Antonio Bailón Valente
Expediente 457/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Bailón Valente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se le hace saber que no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que el expediente 806/2015, en el cual aduce obra la documental que solicita en copia certificada, se devolvió a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 41 de esta ciudad, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de junio pasado; por lo que, deberá formular su petición ante aquél órgano. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado las copias certificadas del expediente 806/2015 y del 870/2009 y su acumulado 876/2009, que remitió el Magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 41, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 55 a 58); devuélvanse a la mencionada autoridad; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS JUAN FLORES PALMA, EFRAÍN ASCENCIO ELACIO, JESÚS ELACIO ARRIOJA, PEDRO JIMÉNEZ CISNEROS, JUAN APOLONIO MEDINA, JOEL VALENTE NATIVIDAD, MAURICIO VELARDE HERNÁNDEZ, NINFO PÉREZ CASILDO, VICTOR VALENTE FLORES, ARCADIO MARTÍNEZ VALENTE, PASCUAL VILLALBA DE LEÓN, TOMAS MORALES CRISANTO, EDUARDO VALENTE NATIVIDAD, JAQUELINO VALENTE NATIVIDAD, JOEL NAVIDAD SALADO, SUSANA PALMA GALLEGOS, PAULINO VALENTE VALERIANO, PEDRO CHÁVEZ RAMÍREZ, ANACLETO GASPAR CASILDO, ROGELIO GARCÍA RODRÍGUEZ Y ROGELIO GARCÍA APOLONIO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y manifiesta que el dieciséis de mayo del presente año en el juicio agrario 806/2015 regularizó el procedimiento, para lo cual dejó sin efectos el auto de diez de marzo de dos mil dieciséis por el que se turnó el expediente para el dictado de sentencia y giró oficio al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional para recabar diversas documentales; por tanto, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada del expediente 806/2015 y del 870/2009 y su acumulado 876/2009, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. Este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en virtud de que aun subsistiendo el acto que reclama la parte quejosa, éste ha dejado de surtir sus efectos legales. Lo anterior es así, tomando en consideración que la parte quejosa reclama la falta de emisión de la sentencia definitiva en el juicio agrario 806/2015 y de las constancias que con esta fecha se reciben; las cuales por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno, como lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º; se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, se ordenó regularizar el expediente y al efecto se dejó sin efectos el turno para sentencia del expediente a fin de que el tribunal se allegara de diversas pruebas documentales. De ahí que, el acto que se reclama en esta instancia constitucional aún subsiste, pero, al haberse dejado sin efectos el turno para sentencia , dicho acto dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia dejó de existir. Circunstancia que evidencia la actualización de la causa de improcedencia a estudio. Apoya lo anterior la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DELEGADO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN EL ESTADO DE GUERRERO, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...: Acapulco, Guerrero; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y manifiesta que el dieciséis de mayo del presente año en el juicio agrario 806/2015 regularizó el procedimiento, para lo cual dejó sin efectos el auto de diez de marzo de dos mil dieciséis por el que se turnó el expediente para el dictado de sentencia y giró oficio al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional para recabar diversas documentales; por tanto, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada del expediente 806/2015 y del 870/2009 y su acumulado 876/2009, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional. Este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII , de la Ley de Amparo, en virtud de que aun subsistiendo el acto que reclama la parte quejosa, éste ha dejado de surtir sus efectos legales. Lo anterior es así, tomando en consideración que la parte quejosa reclama la falta de emisión de la sentencia definitiva en el juicio agrario 806/2015 y de las constancias que con esta fecha se reciben; las cuales por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno, como lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º; se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, se ordenó regularizar el expediente y al efecto se dejó sin efectos el turno para sentencia del expediente a fin de que el tribunal se allegara de diversas pruebas documentales. De ahí que, el acto que se reclama en esta instancia constitucional aún subsiste, pero, al haberse dejado sin efectos el turno para sentencia , dicho acto dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia dejó de existir. Circunstancia que evidencia la actualización de la causa de improcedencia a estudio. Apoya lo anterior la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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