Antonio Contreras Morales
Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Antonio Contreras Morales
- Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliacion Y Aribtraje En el Estado de Tabasco
Actuaciones
- Principal
J.A 21/2021-V-2 veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y el estado de autos se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el nueve de marzo de dos mil veintiuno en la que se sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. Publicación de datos personales Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con quince minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública *** Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido del secretario que autoriza y da fe, ***, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 21/2021-V-2, promovido por ***, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Es aplicable la jurisprudencia PC.IIP J/8 K (10ª.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, identificada con el registro 2017786, publicada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época, del tenor literal siguiente "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación secretarial que se realiza, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación se abre el período probatorio y el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan la prueba documental, en virtud de su propia y especial naturaleza. Seguidamente y tomando en consideración que no existen elementos probatorios pendientes de admitir y desahogar, se declara cerrada la etapa probatoria. Se apertura el período de alegatos: El secretario del juzgado certifica que las partes no los formularon, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no formuló pedimento en relación con este asunto. El Juez acuerda: Téngase por practicada la certificación secretarial que antecede. Acto continúo el Secretario Encargado del Despacho, procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 21/2021-V-1, promovido por ***, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O ANTECEDENTES DEL JUICIO DE AMPARO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Quince de enero de dos mil veintiuno. SEGUNDO. ADMISIÓN. Dieciocho de enero de dos mil veintiuno. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dieciocho de enero de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en el Estado de Tabasco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tienen como actos reclamados: a) La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de acordar la promoción presentada el siete de julio de dos mil veinte relacionada con el expediente laboral 521/2016. b) Señalar hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado en relación a los actos que se 2 Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° fracción I, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con el artículo cuarto, punto X, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Jurisdiccionales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito. analizan, no obstante, que fue legal y oportunamente notificada del auto admisorio; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, opera la presunción de certeza de los actos reclamados y se tienen por ciertos los mismos. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis II.1o.P.35 K, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, visible en la página 1363, cuyo rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Luego, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que por cuanto hace a los actos reclamados identificados como a) y b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del dispositivo 63, fracción V, del citado ordenamiento. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Asimismo, el artículo 5º, fracción I, del ordenamiento legal antes mencionado, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". Respecto a dicha causal de improcedencia, es menester dejar asentado que hasta antes de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la promoción del juicio de amparo, era indispensable la existencia de un interés jurídico del promovente del juicio, lo cual, sin lugar a dudas, lo convertía en uno de los principales requisitos de procedencia de la vía constitucional. Este requisito se encontraba establecido en el artículo 107, fracción I, de nuestra Carta Magna, antes de aquella reforma, conforme al cual, el juicio de amparo exclusivamente podía promoverse a instancia de parte agraviada, la cual debía ser titular del derecho afectado por el acto de autoridad relativo, de ahí pues, que el interés jurídico necesario para acudir a la vía constitucional únicamente lo tenía la persona o personas, físicas, jurídicas colectivas u oficiales, directamente agraviadas por el acto correspondiente. Tal precepto constitucional era del tenor que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Desde luego, la existencia de este interés jurídico limitaba a los gobernados la posibilidad de acudir al juicio de amparo, en tanto que condicionaba su procedencia no únicamente a la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado, sino también a la afectación que de ese derecho debía ocasionar el acto de autoridad respectivo, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional propio del juicio de que se trata. Sin embargo, esa limitación fue atenuada con la reforma al artículo 107, fracción I, constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, actualmente en vigor, porque al concepto de interés jurídico, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, se incorporó el de interés legítimo, tal como quedó reflejado en el texto del precepto de que se trata, el cual, literalmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Esta disposición constitucional vigente, indica que para la procedencia del juicio de amparo el promovente deberá acreditar la afectación a su interés legítimo, o bien, la afectación a su interés jurídico. Estos conceptos jurídicos son diversos, y es factible establecer su diferencia, atendiendo al tipo de normas que cada uno de ellos tutelan. Las normas que tutelan al interés jurídico, son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos, son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Estas normas tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, mediante ellas, se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social, por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica; ni a sus integrantes, porque no son ellos, en lo individual sus destinatarios. Es decir, tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes. El interés jurídico, supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), que se encuentra dentro de su status jurídico. El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respecto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. La afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual solo podrá darse si éste forma parte de una colectividad interesada, ya que de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad, no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, debe señalarse que independientemente de la afectación que se dé al grupo al que pertenece el quejoso, puede producirse una más concreta respecto de él, como por ejemplo, tratándose de una licencia para construir un edificio, que es contraria a planes de desarrollo urbano, ésta afecta a todos los habitantes de una zona, pero directamente al vecino contiguo, quien por ese motivo podría sufrir alguna afectación individual que no tendrían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual, sólo se da en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otras palabras, si el agravio es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo entonces se estará frente a un interés legítimo. Ahora, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente. El primero, supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción, por ejemplo: quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de la autoridad, debe demostrar por una parte, ser propietario del bien que considera afectado, y por otra, que el acto que reclama de la responsable está referido a ese bien; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Por lo que respecta al interés legítimo como elemento de la acción de amparo, deben acreditarse los elementos que determinan su existencia, que son los siguientes: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama. 3. