Antonio Bailon Valente
Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Bailon Valente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio agrario 806/2015, enviadas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 108/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 108/2019, promovido por Antonio Bailón Valente, por los motivos reseñados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Incidental
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 108/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el once de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Antonio Bailón Valente, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. ACTO RECLAMADO "Constituye el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable ordenadora, el inconstitucional e ilegal acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve, mismo que ordena el pago de derechos para efectos de obtener copias certificadas, dentro del juicio agrario número 806/2015, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 108/2019 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dentro de juicio que se tramita ante una autoridad agraria con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede ser de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Antonio Bailón Valente, como actor dentro del juicio agrario 806/2015, reclama el auto de once de enero de dos mil diecinueve dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, en el que en cumplimiento a la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 735/2018, del índice de este mismo juzgado de Distrito, dejó insubsistente el diverso de nueve de agosto de dos mil dieciocho y dio nuevamente respuesta a la petición que el quejoso le realizó mediante escrito de ocho de agosto de dos mil dieciocho, por lo que conforme a los fundamentos y motivos que indicó, se autorizó la copia certificada de las actuaciones que solicitó previo pago de derechos, fotocopiado y razón de entrega de la misma. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 41, pues así lo reconoció expresamente al rendir su respectivo informe con justificación; certeza que se robustece con las constancias que allegó al mismo; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia que se pudieran actualizar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la autoridad responsable sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Luego, a efecto de verificar si lo anterior resulta acertado; se tiene presente que la causa de improcedencia contenida en el precepto primeramente invocado, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos tácitamente; es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para empezar a computar el plazo de presentación de la demanda; a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previene se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. En este punto, es importante destacar que conforme a la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior; debe efectuarse conforme a cualquiera de los parámetros antes señalados, esto es, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, no así hasta que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida aquel fallo protector, porque esto último no está previsto en las disposiciones legales apuntadas. Lo anterior adquiere relevancia en virtud de que el solicitante del amparo reclama el acuerdo de once de enero de dos mil diecinueve que el tribunal responsable emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio de amparo 735/2018, del índice de este juzgado de Distrito; proveído que fue notificado a la parte quejosa mediante lista publicada en los estrados de la autoridad responsable el quince de enero siguiente; en tanto que en el indicado expediente 735/2018 se corrió traslado de aquella constancia hasta el dieciocho del mes en cita, según la constancia relativa. Ello quiere decir entonces que el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo debe efectuarse en función de lo que dispone la ley que rige al acto reclamado, es decir, al día siguiente al en que le surtió efectos la notificación por lista del auto de once de enero de dos mil diecinueve, no así al día siguiente al en que se hizo sabedora de aquella actuación con motivo del cumplimiento informado en el juicio de amparo 735/2018, pues como se dijo, los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo son excluyentes entre sí, debiéndose ponderar el ocurrido en primer término, habida cuenta que no existe evidencia de que se hubiere determinado la ilegalidad de dicha notificación por lista, además de que de no hacerlo así, se arribaría al extremo de ampliar sin fundamento alguno el plazo señalado en el precepto legal invocado en primer término. Son ilustrativas en la parte conducente, las tesis aisladas XVII.1o.C.T.21 C (10a.) y XIII.P.A.38 P (10a.), que integraron el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultables respectivamente en las páginas 2243 del Libro 53, abril de 2018, Tomo III; y 2678 del Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, ambas de la Décima Época, de rubros y textos siguientes: "JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO SE DICTE UNA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, SIN LA PRESENCIA DE LAS PARTES, POR NO HABÉRSELES CITADO PREVIAMENTE, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE AMPARO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 25/2017 (10a.)]. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen que el plazo genérico para promover la demanda de amparo es de quince días, con las excepciones específicas; y la forma en que se computarán los plazos, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación al quejoso de la resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora, cuando en un juicio oral mercantil se dicte una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, sin la presencia de las partes, por no habérseles citado previamente, el término para presentar la demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, ya sea por boletín, gaceta o periódico judicial, o la fijada en los estrados de los tribunales, de conformidad con el artículo 1390 Bis 8, en relación con el diverso numeral 1075 del Código de Comercio; sin que sea aplicable la hipótesis prevista en la jurisprudencia 1a./J. 25/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES.", en el sentido de tener por notificada la resolución definitiva el mismo día en que se emitió, porque dicho criterio parte de supuestos diferentes, consistentes en que el veredicto se dicta en la continuación de la audiencia de juicio y que las partes fueron oportunamente convocadas para ello." y, "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO.", si se trata de la orden de aprehensión emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo y tomando en consideración que dicha determinación no se la notificará la autoridad responsable al quejoso, por existir una restricción legal expresa, el cómputo del plazo para presentar una nueva demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe por el cual la autoridad responsable remite el nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria, y ordena dar vista al quejoso, salvo que se acredite plenamente, que antes de la notificación mencionada, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso, el cómputo comienza a partir del día siguiente a ese conocimiento. Una interpretación en sentido contrario, implicaría desconocer la notificación de la nueva orden de aprehensión emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que traería como consecuencia alterar el artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento los plazos establecidos por el legislador." Entonces, si de las constancias que la autoridad responsable remitió como justificación a su informe relativas al juicio agrario 806/2015, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno en el considerando que antecede, se advierte que el proveído reclamado fue publicado en la lista de acuerdos fijada en los estrados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, el quince de enero de dos mil diecinueve, de ello se sigue que, conforme a lo dispuesto por el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria por disposición expresa de su ordinal 2º, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente -dieciséis de enero de dos mil diecinueve-, por lo que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del diecisiete de enero al ocho de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero pasado, así como los días dos, tres, cuatro y cinco de febrero anterior, por ser inhábiles; en tanto que la demanda de amparo fue presentada hasta el once de febrero del año en curso. Por tanto, resulta inconcuso que la presentación de la demanda de amparo que aquí se analiza se presentó fuera del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que se advierta que en el caso la parte quejosa se encuentre dentro de algún caso de excepción al término de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III, y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, ya que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En las condiciones anotadas, dado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracción la fracción XIX y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 108/2019, promovido por Antonio Bailón Valente, por los motivos reseñados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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