Antonio Chamorro Estrada
Expediente 510/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Antonio Chamorro Estrada
- Tercero Interesado
- Juzgado de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusa recibo del disco versátil en formato digital relativo a la carpeta administrativa 144/2021 de su índice, remitido el diecinueve de septiembre pasado. Por lo anterior, se toma conocimiento de lo informado y no se emite mayor pronuncimiento al respecto, toda vez que en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se recibió similar comunicado y se acordó lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusa recibo del disco versátil en formato digital relativo a la carpeta administrativa ******************** de su índice, remitido el diecinueve de septiembre pasado. Circunstancia de la que se toma conocimiento Cúmplase.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional, en tanto que se concedió la definitiva y se dejó sin efectos la última fecha señalada para resolver respecto de dicha medida cautelar. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se proceda a su destrucción y depuración, respectivamente. Por otro lado, de autos se advierte que obran como anexos copias certificadas del expediente electrónico 144/2021, así como de las audiencias celebradas en dicha carpeta, remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, como complemento a su informe justificado, por tanto, al ser innecesaria su conservación, devuélvase al juzgado de mérito, sin que sea necesario acuse de recibo. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, informa que a las dieciséis horas con dos minutos del veintinueve de julio del presente año, dictó AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, de forma oral, en favor de Antonio Chamorro Estrada, al no acreditarse su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de ROBO CON LAS MODIFICATIVAS AGRAVANTES DE HABER RECAÍDO SOBRE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR Y HABERSE EJECUTADO CON VIOLENCIA, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I, 290 fracción I, inciso b y fracción V, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I, inciso d, todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Juan Diego González Estrada y Concretos y Construcciones Vilba S.A De C.V. representado por Sebastián Vilchis Barrios. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVlI de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVll. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (...)." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; y d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Dicho supuesto se acredita, ya que los actos que se tildaron de inconstitucionales por el impetrante en el presente sumario, consisten en la orden de búsqueda, localización, citación, presentación, comparecencia, aprehensión o detención y su ejecución, en relación con la carpeta administrativa 144/2021 del índice del Juzgado Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, instruida contra Antonio Chamorro Estrada, por el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de Juan Diego González Estrada y Construcciones Vilba Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Sebastián Vilchis Barrios. Luego, se hace constar que mediante el oficio de cuenta, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó que en la causa penal 144/2021 el veintinueve de julio del año en curso, se dictó auto de no vinculación a proceso, a favor de Antonio Chamorro Estrada, por lo que, se evidencia un cambio de situación jurídica, con lo que se modifican los efectos de los actos aquí reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J.17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Así como la tesis 2a.CXI/96, publicada a página 219, tomo IV, diciembre 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XVlI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emite la presente determinación, dado que aún y cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. En consecuencia, dado el sentido del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.
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