tal situación en la medida que cuando se dicte la resolución definitiva se sabrá si trasciende al resultado o no y es hasta entonces cuando podrán reclamar la sentencia, a través del juicio de amparo directo que llegare a promover. En efecto, la resolución pronunciada el seis de septiembre del año en curso, en el proceso número 18/2012 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, sólo tiene efectos intraprocesales; porque como ya se dijo, no afecta derechos fundamentales de la parte quejosa tutelados por la Constitución Federal, sino únicamente consecuencias que no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio del disconforme, puesto que existe la posibilidad de que la resolución que se dicte en definitiva le sea favorable, luego, el sentido de la resolución que por esta vía combate, no implica necesariamente que la responsable dicte una resolución desfavorable, pues dicha autoridad judicial, al igual que cualquier otro tribunal, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos, por lo que no priva a éstos del derecho sustantivo de defensa en el proceso penal, ni altera intrínsecamente las cuestiones debatidas en tal controversia. De ahí que con la resolución del juez responsable, por esta vía impugnada, ningún perjuicio irreparable se ocasiona, toda vez que puede o no trascender al resultado del fallo. Ahora bien, en el evento de que la resolución que se llegue a dictar resultare adversa al interés del aquí quejoso, al tener la calidad de parte dentro de dicho procedimiento, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo, que en su caso, promueva en contra de la resolución definitiva, enderezando en vía de agravio, las anomalías que crea fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 172, fracción III y 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues bien pueden considerarse infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas del ahora quejoso y que trasciendan al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número novecientos veintisiete, visible en la página seiscientos treinta y siete, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma Ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Así como la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". También tiene aplicación al respecto, la tesis I.1o.A.7 K (10a.), consultable en la página 1231, del Libro 1, Diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor siguiente: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso." También, la diversa tesis localizable en la página quinientos cuarenta y siete, del tomo VI, julio-diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. SE SURTE SI EL ACTO RECLAMADO SE HACE CONSISTIR EN EL AUTO QUE DESECHO EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA EL PROVEIDO QUE DESECHO EL INCIDENTE DE NULIDAD EN EL EMPLAZAMIENTO. Opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones IX y XI del artículo 159 del mismo ordenamiento, si el acto reclamado se hace consistir en el auto que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el proveído que desechó el incidente de nulidad en el emplazamiento, pues es indiscutible que el mismo se ubica dentro de la fracción IX, la cual establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento que produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de ese mismo artículo, dado que el desechamiento del recurso de revocación interpuesto con el auto que desecha un incidente de nulidad en el emplazamiento, por su naturaleza afecta esa etapa del procedimiento y deja al quejoso en estado de indefensión y aun tratándose de desechamiento, el incidente de nulidad queda resuelto, dado que ya no se le dará substanciación y por tanto sólo podrá impugnarse en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva. " En esa tesitura, resulta que la demanda de amparo intentada por Antonio de Jesús Osorio Rufino, contra el acto del Juez Quinto de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, respecto del acto transcrito, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el aludido precepto 107, fracción III interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, ante la improcedencia de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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