Antonio Aguilera Acuña

Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Antonio Aguilera Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Antonio Aguilera Acuña; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos en original o certificado que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverán los documentos a que se alude. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Ahora, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 97/2022-2, promovido por Antonio Aguilera Acuña, contra los actos que reclama de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado en el buzón judicial el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, Antonio Aguilera Acuña solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La OMISIÓN de la autoridad responsable a dictar FECHA y HORA para la audiencia de (PERICIAL MEDICA OFRECIDA POR LA EMPRESA DEMANDADA Y DEL ACTOR; COTEJO E INSPECCIÓN OCULAR OFERTADA POR EL ACTOR) en el expediente laboral NO. 866/2015 (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda, registrada bajo el expediente 97/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de la controversia, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la pericial médica ofrecida por la demandada y cotejo ofrecida por la parte actora y demandada en el expediente laboral número 866/2015, del índice de la Junta responsable; así como su notificación del acuerdo que se pronuncie. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA RESPONSABLE. No es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta responsable, toda vez que en la naturaleza de la omisión que se le reclama se encuentra estrechamente relacionada con la omisión de dictar el acuerdo que señale fecha y hora para el desahogo de diversos medios de prueba dentro de la controversia laboral de origen; por lo tanto, resulta evidente que el fedatario no se encuentra en posibilidad de notificar una resolución que no se había dictado, ni tampoco cuenta con facultades para emitir ese tipo de determinaciones, sino una autoridad diversa; en esa virtud, el acto que se le atribuye resulta inexistente. Lo procedente es declarar la inexistencia del acto reclamado a la referida responsable y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando anterior, dado que así lo manifestó el presidente de la Junta responsable, al rendir el informe con justificación respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto| que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós dictado en el expediente 866/2015 de su registro, del cual se advierte que en el momento en que se presentó la demanda de amparo -veinticuatro de enero de dos mil veintidós-, no había señalado fecha y hora para el desahogo de los medios de convicción en el juicio de origen, lo cual constituye la materia del reclamó en esta controversia. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2°. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de la copia certificada del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós dictado en la controversia laboral de origen, se advierte que fueron señaladas las diez horas del catorce de marzo de dos mil veintidós, para que tenga lugar la comparecencia del trabajador ante el perito de las demandadas; también fijó las once horas del veintidós de abril de dos mil veintidós para que tenga y se exhiba la pericial médica; las once horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós para el desahogo del cotejo de documentales ofrecidas por las partes; finalmente señaló las doce horas del dos de junio de dos mil veintidós para que el actor -aquí quejoso- acuda para que sea valorado por el perito médico designado por la Junta responsable. Para mejor proveer, se reproduce digitalmente el acuerdo en comento: Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había señalado fecha y hora para el desahogo de diversas probanzas en el expediente laboral de origen; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente los estudios de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y motivos expuestos el considerando tercero y quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por sí y en representación del Actuario de dicha adscripción, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, mediante el cual rinde informe justificado, al que adjuntó copia certificada del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós y de la constancia actuarial de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente laboral 866/2015; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades antes citadas, las constancias anexadas al informe que se provee, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, se advierte que en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se reservó acordar en relación a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistentes en todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral 866/2015, y el informe justificado que rindieran las autoridades responsables, y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por José Francisco Martínez Martínez, en su carácter de representante común de los quejosos en el presente asunto, mediante el cual manifiesta que la autoridad vinculada fue omisa en realizar las gestiones legales necesarias para incluir en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022, el pago para los quejosos dentro del juicio administrativo 544/2011-S-2, tramitado ante el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, motivo por el cual solicita se aperture el incidente de inejecución de sentencia, ante el actuar del citado ayuntamiento y su rebeldía al no haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. En ese contexto, dígase al promovente que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud que en proveído de doce de los cursantes, se otorgó al citado Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, el plazo de diez días para que remita copia certificada de las constancias con las cuales demuestre los actos encaminados a lograr el pago de los quejosos, plazo que se encuentra transcurriendo; por tanto, una vez que fenezca dicho término y reiterada sea su petición, se acordará lo que en derecho corresponda. Aunado a lo anterior, respecto a lo manifestado por el promovente de que el Ayuntamiento vinculado al cumplimiento, fue omiso en realizar las gestiones legales necesarias para incluir en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022, el pago para los quejosos del presente asunto; es importante recalcar que dicho Ayuntamiento responsable ha manifestado que en cualquier momento puede celebrar sesiones extraordinarias de cabildo, a fin de solicitar recursos y realizar el pago de los laudos condenados. Por otra parte, y como lo solicita el promovente, hágase del conocimiento del tribunal responsable que el nombre correcto de una de las quejosas a quien se le debe hacer el pago, con motivo de la ejecutoria emitida en este juicio es Sebastiana Jiménez Méndez; lo anterior, a fin de que en los requerimientos de cumplimiento efectuados al Ayuntamiento vinculado se requiera de pago a dicha persona y no a otra diversa. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable tiene suspendida las actividades de atención al público, se instruye al actuario (a) de la adscripción para que resguarde el oficio que emane del presente acuerdo, hasta en tanto aquélla reinicie sus actividades. Notifíquese.

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