Antonio Cruz Cruz

Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
595/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Antonio Cruz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó estado el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que, si bien se concedió la suspensión provisional, cierto es que se negó la medida cautelar definitiva, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para notificar al quejoso ANTONIO CRUZ CRUZ el proveído de treinta de octubre del año en curso, toda vez que, no obstante haberse constituido y recorrido la calle Manuel Fernández Fiallo, centro, Oaxaca, no le fue posible localizar el número mil doscientos nueve, letra A, e incluso se presentó en Prolongación de Fiallo en el que ubicó un inmueble con nomenclatura mil doscientos nueve, siendo atendido por una persona que dijo ser trabajador de la obra que ahí se está construyendo y en la cual no vive nadie, ignorando si existe el número mil doscientos nueve, letra A. En tal virtud, atento a que la parte quejosa no especificó con precisión el domicilio para recibir notificaciones y acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a ANTONIO CRUZ CRUZ por lista de acuerdos el proveído de treinta de octubre del año en curso, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez o zonas conurbadas. CÚMPLASE. INSERCIÓN: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, ANTONIO CRUZ CRUZ, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, así como del Fiscal General del Estado de Oaxaca y elementos a su mando, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución; admitiéndose a trámite por auto de trece de octubre de dos mil veinte. Ahora, del informe de cuenta, se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le reclama. Asimismo, por acuerdo de veintiuno de octubre en curso, se tuvo como autoridad inexistente al Fiscal General del Estado de Oaxaca y elementos a su mando. Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". En efecto, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que la autoridad admite su existencia y aduce su legitimidad, mas no cuando esa autoridad negó categóricamente, el acto que se le imputa. Se dice lo anterior, toda vez que el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar dichas negativas, pues atendiendo al principio general del derecho que sostiene: el que afirma está obligado a probar, es decir, a allegar los medios de convicción suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso por identidad de razón la Jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con un minuto del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, visto el estado de los autos, se advierte que mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, ANTONIO CRUZ CRUZ, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, así como del Fiscal General del Estado de Oaxaca y elementos a su mando, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución; admitiéndose a trámite por auto de trece de octubre de dos mil veinte. Ahora, del informe de cuenta, se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le reclama. Asimismo, por acuerdo de veintiuno de octubre en curso, se tuvo como autoridad inexistente al Fiscal General del Estado de Oaxaca y elementos a su mando. Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza la causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". En efecto, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que la autoridad admite su existencia y aduce su legitimidad, mas no cuando esa autoridad negó categóricamente, el acto que se le imputa. Se dice lo anterior, toda vez que el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquéllas encaminadas a justificar los datos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar dichas negativas, pues atendiendo al principio general del derecho que sostiene: el que afirma está obligado a probar, es decir, a allegar los medios de convicción suficientes para demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso por identidad de razón la Jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con un minuto del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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