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad. Con relación a este último elemento, es importante mencionar que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), visible en la página mil setecientos treinta y seis, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, Registro 2003067, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". De acuerdo a lo antes expuesto, en el caso particular nos ubicamos ante la hipótesis de la promoción del juicio constitucional, por quien aduce que la junta de conocimiento no proveyó en relación al escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte, relacionado con el juicio laboral 521/2016 del índice de la responsable, y por ende, no se ha señalado hora y fecha para el desahogo de la prueba pericial, frente a un acto concreto de las mismas, motivo por el cual, -como ya quedó expuesto- la parte quejosa debe demostrar que presentó ante la responsable dicha demanda, a fin de acreditar su interés jurídico; esto es, la relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado. Sin embargo, como se estableció con anterioridad, en la especie, la parte quejosa no acredita su interés jurídico, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para demostrar el anterior aserto resulta pertinente reiterar que el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y constituye uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo; por ende, el juicio de amparo es procedente contra actos que afectan el interés jurídico del quejoso y cuya afectación debe ser directa e inmediata. Orienta lo expuesto la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En ese tenor, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, del mes de enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Siguiendo lo anterior, debe decirse que para estar en condiciones de un análisis de la controversia en el juicio constitucional, conforme al artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es presupuesto indispensable la acreditación del interés jurídico del quejoso; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. Por tanto, el artículo 5º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y evidentemente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, se reitera, que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que debe tomarse en consideración para la procedencia del juicio de amparo, interés que implica la existencia de dos elementos a saber, el primero, la titularidad de un derecho y, el segundo, la afectación por un acto de autoridad. En razón de lo expuesto, al no existir una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción que la parte peticionaria de la protección de derechos fundamentales, haya presentado una demanda ante la junta señalada como responsable, no puede estimarse acreditado el interés jurídico que le asiste, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Además, para demostrar el interés jurídico resulta insuficiente la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, contenida en su escrito de demanda. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintinueve, tomo V, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro establecen: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En ese orden de ideas, la parte quejosa no demostró que las autoridades que señaló como responsables, hayan omitido llevar a cabo en cierre de instrucción en la contienda laboral de origen 2022/2016, por tanto, es de concluirse, que éstos no le irrogan perjuicio jurídico alguno, y siendo que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Apuntala lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2006144, publicada el once de abril de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA. Este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. Asimismo, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo establecido en los artículos 37, 63, 73, 74, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ***, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que aún se encuentra trascurriendo el término para que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, rinda su informe con justificación; en consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere y en su lugar se fijan para su celebración las once horas con quince minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Admisión de la demanda. Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con asiento en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite en sus términos. Expediente impreso y electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo, bajo el número 21/2021, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incidente. Sin aperturar incidente de suspensión al no haber sido solicitado. Audiencia Constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. En caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal1 en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Informes Justificados. Con fundamento en el numeral 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, acompañando, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a la dirección de correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo 1 http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Prevención a las autoridades. Indíquese a la autoridad responsable que con fundamento en los artículos 238 y 245 de la Ley de Amparo, podrá multársele con cien a mil días de salario mínimo general vigente en el País al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, o se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. En la inteligencia que la mención al denominado salario mínimo, se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, acorde con lo publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, por el Director General Adjunto de Índices de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Causales de Improcedencia. Con fundamento en los artículos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento de la quejosa, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. Requerimiento respecto de la existencia de diversos juicios. Se requiere a las partes, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Agente del Ministerio Público Federal. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se admite de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación y cuenta en la audiencia constitucional. Respecto de la prueba documental que ofrece, no ha lugar a tenerla por admitida en virtud de que la misma no fue exhibida. Por otra parte, en relación al informe justificado que refiere, dígasele que se tiene por ofrecido y se reserva hasta en tanto le transcurra el término a la responsable para rendir el mismo. Terceros interesados No ha lugar a ordenar el emplazamiento de los terceros interesados que refiere hasta en tanto, obren en autos las constancias de las que deriva el acto reclamado y de ellas se advierta que resienten una afectación. Habilitación de Días y Horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Domicilio y Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere por tratarse de la parte trabajadora. En otro orden, en cuanto al correo electrónico que proporciona el quejoso para recibir notificaciones, dígasele que es improcedente hacerlo a través de la dirección del correo electrónico que refiere, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. Consulta electrónica Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de noviembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza la clave de usuario "GustavoPulido", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Igualmente, dado que Gustavo Ernesto Pulido Pérez, cuenta con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) tramitada, de conformidad con los acuerdos generales 1/2014 y 34/2014, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regulan la Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación; las Políticas para la Obtención y Uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) así como para la Operación de su Infraestructura Tecnológica, se le permite la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo y asimismo, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo atendiendo el contenido de la presente autorización que faculta las notificaciones personales al aquí quejoso por vía electrónica, notifíquesele el presente acuerdo de manera personal. Juicio en linea. Ahora, tomando en consideración la emergencia sanitaria que asola el país y las potenciales dificultades para acceder a las herramientas análogas necesarias para impulsar el procedimiento del juicio en que se actúa, se exhorta a las partes que de ser posible continúen con la tramitación de este mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.*********
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Antonio Chable Santos2111/2023
- Antonio Chable Santos2329/2022
- Antonio Contreras Morales116/2019
- Antonio Contreras Morales1109/2021
- Antonio Contreras Morales952/2023
- Antonio Contreras Morales1672/2017
- Antonio de Jesús Gutierrez Gómez1431/2022
- Antonio de Jesús Gutierrez Gómez928/2022
- Antonio de Jesús López Sánchez1194/2022
- Antonio de Jesus Milagro Sulvaran328/2019
- Antonio de la Cruz Bocanegra1576/2016
- Antonio de la Cruz Díaz1566/2021