Antonio Chávez Reyes y Otros.
Expediente 1374/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2023
Partes del expediente
- Antonio Chávez Reyes y Otros.
- Antonio Chávez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, Antonio y Abel, de apellidos Chávez Reyes, solicitan la devolución de los documentos que anexaron a su demanda de amparo y autorizan a José Luis Molina Vargas, para que previa identificación los reciba. En ese sentido, se deja a disposición de la parte quejosa lo siguiente: Copia certificada de un documento de nueve de marzo de mil novecientos setenta y tres. Copia certificada del acta de defunción de Antonio Chávez Becerril. Copia certificada del instrumento notarial número quince mil doscientos treinta y cinco. Copias certificadas del expediente 26/2021 del índice del Juzgado Quinto Familiar de Toluca, Estado de México. Por tanto, se tiene por autorizada a la persona que refieren, previa copia de los documentos que se deje en autos mediante comparecencia y firma que obre para debida constancia legal.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del Artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, formulada por el actuario judicial de la adscripción, de diecinueve de septiembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar y dar vista a la parte quejosa Antonio y Abel de apellidos Chávez Reyes, respecto del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en la demanda de amparo, recorrió la calle precisada, al no tener número exterior, vecinos del lugar, locatarios y transeúntes, de manera conjunta refirieron que no conocían a nadie a nombre de los quejosos. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que el domicilio referido en la demanda de amparo resulta inexacto, se ordena efectuar la notificación personal a los citados Antonio y Abel de apellidos Chávez Reyes, del proveído en comento, y el diverso de trece del mismo mes y año, por lista, así como las subsecuentes. ... Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Antonio y Abel, de apellidos Chávez Reyes, refieren cumplir con la prevención realizada mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso; esto es, manifiestan que promueven en calidad de coherederos, de la sucesión legítima de Antonio Chávez Becerril, cuya masa hereditaria lo integra el bien inmueble de medidas y colindancias señaladas en el acto reclamado; en virtud del juicio sucesorio intestamentario que se tramita en el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con número de expediente 26/2021, en el que el segundo se ostenta también como interventor a bienes de Antonio Chávez Becerril, en defensa del referido inmueble, el cual refieren se aprecia a foja cincuenta y dos de las copias certificadas que anexaron a la demanda. En ese sentido, se deja sin efectos el apercibimiento que decretado en autos. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados: - La desposesión del bien inmueble y del derecho sucesorio intestamentario de los peticionarios de garantías, a bienes de Antonio Chávez Becerril, respecto de una fracción de terreno con construcción que forma parte del lote 119 de lo que se dividió una fracción de la Hacienda de Jicaltepec, en San Pablo Autopan, Toluca, estado de México, el cual se encuentra inscrita en el Instituto de la Función Registral, bajo la partida número 27797/18, volumen 120, libro primero, sección primera, de dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y dos. Ahora bien, respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, pues este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 6° de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional puede promoverlo, únicamente, la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción precedente se obtiene que para la procedencia del juicio amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y ese interés se vea afectado. En el caso particular, sólo se analizará el interés jurídico, pues al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa no alegó la titularidad de un interés legítimo para accionar la vía constitucional. En ese sentido, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sobre el particular, se cita por su aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, página 225, registro 170500, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Corolario a lo anterior, es que la afectación a dicho interés jurídico debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción. Cobra aplicación la jurisprudencia 321, de la Segunda Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En esa tesitura, se considera que el acto reclamado, en realidad no genera detrimento alguno a los derechos fundamentales que los justiciables estiman transgredidos, al no existir elemento de convicción que fundada y razonadamente patentice lo contrario, pues, con el acto reclamado no existe lesión o perjuicio en sus derechos, pues hasta el momento no son herederos declarados de los bienes del de cujus; es decir, al tener únicamente la calidad de presuntos herederos carecen de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues a pesar de que indiquen que no existe disposición testamentaria otorgada por Antonio Chávez Becerril, y que ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se tramita el juicio sucesorio intestamentario respectivo; sin embargo, de las constancias anexadas a la demanda de amparo, no se advierte que se haya dictado el auto declarativo de herederos así como el nombramiento de albacea, pues lo cierto es que no se les ha reconocido ni declarado el carácter de herederos, ni hay constancia o dato alguno que permita establecer que se les han adjudicado los bienes, lo que implica que no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederán sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, los aquí quejosos no podrían sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no son titulares de un derecho legítimamente tutelado. Pues no es factible aceptar su argumento de tramitar el presente sumario y esperar a que sea designado el albacea en el juicio sucesorio que refieren, pues al momento de presentar la demanda (seis de septiembre de dos mil veintidós) aún no era designado como albacea de la sucesión que defienden, alguno de los quejoso, como lo señala el artículo 6.216 del Código Civil para el Estado de México, y por lo tanto no representaban a la misma, razón por la cual, carecen de interés jurídico para acudir a este juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 36/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, con número de