Antonio Chable Santos
Expediente 2329/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2329/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Antonio Chable Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Chablé Santos y Darwin Enrique Sastré Sarao, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para el efecto siguiente: a) ".Notifique de manera personal a las partes el auto dictado el diez de enero de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 206/1999." Ejecutoria. La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el tres de marzo de dos mil veintitrés. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. La Magistrada Presidente Sustituta por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, mediante oficio número TCYA/AMP/2749/2023 (foja 24), allegó copia certificada del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, así como las constancias de notificación de dicho acuerdo y la diligencia de inspección ocular de veintiuno de febrero del año que transcurre, así como la certificación realizada por actuario de su adscripción de veintidós de febrero de la presente anualidad, en autos del juicio laboral 206/1999 de su índice. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo De lo antes expuesto, se pude concluir que se acató el fallo protector, tomando en consideración que la autoridad responsable notificó a las partes el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral de origen; por tanto, en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA; sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones. Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Magistrada Presidente Sustituta por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, así como las constancias de notificación de dicho acuerdo y la diligencia de inspección ocular de veintiuno de febrero del año que transcurre, así como la certificación realizada por actuario de su adscripción de veintidós de febrero de la presente anualidad, en autos del juicio laboral 206/1999 de su índice. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta y; demás constancias, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; tres de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en la estadística. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Narciso Contreras Hernández. Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Gustavo García Pereyra. Magistrado representante de las Entidades Públicas. Soledad López Álvarez. Magistrada representante de los Trabajadores. Para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realice las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora, misma que se concedió para los efectos siguientes: a) "Notifique de manera personal a las partes el auto dictado el diez de enero de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 206/1999. Hecho que sea lo anterior, remitan copia certificada de las constancias relativas que así lo acrediten. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del convenio de pago parcial del laudo, dictado en el juicio laboral 263/2007. Ahora de la documental que remite el oficiante se advierte en lo que interesa que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el convenio de pago parcial del laudo a la quejosa Dora María Contreras Hernández por la cantidad de $102,127.26 (ciento dos mil ciento veintisiete mil pesos 26/100 moneda nacional). Asimismo se advierte que mediante auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se reservó en proveer, hasta en tanto, diera cumplimiento a lo requerido mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se le requirió copias certificadas de las constancias de la diligencia que se efectuó en esa misma data, en consecuencia, se levanta la reserva y se provee al respecto. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, consistente en copia certificada del proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, y sus respectivos anexos, del juicio laboral 263/2007 de su índice, se advierte en lo que interesa que el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante diligencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, reinstaló a la quejosa Dora María Contreras Hernández, de que en dicha diligencia solicitó una prórroga de treinta días, para efecto de exhibir la documentación con la cual acredite la reinstalación de la quejosa, otorgando la autoridad responsable únicamente el termino de quince días hábiles para exhibir dichas documentales; de igual forma acordó requerir a la parte quejosa por el término de cinco días hábiles, para que haga entrega al ente público los documentos personales consistente en: Credencial de Elector, Comprobante de domicilio, Cédula de Situación Fiscal (actualizada), acta de nacimiento, Curp, Certificado Médico; para que el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, este en aptitud de comenzar con los trámites administrativos para su respectiva alta como trabajadora de dicho Ayuntamiento; empero, omitió remitir las constancias de notificación a las partes de dicho acuerdo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Narciso Contreras Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, Gustavo García Pereyra, Representante de las Entidades Públicas y Soledad López Álvarez, Representante de los Trabajadores, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, remita copia certificadas de la notificación a las partes del proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral de origen. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo requerido en el término otorgado, se les impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, en su caso, se implementarán las penas a que hace referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Asimismo, se hace aclaración a las autoridades antes señaladas que deberán dar puntual seguimiento a sus actuaciones a fin de cumplir a la brevedad posible la ejecutoria de amparo; pues, de no acatar el fallo protector, se les aplicaran las multas respectivas y se iniciará el procedimiento previsto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."
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