Antonio Bayona de la Cruz

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Antonio Bayona de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 107/2022 y el original del juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo. Ahora bien, como de la ejecutoria de que se trata se advierte que el Tribunal revisor resolvió: "[.] ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja. [.]" En consecuencia, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad ARCHÍVESE este expediente como asunto total y legalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta recibido vía SISE, signado electrónicamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de seis de septiembre del año actual, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Antonio Bayona de la Cruz, medio de impugnación que quedó registrado con el número de expediente 107/2022, de su índice; de lo cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Antonio Bayona de la Cruz, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco, que estima violatorio de los artículos 1, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 1173/2022-6. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: La negativa del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación masiva de Causas del Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco, de investigar un diverso delito presentado mediante querella por el impetrante, dentro de la carpeta de investigación CI-NAC-482/2021, lo cual le fue notificado mediante oficio UTMNAC-1885/2022 de veinticinco de junio de dos mil veintidós. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Ahora bien, en el caso concreto, para quien suscribe considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". Ahora bien, a fin de evidenciar la causa de improcedencia en estudio, es preciso indicar que el artículo 20, inciso C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 109, fracción XXI y 258, establecen lo siguiente: Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De las porciones normativas antes transcritas, se advierte que la víctima u ofendido del delito, tienen el derecho de impugnar ante el Juez de Control todas aquellas omisiones o negligencias en que incurra la autoridad ministerial en la investigación de delitos, mediante el medio de impugnación que prevé el mencionado artículo 258 del código adjetivo en cita. Así se tiene, que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Por lo que, ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, resulta indispensable agotar el principio de definitividad antes de promover un juicio de amparo indirecto, cuando se pretendan reclamar las omisiones o abstinencias de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigación. En ese contexto, al no haberse promovido el medio de defensa aludido, es claro que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, actualizándose en el particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto es aplicable la jurisprudencia marcada con el número 1a./J.27/2018 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, Materia Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, la jurisprudencia marcada con el número 1a./J.28/2018 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, Materia Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado del promovente a Abraham Alaniz García, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y María Jesús Bayona Bayona, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud, de que éste no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. Ahora bien, toda vez que el domicilio de la parte quejosa, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juzgado Civil de Nacajuca, Tabasco, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, comisione al Actuario de su adscripción, se constituya en el domicilio ubicado en el calle principal s/n, poblado Sandial, de Nacajuca, Tabasco, (como referencia del domicilio como a 100 metros del templo SALIM), y con copia del presente proveído notifique a Antonio Bayona de la Cruz; de igual manera, deberá prevenirlo para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado en el término que se concede, con fundamento en lo dispuesto en el aludido precepto, sin ulterior acuerdo las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado. En el entendido que para llevar a cabo la referida diligencia, se habilitan días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 21 de la Ley de Amparo. De igual manera, dígase a la autoridad requerida que una vez diligenciado el despacho que se envía, lo devuelva a este Juzgado a la brevedad, con las diligencias practicadas al efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente mediante despacho a la parte quejosa.

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