registro 178449, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Así como el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 74/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 670, con registro 2010467, de rubro y texto siguientes: "ALBACEA. LA LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LOS DEBERES Y LAS RESPONSABILIDADES PROPIOS DEL CARGO, ASÍ COMO LA FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, ESTÁN CONDICIONADAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN EXPRESA DE QUIEN FUE DESIGNADO COMO TAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, MORELOS Y JALISCO). La designación del albacea tiene su fuente en la autonomía de la voluntad del testador, en la de los herederos o en una decisión judicial; sin embargo, de conformidad con los artículos 1592 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, 3037 del Código Civil del Estado de Jalisco y 786 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, el albaceazgo constituye un cargo voluntario, es decir, que puede aceptarse o no, en tanto que nadie puede ser obligado a asumir y cumplir con los deberes y las responsabilidades que implica, simplemente por haber sido designado como tal, por causas ajenas a su voluntad. En ese tenor, la aceptación del cargo de albacea constituye un acto jurídico unilateral que da origen a deberes y derechos a cargo y en favor de quien se hace; de ahí que es a partir de la aceptación expresa en el cargo de quien ha sido designado como tal que queda obligado a cumplir con los deberes propios del cargo, y sólo entonces está facultado para conferir poderes, para que otras personas actúen bajo sus órdenes en lo que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el albaceazgo; sin que se establezcan fórmulas sacramentales para el discernimiento, ni se precise de una declaración judicial formal en ese sentido." No pasa inadvertido que al escrito de desahogo de prevención se adjunten las actas de nacimiento de los quejosos, a efecto de acreditar el entroncamiento que tienen con el de cujus Antonio Chávez Becerril, basados en la tesis aislada de rubro "AGRARIO. LEGITIMACIÓN DEL PRESUNTO HEREDERO PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PRIVA DE SUS DERECHOS AL TITULAR DE LA PARCELA YA FALLECIDO"; sin embargo, ello no es suficiente para cambiar el sentido de la presente determinación, pues dicho criterio se encuentra superado por la jurisprudencia 2a./J. 87/2011 (9a.) de rubro "AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN". Consecuentemente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6º, fracción I, éstos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Federal, procede desechar la demanda intentada por la parte quejosa. ... oluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Antonio y Abel de apellidos Chávez Reyes, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico, electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1374/2022-I. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 10 y 11, ambos en su primer párrafo, 108, fracción I, 112 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, prevéngase a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, y sabedores de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realicen lo siguiente: Manifiesten con qué calidad promueven; asimismo, acrediten con documento idóneo y eficaz su legitimación para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, pues en el punto 1, del capítulo de "ANTECEDENTES" de la demanda de amparo promovida, refieren que acreditan su personalidad "con la documental pública del expediente 26/2021, en donde obran agregadas sus actas de nacimiento de los suscritos, así como la personalidad del suscrito interventor de Abel Chávez Reyes"; posteriormente, en el número 2, de ese mismo capítulo, manifiestan que el "inmueble con construcción y terreno hoy en litigio que se encuentra ocupado por nuestro hermano Félix Chávez Reyes." Lo anterior, máxime que en el apartado de suspensión del acto reclamado refieren: "a fin de no ser privados anticipadamente de nuestro derecho hereditario a bienes de nuestro difunto padre ANTONIO CHÁVEZ BECERRIL cuya masa hereditaria la conforma únicamente el bien inmueble citado en el acto reclamado". Lo anterior evidencia que no es clara la calidad con la que los promoventes acuden a esta instancia constitucional; es decir, si alguno de ellos en calidad de interventor, en su carácter de herederos; en defensa y representación de la masa hereditaria, o, en su caso, en representación de Félix Chávez Reyes, quien -aducen- tiene la posesión del bien inmueble que defienden. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J.43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo anterior, tomando en consideración que dada la naturaleza del presente sumario constitucional, se estima necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo; además, de resultar necesaria dicha precisión, para poder analizar la procedencia del escrito de demanda que se atiende. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 36/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 217, con número de registro 178449, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Apercibidos que de no dar cumplimiento en los términos indicados y en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que señalan en su demanda de amparo; asimismo, se tienen por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Crispín Roberto Mandujano Serrano, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y en términos del artículo 24, párrafo segundo de la ley citada al diverso profesionista que refiere, limitación que subsiste hasta en tanto registre su cédula profesional en el Sistema Electrónico correspondiente, lo cual se deberá informar a este órgano federal. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la ley de amparo, se designa a Abel Chávez Reyes, como representante común de los quejosos. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual Antonio y Abel, de apellidos Chávez Reyes, manifiesta que en alcance al escrito presentado el doce de septiembre del año en curso, exhiben las copias necesarias para correr traslado a las partes. En ese sentido, únicamente agréguense para que obren como corresponda, toda vez que en proveído de trece del mes y año que transcurre, se desechó la demanda al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en concordancia al diverso 6°, párrafo primero, de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Federal.
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