Antonio Arreola Servín
Expediente 1133/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Arreola Servín
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, Encargado del Despacho, mediante el cual acusa recibo del diverso 19493/2017, por el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 1133/2017-A1; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del mismo, bajo su progresivo 6/2018 VIII. Ahora, de la citada comunicación, se advierte la autoridad oficiante conocerá de la demanda de amparo remitida por esta potestad; en tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico el ocurso constitucional presentado por el defensor público del quejoso directo ********** y el informe justificado rendido pro el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, esta potestad considera que no es legalmente competente para continuar con la substanciación del presente controversial y resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, con base en las siguientes consideraciones: I. El quejoso **********, (quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato), demandó por conducto de su defensor, el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la resolución incidental de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro del incidente no especificado 12/2017, derivado de la causa penal 107/2014, mediante la cual se declaró infundada la solicitud del otorgamiento de la libertad anticipada en las modalidades de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria; II. El seis de diciembre pasado, esta potestad admitió a trámite el presente juicio de amparo, solicitó a la responsable su informe justificado correspondiente, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional [F. 9-10]; y, III. El catorce del mismo mes y año, una vez recibido el informe de ley correspondiente, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la responsable en su calidad de tercero interesado. Así, de las constancias allegadas, se desprende que el impetrante **********, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato, y que el treinta de noviembre pasado, dentro del incidente no especificado 12/2017, derivado de la causa penal 107/2014, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, declaró infundada su petición de acceder al beneficio de libertad anticipada en las modalidades de remisión parcial de la pena y libertad preparatoria, esto es, le negó la obtención de dicho preliberacional. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera, prevista el primer párrafo del citado numeral, se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda; y, c) La tercera, contraída en el último párrafo del precepto en comento, establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se considerará el lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se analizara acorde con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe limitarse al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU.". Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado aquel donde se le negó acceder al beneficio preliberacional en las modalidades de libertad preparatorio y remisión parcial de la pena, es indudable que el mismo seguirá ejecutando en el lugar donde el impetrante está recluido, esto es, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Salamanca, Guanajuato. Así, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, dado que conforme a la primer regla de competencia mencionada, el acto reclamado tiene ejecución material en Salamanca, Guanajuato. Contra aplicación, por no oponerse a la actual ley de amparo, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005, con número de registro 178232, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En tal virtud, de conformidad con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente expediente al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, a efecto de que, por razón de competencia territorial se avoque al conocimiento de este asunto. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Irapuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en la ciudad de Salamanca. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Asimismo, remítase el tomo de pruebas formado con motivo de los anexos que adjuntó la responsable a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema correspondiente. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con tres minutos de esta data.
- Principal
Agréguese a sus autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, con ellas dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por otra parte, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad el punto petitorio tercero de su ocurso; no obstante, queda expedito su derecho a realizar de nueva cuenta la petición correspondiente, una vez que se haya dictado sentencia en el presente asunto.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, mediante el cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como documental y se tiene por desahogada dada su naturaleza el original del incidente no especificado ****** derivado del proceso penal ****** de la estadística de la autoridad responsable, con el que se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido. Fórmese un tomo de prueba para el mejor manejo del expediente. Asimismo, en desahogo al requerimiento realizado en proveído de seis de diciembre pasado [f. 6-8], remite las constancias que acreditan que el licenciado *********, tiene el carácter de defensor Público Federal del aquí quejoso dentro de la aludida causa penal. Ahora bien, toda vez que de las constancias de referencia se advierte la intervención del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, dentro del incidente no especificado ****** derivado del proceso penal ******, del cual deriva el acto reclamado, sin que haya sido señalado por la parte quejosa como autoridad responsable, en términos de lo establecido por el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado, por lo que, se ordena su emplazamiento al presente juicio. Llámesele a juicio mediante oficio, con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio.
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